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Román Rodríguez

Diputado en el Parlamento de Canarias por parte del parte que preside, Nueva Canarias y ex presidente del Gobierno de Canarias entre 1999 y 2003.

PQ176

La política sirve, debe servir, para mejorar la vida de la gente. No solo se trata de tener adecuadas y justas propuestas en los más diversos ámbitos económicos y sociales, en la fiscalidad, en el empleo o en los servicios públicos, que respondan a las necesidades e intereses de la mayoría. También resulta determinante intentar impulsar esas propuestas y saber ponerlas en marcha. Lo que exige, en la mayoría de las ocasiones, el establecimiento de acuerdos entre distintas formaciones.

Asimismo, implica saber aprovechar las oportunidades que brindan las matemáticas parlamentarias y el valor de un voto que, en ocasiones, puede ser más significativo que el de un grupo con 30, 50 o más escaños.

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Los olvidos y manipulaciones del Gobierno canario

El Gobierno canario y su presidente vienen protagonizando preocupantes lapsus de memoria y manipulaciones flagrantes que se intensifican en el período reciente. Respecto a temas muy importantes, como el alcance de las modificaciones en el sistema electoral de las Islas, el desarrollo de algunos de los contenidos del recién reformado Estatuto de Autonomía y con relación a sus aportaciones a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de los años 2017 y 2018.

También en el intento de bloqueo las dos iniciativas parlamentarias-presentadas por los grupos de Nueva Canarias (NC) y de Podemos- sobre la implantación de una renta básica de ciudadanía en Canarias. Dirigidas a combatir los elevados niveles de pobreza y de exclusión social que se dan en nuestro Archipiélago, líder entre las comunidades autónomas en pobreza, así como situados a la cabeza en bajos salarios y reducidas pensiones.

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Canarias 2019: otro Gobierno, otras políticas

El presidente del Gobierno ha afrontado el debate del estado de la nacionalidad canaria de 2019 desde la autocomplacencia y la confirmación de su insensibilidad social, su insularismo y derechización. Hemos recibido más recursos que nunca y se mantienen intolerables niveles de pobreza y desigualdad, los servicios públicos no logran superar sus déficits. Canarias no avanza y los responsables no están en Madrid, sino en el Ejecutivo de CC.

El Estatuto y el Régimen Económico y Fiscal (REF), que no dependen del Gobierno canario, han supuesto sensibles mejoras en derechos sociales, económicos y democráticos (con la reforma del sistema electoral canario), consolidando además la separación de los recursos del REF de los de la financiación autonómica.

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28A: Nueva Canarias puede rendir cuentas

Se acaba una legislatura, corta pero muy intensa, en la que Nueva Canarias (NC) ha sido decisiva para desbloquear la reforma de su Estatuto de Autonomía -incluyendo en el mismo, tras 37 años de inmovilismo, una moderada modificación de su injusto y desproporcionado sistema electoral, reforma que comenzará a aplicarse en los comicios autonómicos del próximo 26 de mayo- y la renovación de su Régimen Económico y Fiscal (REF) económico, para hacerlo más social. Ambos asuntos los incluimos en la agenda negociada con Mariano Rajoy para el debate de las leyes de presupuestos.

Recogiendo en el Estatuto un importante capítulo de derechos de ciudadanía, entre los que se incluye la renta básica. Reconociendo, asimismo por primera vez, las aguas canarias, eliminando los aforamientos, abriendo la posibilidad de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, e incluyendo a La Graciosa como octava isla. Y consiguiendo, mediante una enmienda, que en su texto figurara la separación de los recursos del REF de los correspondientes a la financiación autonómica.

