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Román Rodríguez

Diputado en el Parlamento de Canarias por parte del parte que preside, Nueva Canarias y ex presidente del Gobierno de Canarias entre 1999 y 2003.

El 75% revoluciona la movilidad

Canarias, como comunidad archipelágica, ha tenido históricamente dificultades para tener una eficiente movilidad de personas y mercancías, con frecuencia y precios razonables. Lo que ha afectado seriamente a la economía y a la cohesión social. En este siglo hemos ido mejorando de forma paulatina. En el período de  2006 a 2008, CC-NC consiguió que los descuentos aéreos y marítimos pasaran del 33% al 50%. Ahora, Nueva Canarias ha propiciado un salto espectacular en este ámbito con el 75% de bonificación. Ayudando a superar las dificultades del hecho insular, el fraccionamiento y la lejanía.

Primero con el descuento del 75% en los viajes interinsulares aéreos y marítimos tras el acuerdo alcanzado con el Estado en el marco del debate de los Presupuestos Generales para 2017 Una medida que ha supuesto un enorme crecimiento en la movilidad interior, a precios muy baratos, y en el conocimiento y la cohesión de Canarias. Ha significado un aumento de más del  30% de la movilidad entre las Islas desde su aprobación, por la notable bajada de precios, produciéndose también una mejora de las frecuencias.

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Recuperar el derecho a la vivienda

En las tres últimas décadas del siglo XX las instituciones canarias realizaron un enorme esfuerzo para erradicar la infravivienda y el chabolismo que se encontraban muy presentes en nuestros núcleos urbanos. Se solventó un grave problema social y se modificó el paisaje de nuestras ciudades. Distintas circunstancias han hecho que la vivienda vuelva a ser hoy un problema de primer orden que afecta a decenas de miles de familias canarias.

Respecto al derecho a la vivienda, el artículo 47 de la Constitución señala que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. En el artículo 21 del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, se señala que “los poderes públicos deberán garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda digna, mediante un sistema de promoción pública en condiciones de igualdad, y en los términos que establezcan las leyes...”.

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Sentencia polémica, respuesta inmediata

La mayoría de la sociedad española ha reaccionado con perplejidad e indignación a la sentencia de  La Manada. En la última semana han sido numerosas las movilizaciones ciudadanas, los debates que pretenden contextualizar la actuación judicial y las propuestas de cambio para que no se vuelvan a repetir estas situaciones que ponen en grave peligro los avances que las mujeres han logrado impulsar en las últimas décadas. Y que ha sido cuestionado por colectivos de psicólogos y psiquiatras, asociaciones feministas, partidos políticos y hasta por Naciones Unidas.

El pasado 8 de marzo vivimos, en España y en Canarias, las manifestaciones más multitudinarias en la celebración del Día de la Mujer de toda la historia democrática. Una jornada que, por sus contenidos y objetivos –lucha contra la persistente discriminación salarial, visibilización del trabajo doméstico y los cuidados a personas dependientes en el ámbito familiar, rechazo a la violencia machista…- significó una sacudida de las conciencias ante una situación de marginación que afecta, en los más diversos ámbitos, a la mitad de la humanidad.

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RTVC pública, plural e independiente

La radio televisión pública canaria (RTVC) precisa de un profundo cambio para superar la actual y conflictiva etapa, caracterizada por una falta de pluralidad y calidad en su programación, caída de las audiencias, pérdida de credibilidad entre la ciudadanía, inestabilidad de su plantilla y pésima gestión por parte de su máximo responsable.

En este sentido, considero imprescindible romper con la tendencia de estos últimos años y que pueda ganar en calidad, pluralidad, buena dirección, estabilidad e independencia. Para que sea un medio de comunicación público al servicio de todos los hombres y mujeres de Canarias y no, como es hoy, un instrumento para los particulares intereses partidistas de unos pocos. Las propuestas de cambios legislativos en la RTVC presentadas en el Parlamento de Canarias conjuntamente por CC, PP y ASG, por un lado, y PSOE, por otro; considero que no van a la raíz de los problemas ni aportan las soluciones adecuadas para superarlos.

