La testigo clave, al juez que investiga al productor de Canal Sur: “Me pidió que la despidiera porque se la quería follar y no pudo”

Gustavo Fuentes, vestido con una guayabera celeste y “aparentemente tranquilo”, declaró este martes ante un juez de violencia de género que nunca agredió ni acosó sexualmente a una de sus empleadas –delitos por los que está imputado–, aunque admitió que tuvo una relación íntima (y extramatrimonial) con ella, pero siempre “consentida”.

El exCEO de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) –empresa asociada a RTVA, copropiedad del Gobierno andaluz y principal proveedor de contenidos de Canal Sur– compareció durante casi una hora, respondiendo a las preguntas del juez titular, Francisco José de Córdoba, de la fiscal y de su propio abogado. Se negó a contestar las preguntas del letrado de la reportera que lo ha denunciado por tres agresiones sexuales –en 2013, 2022 y 2023–, por acoso sexual continuado y acoso laboral (mobbing).

Media hora antes, dos testigos habían ratificado ante el juez la “obsesión” que Fuentes sentía hacia la trabajadora que lo ha denunciado, y la “presión sexual” a la que la sometía. “Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, advirtieron en sede judicial, según fuentes presentes en el interrogatorio celebrado este martes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla.

La testigo “fundamental” para la acusación había sido número dos del exCEO en la productora, con una relación directa con él, y declaró a preguntas del juez que el acusado llegó a pedirle “que la despidiera porque se la quería follar y no pudo”.

Tanto la exdirectiva como la otra testigo –una amiga a la que confesó las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron– coincidieron también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la periodista con el estado de “miedo” y “ansiedad” que experimentó durante los años que trabajó bajo las órdenes del directivo imputado.

“Contradicciones” en línea de defensa del acusado

La estrategia de defensa de Gustavo Fuentes, según personas presentes en el interrogatorio, pasa por intentar demostrar que siempre hubo “consentimiento” de la denunciante, y para ello buscó desmontar una de las pruebas más sólidas de la acusación: las 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono del ex director general de la productora a la víctima entre 2018 y la actualidad.

Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa, como recordó ayer el propio magistrado durante el interrogatorio. Sin embargo, el abogado de Fuentes trató de exponer que en esas conversaciones entre su cliente y la reportera hay periodos en blanco, en los que aparecen transcritos los mensajes de él, pero se han borrado las respuestas de ella, en teoría, “porque se habrían activado los mensajes temporales de WhatsApp”.

Se trata de una función de privacidad que hace que los mensajes de un chat desaparezcan automáticamente después de un tiempo determinado: 24 horas, 7 días o 90 días, y solo afectan a los mensajes nuevos, no a los enviados antes de activarlos. La representación legal de Gustavo Fuentes intenta probar ante el juez que la denunciante borró las respuestas para ocultar que, en realidad, ella consentía ese tipo de mensajes “de índole sexual” y la relación que mantenía con su superior jerárquico. Con todo, el magistrado le reiteró que los mensajes aportados como prueba por parte de la acusación ya han sido validados judicialmente.

Las mismas fuentes apuntan a que el acusado incurrió en “contradicciones” a lo largo de su declaración. Primero habría señalado que su relación con la denunciante era “estrictamente laboral”, llegando a esgrimir que por su condición de presentadora apenas frecuentaba la sede de la productora. Pero, al final de su declaración habló ya de “un tonteo mutuo, pero no consumado”.

Las testigos salieron de los juzgados a pie, acompañadas por responsables del SAVA (Servicio de Atención a las Víctimas) que atienden en los casos de violencia de género. El acusado abandonó los juzgados en coche, saliendo del parking del edificio, tras una la autorización de la Guardia Civil por “por razones de seguridad”, explican fuentes del TSJA, porque había una concentración convocada a las puertas del edificio por parte del Sindicato de Periodistas para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima.

Una “espinita clavada” con la víctima

En todo momento, el juez Francisco José de Córdoba trató de ceñir el interrogatorio a los hechos concretos que se investigan en la causa, formulando preguntas en torno a fechas y lugares muy específicos. Dado el momento procesal incipiente de la causa, el magistrado perimetró mucho tanto las preguntas de la acusación y la defensa como las respuestas, evitando elucubraciones, juicios de valor, incluso contextualización de los hechos por los que se interrogaba.

Por ejemplo, a la exdirectiva de ADM le preguntó si había escuchado a su jefe decir en una ocasión concreta, en un restaurante específico, que “tenía una espinita clavada” por no haber podido mantener una relación íntima con la víctima. La testigo declaró que si bien no recordaba exactamente si lo había dicho ese día ni en ese sitio, confirmó que la frase se la había escuchado “muchas veces, recurrentemente, y delante de un montón de gente”.