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Sin PGE 2019, peor para Canarias

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 tienen cada vez más difícil su aprobación. Salvo que se produzca un cambio profundo de la situación actual, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no cuenta con los suficientes apoyos en el Congreso de los Diputados para sacar adelante estas cuentas públicas. Un curioso frente de rechazo, en el que coinciden las derechas estatalistas, los independentistas catalanes y la derecha canaria de CC, puede impedir su tramitación, perjudicando gravemente a las personas dependientes y a sus familias, a los pensionistas y a los estudiantes becarios del conjunto de España y de Canarias; y a la propia comunidad canaria, que perdería muchos recursos.

El marco de estos presupuestos pudo ser aún mejor, pero lo impidieron las derechas. PP, Ciudadanos y Coalición Canaria se opusieron frontalmente a la aprobación de la nueva senda de déficit negociada por el Gobierno con la Unión Europea (UE), que hubiera permitido aumentar el gasto público estatal en otros 6.000 millones de euros. Lo que hubiese impactado positivamente en la economía, en las infraestructuras, en los servicios públicos y en el empleo, y también en los intereses de Canarias.

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El ‘brexit’, consecuencias para Canarias

La salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), más conocida como brexit, genera una enorme incertidumbre y preocupación. Tendrá graves consecuencias internas para los británicos pero también, por su gran potencia económica, para el conjunto de la Unión. Afectará, además, a Canarias, donde el turismo británico es muy importante y en la que buena parte de nuestras exportaciones hortofrutícolas tienen como destino el Reino Unido.

Europa no atraviesa su mejor momento. Hemos pasado de una Europa que generaba ilusión a otra que, desgraciadamente, genera decepción, pese a ser uno de los pocos espacios mundiales con elevado nivel económico y cultural, democracias consolidadas y avanzados derechos sociales y libertades. Pero, también, con profundas desigualdades que se han ido ahondando y consolidando.

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Fiscalidad y políticas públicas

La fiscalidad es un factor absolutamente determinante para el desarrollo de las políticas de las administraciones públicas en todas sus dimensiones, económicas y sociales, de infraestructuras o de seguridad. Según el modelo que se defienda y que se aplique, se podrá dotar más y mejor a los servicios públicos esenciales, lograr la sostenibilidad de las pensiones, renovar las infraestructuras, facilitar que haya un parque de viviendas al que puedan acceder las clases populares, combatir la violencia de género, garantizar la justicia y la seguridad.

Por el contrario, se podrá dejar todo en manos del mercado, desprotegiendo y condenando a una parte de la población que no podrá disfrutar de una sanidad, una educación, unos servicios sociales adecuados o del derecho a la vivienda; impidiendo, en definitiva, cualquier elemento de equidad social.

En las cuentas públicas, estatales, autonómicas y locales se establecen las prioridades de un gobierno en los distintos ámbitos. Para abordar las necesidades de infraestructuras y servicios, económicas y sociales, se fijan unos ingresos fiscales, con impuestos indirectos, tasas y, de manera especial, con los directos, que deben ser progresivos, para evitar que el mayor peso recaiga sobre trabajadores y clases medias. Deben lograr que pague más el que más tiene y que se vigile y evite el fraude, que tantos recursos detrae a las administraciones públicas y a los derechos de la ciudadanía.

En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez -y que aún no cuentan con los apoyos parlamentarios suficientes para ser aprobados- se pueden observar elementos muy positivos en su implicación social. Especialmente, en materia de educación, sanidad y pensiones así como en políticas de vivienda. De manera muy destacada, en el incremento significativo que recibe la dotación para el desarrollo de la ley de la dependencia, que se vio tan gravemente dañada por las políticas de austeridad y recortes aplicadas frente a la crisis económica, que crece un 59% respecto a 2018, alcanzando los 2.232 millones de euros.

6.000 millones

Estando aún pendientes algunos asuntos que afectan de manera importante a Canarias, como las infraestructuras educativas, la lucha contra la pobreza y las ayudas al agua de riego. Así como aclarar que la modificación del impuesto de Sociedades respete con precisión las figuras tributarias del Régimen Económico y Fiscal (REF).

