El nuevo modelo de financiación autonómica, un parto singular

La propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica es una vuelta de tuerca del llamado régimen común. Siguiendo la presentación de la vicepresidenta María Jesús Montero, se basa en un sistema de reparto, es decir, no basado en los ingresos descentralizados propios de cada comunidad como punto de partida. Ello se debe a la “dificultad de sacar adelante un nuevo modelo”. Busca “adaptarse a territorios muy desiguales”, de los que el Estado procede a estimar sus “necesidades fiscales”. Y su objetivo es garantista, no expuesto, por tanto, a una elevada responsabilidad fiscal. Enumera principios de muy dudosa compatibilidad (blindar el estado del bienestar en derechos personales) tras proclamar “flexibilidad y solidaridad interterritorial” y anunciar “más autonomía fiscal”. Y pretende, pese a ello, “reducir diferencias”, a la vez que “incrementar el reconocimiento de singularidades territoriales”. Todo un puzle. Pero, claro está, se trata de ‘principios’; no de ‘finales’ con compromisos de consecución.

Por lo demás, la propuesta mantiene el controvertido concepto de población ajustada (no de las contribuciones fiscales per cápita de cada comunidad), sobre la base de variables, aproximadas, más o menos rigurosamente ponderadas convenientemente –la presentación explicita una lista– y aplicadas sobre un monto 'flexible' de recursos disponibles. Aparece algún desglose de variables y el parámetro “coste fijo”, pero no el de la inmigración acogida, ni la densificación, por ejemplo. Como decía, todo con pesos ad hoc.

La propuesta aumenta la cesta de impuestos generales participados (no transferidos en origen). Sus efectos, aquí sí, pueden ser singulares según funcione el entramado de la población ajustada (si no se corrigen al final) y los recursos disponibles. Se mantiene la nivelación horizontal (restar a unos para dar a otros), al 75%, como ahora. Mejor sería haberlo pivotado todo sobre la nivelación vertical (a cargo del Estado y de su propia recaudación), lo que transparentaría mejor la nivelación, aunque ello es opinable.

Aparece también una adhesión voluntaria al IVA PIME, calculado como diferencia entre el porcentaje de IVA liquidado en la comunidad y el índice de consumo que recoge el INE; en realidad, pienso, es una especie de premio al ‘no-fraude’ minorista.

Y emerge un ¡fondo de cambio climático! Dos tercios de lo que se decida poner a disposición será para las CCAA del arco mediterráneo, y un tercio para el resto. El destino de gasto que haga posible dicha financiación se entiende debe ser finalista, lo que se traduce en un menor margen de discrecionalidad en el gasto de los beneficiarios, pero no se especifica el modo de reparto.

Se mantiene la cláusula del status quo. Nadie pierde en términos absolutos aunque, claro está, las lecturas son siempre relativas (lo que gana uno respecto de los demás). Con todo ello vamos sumando millones que financiarán gasto corriente de difícil reversión en caso de cambiar el ciclo económico.

No se acaba con las entregas a cuenta; se “agilizarán”, se dice. Quizá sólo en la parte de la caja compartida del IRPF, con gestión en red, etc. Todo ello, aun por precisar.

Reaparece el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), fuera del sistema (así se preserva mejor la ordinalidad en éste), al que Catalunya y otras CCAA no tendrán acceso. Suponemos que con ello se trata de amortiguar impacto de Andalucía y Extremadura, y quizás de las dos Castillas. Conviene recordar que el gasto procedente del FCI se debe condicionar para infraestructuras de capital y no destinado a gasto corriente.

No se conoce la operativa de la ordinalidad, al ser la recaudación per cápita y las transferencias dinámicas, ajustadas, de difícil precisión anticipada, y dependiendo de la evolución de las necesidades relativas de cada comunidad. De todos modos, no va a tener  igual lectura que una comunidad se sitúe, pongamos, tercera en el ránking a 1 euro por debajo de la segunda que a 1 euro por encima de la cuarta. Todo sería ordinalidad, pero la cuantía de recursos puede variar muchísimo.

No se menciona ningún ajuste por el coste relativo de vida (reconocimiento de que un euro no compra lo mismo sobre el territorio de las diferentes CCAA). El tema queda aplazado, igual que el de la gestión completa del IRPF.

El cálculo de entrada es de unos 21.000 millones de euros, más la absorción de deuda por condonación, más 3.300 millones del FCI. En total, algo más de 27.000 millones (más intereses asumidos por condonación, que pueden ser otros 2.000). Si a Catalunya le corresponden unos 4.700 millones (afinar más el cálculo se nos antoja imposible), esto en el margen y sobre el total del déficit fiscal no es mucho más que su peso relativo en población, coincide con el cálculo del déficit de la sanidad catalana.

¿Se acuerda alguien del acuerdo ERC-PSC?

Lo que preocupa a Junts es que no parece que la mejora de la financiación pueda permitir bajar la presión fiscal catalana. Más aún, la neutralización a futuro del déficit público agravará la presión fiscal global y posiblemente el déficit de la balanza fiscal catalana, como contribuidora relativa que es al sistema (junto a Baleares y Madrid). El margen del Estado en bajar gasto se limita al aparato de la Administración Central. Su adelgazamiento no se espera. Y ha de aumentar más el gasto en defensa. La presión de incrementos fiscales para consolidar las cuentas públicas está a la vuelta de la esquina.

Concluyendo: ¿Se acuerda alguien del acuerdo ERC-PSC? La solución a la “Infrafinanciación severa e insuficiencia financiera crónica de la Generalitat, pasaba por ”una reforma radical del modelo de financiación de la Generalitat que avance hacia la plena soberanía fiscal y suponga un aumento sustancial de sus recursos: Cesión gradual del 100% de los tributos de titularidad estatal a la Generalitat con asunción progresiva por parte de una Agencia Tributaria Catalana independiente de todas las competencias de recaudación y gestión, así como de los medios personales y materiales de la AEAT y mayor capacidad normativa autonómica (concierto económico). Pacto fiscal. Primero, recaudación, ‘La llave de la caja’, y después aportación de la Generalitat a la caja común: –para cubrir el coste de los servicios que siga prestando el Estado (en forma de % de la recaudación)– y una cuota de solidaridad para complementar la financiación de las comunidades de menor renta; y se respetará el principio de ordinalidad en términos de financiación por habitante.“

¿Es la política el arte de lo posible? ¿Nuevo ‘desguace fiscal’ del Estado por parte del nacionalismo catalán? Se come éste el marrón del desgaste político y su denostada avaricia insolidaria, a beneficio de baronías autonómicas, de comunidades cuya ciudadanía aspiraba a menos descentralización (y no a más), que con las Diputaciones les bastaba y sobraba.

En cualquier caso, la generalización ha elevado una factura que empeora la perspectiva de déficit y deuda futuros y no satisface al parecer a muchos de sus potenciales beneficiarios. Es probable así que se vean fuertes incentivos del Partido Popular para que el sistema no entre en vigor. Si entra, mande quien mande el 2027, sin ya el dinero europeo de Next Generation, será imparable la necesidad de financiación recurrente de tal tamaño de gasto ordinario; también para un gobierno liberal que se haya presentado con propuestas de rebajas fiscales. Si el Congreso no aprueba la propuesta y/o el PP logra que el Tribunal Constitucional frene el nuevo sistema, el Gobierno aducirá que ha cumplido la parte del pacto aceptado por ERC, y ERC aprobará el presupuesto de la Generalitat. Veremos.