La testigo clave ratificó así el relato de la reportera denunciante. La propia denuncia recoge que, tras sentirse rechazado continuamente en sus insinuaciones a la reportera, este llegó a “jactarse ante otros directivos y compañeros” de que era “la única mujer” que se le “ha resistido” y “la única tía” que le ha “hecho la cobra”, durante una fiesta de cierre de la primera temporada del programa A toda costa, de Canal Sur.

Las dos testigos también confirmaron ante el juez que tenían conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Preguntada por esta cuestión, la amiga íntima de la denunciante consultó al magistrado si quería que entrara en detalles “desagradables”, tal y como se lo había contado en su momento la víctima y, con el visto bueno del juez, describió de manera explícita el “manoseo y baboseo” que le había trasladado su amiga con respecto al comportamiento de su jefe.

“Le babeaba encima, le chupaba con la lengua”, detalló la testigo durante su declaración, en alusión a dos de los episodios recogidos en la denuncia. Uno sufrido en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y el último en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

Aunque la exdirectiva de ADM no estuvo presente durante la grabación de esos programas, donde habrían ocurrido las agresiones, sí explicó al juez que la reportera le había contado que se había sentido “muy incómoda” ante la presencia del director general cuando se personaba en los rodajes. “Me preguntaba de forma recurrente dónde estaba físicamente” la denunciante, explicó.

En un momento del interrogatorio, el magistrado le preguntó por su poder de influencia y decisión sobre el personal de la empresa, dada su condición de número dos de la productora, pero ella aseguró que sólo era sobre el papel, “la realidad es que él lo controlaba todo y decidía quién entraba y quién se marchaba de la empresa”, advirtió.

El consentimiento

La cuestión del consentimiento de la reportera que trata de demostrar la defensa de Gustavo Fuentes ya aparecía anticipada en la denuncia presentada por ella el pasado enero. En esta explica de forma reiterada por qué no denunció antes a su jefe y por qué mantuvo una comunicación aparentemente cordial con él pese a las agresiones y el acoso que describe. Si respondía a los mensajes de WhatsApp con una “cortesía forzada” hacia su superior jerárquico, sostiene el escrito, no era por “consentimiento”, sino para “no provocar una reacción adversa por parte de una persona que percibe como poderosa, insistente y potencialmente peligrosa para su estabilidad laboral y vital”.

“La ausencia de un 'no' literal no puede interpretarse como consentimiento, sino como el resultado directo del temor fundado a las consecuencias de una negativa explícita”, concluye el texto. Entre la última agresión y la presentación de la denuncia en un Juzgado de la Mujer pasó un año y medio. El Ministerio de Igualdad tiene publicados informes que confirman un tiempo de respuesta común en las víctimas de violencia de género: suelen tardar en verbalizar o denunciar su situación entre ocho años y ocho meses de media, según datos de un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

La defensa del exdirector general de ADM ha tratado de desacreditar esa tesis. Además de sostener ante el juez que la relación fue consentida, la representación legal del acusado solicitó una copia de los informes clínicos de la denunciante, ya obrantes en el procedimiento, que acreditan un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad”, así como una “pérdida de diez kilos” de peso. Su estrategia pasa por vincular ese deterioro físico y psicológico con el fallecimiento repentino de la madre de la víctima, al coincidir temporalmente con parte de los hechos denunciados.

Esa fue una de las cuestiones sobre las que el juez interrogó a las dos testigos. Quiso saber si conocían que la reportera recibía atención psiquiátrica y si el origen de esa terapia guardaba relación con la muerte de su madre. Ambas respondieron que el tratamiento estaba motivado por la situación de acoso sexual que, según les había trasladado la propia denunciante, sufría en su entorno laboral. “Como yo la he visto sufriendo con este hombre no la había visto nunca”, declaró su amiga.

En el mismo sentido se pronunció la que fuera número dos de Gustavo Fuentes. “Cuando la conocí era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, afirmó al describir el progresivo deterioro de la reportera bajo la “presión sexual” que, según dijo, ejercía el entonces CEO y el “miedo absoluto” que ella llegó a sentir hacia quien era su superior jerárquico en la empresa donde trabajaba.

Sobre esta respuesta, el abogado del acusado protestó y el juez consintió en que “no procede”. Tras la declaración de las testigos y el acusado, el magistrado (y el Ministerio Fiscal) decidirán en los próximos días el siguiente paso del procedimiento judicial por delitos sexuales contra Gustavo Fuentes, castigados con penas de hasta siete años de cárcel.