El conjunto de políticas sociales pudo estar incluso mucho mejor dotado en estas cuentas públicas estatales para el presente año. Pero lo impidieron formaciones políticas como PP y CC al oponerse, en las Cortes Generales, a la nueva senda de déficit negociada con la Unión Europea (UE). De haberse aprobado hubiese permitido aumentar el gasto público estatal en otros 6.000 millones de euros. Las derechas, la estatal y la canaria, se pusieron una vez más de acuerdo para evitar mejoras que habrían beneficiado a la mayoría y, de manera especial, a los más vulnerables, que son más en Canarias que en el resto del Estado.

Por otra parte, considero adecuadas las políticas fiscales de estos presupuestos. Apoyo que los impuestos directos tiendan hacia la progresividad, posibilitando recaudar unos 4.000 millones de euros más en este ejercicio. Considero igualmente razonables los nuevos impuestos que se plantean, dirigidos a la compra de acciones (Tasa Tobin) y a los servicios digitales de las grandes compañías (Tasa Google), que conjuntamente aportarán unos 2.000 millones de euros de ingresos al Estado.

Irresponsables y antisociales

Contrasta vivamente la decisión del Gobierno central en materia fiscal -que compartimos y forma parte de nuestro ideario y de nuestras enmiendas a los presupuestos de la comunidad canaria a lo largo de la legislatura, porque sólo recaudando más y combatiendo el fraude se puede garantizar una adecuada dotación de los servicios y de las infraestructuras públicas- con lo que en este ámbito viene haciendo reiteradamente el Gobierno canario. Con unas rebajas fiscales que sólo pueden ser calificadas de irresponsables y antisociales en una comunidad con débiles servicios públicos y grandes carencias y desigualdades sociales que nos colocan a la cola del Estado español.

A través de decisiones que apenas afectan positivamente al bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas, el Ejecutivo de Fernando Clavijo ha detraído, en dos ejercicios económicos, unos 275 millones de euros de los presupuestos de la comunidad canaria. Cantidad que hubiese permitido mejorar la situación de nuestra educación, sanidad y dependencia. Además de comenzar a desarrollar un plan de vivienda que dé respuesta a las necesidades de tantas familias de las Islas.

Me refiero, entre otras, a la rebaja del IGIC del 7% al 6,5%. A la reducción del tramo autonómico del IRPF que beneficia fundamentalmente a las rentas medias y altas. Y, especialmente, a la que afecta al consumo eléctrico que pasa a estar exento (frente al 21% de IVA que se aplica en el resto de España), que no penaliza los consumos excesivos, no discrimina entre consumos domésticos y empresas y, tampoco, entre pymes y grandes empresas. Lo que choca frontalmente con la fiscalidad medioambiental de la Unión Europea que busca incentivar el ahorro energético y que castiga los consumos excesivos.

Frente a ello, Nueva Canarias (NC) ha propuesto la recuperación parcial del impuesto de Donaciones y Sucesiones, con carácter progresivo, bonificando al 99% a las herencias inferiores a 300.000 euros y que luego esta bonificación se vaya reduciendo a medida que crece el importe de la herencia recibida, siendo cero para los grandes patrimonios. Estimamos una recaudación de unos 30 millones de euros con el mismo. Planteamos, asimismo, elevar los tipos incrementados del IGIC del 9,5 al 11% y del 13,5 al 15%, lo que supondría una recaudación adicional de otros 30 millones de euros. También seguimos defendiendo crear un impuesto sobre pernoctaciones turísticas (ecotasa turística), que posibilitaría recaudar unos 160 millones de euros.

Contando con esas medidas fiscales -que se añadirían a la notable mejora que hemos conseguido al separar los recursos del REF a los de la financiación autonómica, unos 600 millones de euros adicionales este año 2019, y una revisión del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), orientándolo hacia estas políticas y no a una acción clientelar- Canarias puede aspirar a disponer de unos servicios públicos de calidad en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales; estimular el empleo, desarrollar un necesario y ambicioso plan de vivienda, impulsar las infraestructuras turísticas, las obras hidráulicas y la vivienda.

Para dejar de estar a la cola en casi todo lo bueno y, por el contrario, a la cabeza en pobreza y exclusión social. Pero ese cambio a favor de las personas y su calidad de vida resulta un objetivo completamente imposible de alcanzar con este Gobierno canario, el que sostienen CC, PP y ASG, conservador e insularista.

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Ecotasa y turismo sostenible

El turismo se consolida en todo el mundo como una gran industria que crece de manera exponencial. Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), se ha pasado de los 680 millones de turistas del año 2000 a los más de 1.300 millones de 2017. El gasto era de 460.000 millones de dólares en 1996 y, en 2017, triplicó ampliamente esa cifra hasta alcanzar los 1,3 billones. En nuestro caso, el canario, representa el 35% del PIB y el 40% del empleo.

Numerosos factores han permitido su expansión en este siglo: el aumento de los viajes a bajo coste, el incremento de la demanda en los países emergentes, la extensión de las plataformas digitales de alojamientos… Paralelamente, ha surgido un debate sobre sus consecuencias medioambientales, culturales y sociales: masificación, transformación de entornos urbanos que quedan completamente turistizados, modificación en la oferta comercial y del conjunto de servicios, efectos negativos en el acceso a la vivienda de los residentes, etcétera. Aunque el fenómeno todavía es reciente, en algunos lugares -Venecia, Ámsterdam, Barcelona…- sectores cada vez más amplios de la población no se sienten beneficiarios del turismo, sino todo lo contrario.

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Renta canaria de ciudadanía

El grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC) acaba de presentar en la Cámara canaria su proposición de ley de renta de ciudadanía como garantía de ingresos mínimos. Lo hacemos amparados en la normativa, cumpliendo con los derechos reconocidos a los canarios en los artículos 24 y 36 del nuevo Estatuto de Autonomía que entró en vigor el pasado mes de noviembre. Pero, sobre todo, desde el convencimiento de que ayudará a construir una Canarias más solidaria, con mayor equidad y más inclusiva, evitando que una parte significativa de la población de las Islas viva en condiciones de pobreza y exclusión social. Situación que beneficiará al conjunto de la sociedad.

Hay muchos elementos que contribuyen a mantener unos niveles de vida dignos. Entre ellos, tener un empleo que proporcione ingresos suficientes para la persona y/o núcleo familiar. O contar con adecuados servicios públicos -educación, sanidad, atención a la dependencia- pensiones suficientes o facilidades para acceder a una vivienda. Algo que se complica mucho en Canarias, con más de un 20% de desempleo en la última Encuesta de Población Activa (EPA), la correspondiente al tercer trimestre del pasado año, salarios bajos y precariedad laboral, y más reducidas pensiones.

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Defender derechos y libertades

El recién finalizado 2018 se caracterizó, entre otras cosas, por el significativo avance de la extrema derecha en el mundo. Precedido y animado por el anterior triunfo de Donald Trump, que llegó a la Presidencia de Estados Unidos en enero de 2017, y los buenos resultados electorales de formaciones de ese espacio en diferentes países europeos, llegando a los gobiernos en algunos de ellos. En España, el fenómeno se materializó con cierto retraso. Estuvo en buena parte frenado porque el PP recogía el voto de un amplio espectro de derechas, también la más ultra.

La presidencia de Trump ha estado caracterizada por su discurso y por sus prácticas antinmigratorias, entre ellas su empeño en construir un muro fronterizo con México. Por el impulso a políticas económicas proteccionistas que están generando una enorme inestabilidad internacional y dificultando las relaciones con China. Y por la eliminación de derechos y avances sociales, como el del acceso a la sanidad.

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