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Reforma electoral canaria: aquí o allí

Tras los frustrados intentos de reducción de las barreras electorales del 30% insular y el 6% archipelágica para establecer una única del 5% en la circunscripción (la isla) que en su momento realizamos, primero Nueva Canarias (NC) en 2007 en el Congreso de los Diputados en el marco de la reforma estatutaria y, posteriormente, PSOE y Nueva Canarias, en dos legislaturas autonómicas distintas. Tras los esfuerzos de partidos políticos y de asociaciones cívicas, como Demócratas para el Cambio, para empezar a debatir y avanzar en la modificación del sistema electoral canario, parece que en esta legislatura se han generado las condiciones para la reforma de un modelo nacido como transitorio en el comienzo del proceso autonómico y que dura ya 35 años.

Consideramos que ha llegado el momento de tratar de solucionar los dos grandes problemas de nuestro sistema electoral. Por un lado, las elevadas barreras, que impidieron que Nueva Canarias con 50.000 votos accediera al Parlamento en 2007 y que, más recientemente en 2015, Ciudadanos quedara fuera de la Cámara pese a sus más de 54.000 papeletas mientras formaciones con 5.000 votos alcanzaban tres escaños. Por otro lado, la gran desproporcionalidad del voto entre unos territorios y otros castiga a los ciudadanos y ciudadanas que habitan en las islas más pobladas del Archipiélago.

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PGE de 2018: consolidación y temas pendientes

El Gobierno central ya ha presentado en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. Sin que, de momento, disponga de los apoyos necesarios para su aprobación. Un primer análisis del tratamiento que recibe Canarias, en estas cuentas públicas, nos permite observar aspectos muy diferentes. Desde la consolidación de elementos muy relevantes para nuestra comunidad, conseguidos en los PGE para 2017, a los avances que experimentan otros temas. También, asuntos pendientes de resolver. 

En primer lugar hay que señalar que se consolidan algunos de los acuerdos establecidos en la negociación de los PGE 2017, de la que fuimos una parte activa. Fundamentalmente, pero no solo, la desvinculación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de la financiación autonómica, lo que permite a Canarias participar de los fondos de competitividad. Esto supuso 220 millones de euros de partida en 2017, que luego se incrementaron sustancialmente, cifra que en cálculos estimatorios se elevará hasta un mínimo de 360 millones de euros en el presente ejercicio y que alcanzará, en el peor de los casos, los 540 millones de euros el próximo año. 

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Presupuestos para 2018

Con su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado martes 27 de marzo, el Gobierno de España acaba de comenzar el proceso de tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. Lo hace en un momento político especialmente complejo. Con Cataluña todavía sin gobierno tres meses después de las elecciones autonómicas, con la tensión incrementada en la última semana con la detención de Puigdemont y con la amenaza del PNV de no prestar su apoyo a los PGE si no se levanta previamente la aplicación del artículo 155. Por tanto, los PGE no tienen aún garantizada su aprobación.

Desde Nueva Canarias (NC) hemos dejado claro que corresponde a otros, al PP y a sus socios de legislatura, Ciudadanos, PNV y CC; tratar de alcanzar los suficientes apoyos que garanticen la superación de las enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas en las Cortes Generales, es decir, que cuenten con 175 diputados y diputadas del Congreso. 

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Decálogo para una Canarias con futuro

Como si hubiesen querido situarse como colofón al debate sobre el estado de la nacionalidad canaria de 2018, dos informes publicados justo en su cierre inciden en algunos de los aspectos sobre la situación global de Canarias que denunciamos durante las sesiones parlamentarias. La de una tierra con un modelo de desarrollo insostenible, insuficientes servicios públicos, altas cifras de desempleo, elevada pobreza, cantonalismo y desigualdad.

Uno, respecto a la situación de la ley de la dependencia, el dictamen del Observatorio de la Dependencia realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, confirma que nuestra comunidad continúa en la cola del Estado en la aplicación de la misma. Otro, del Centro de Estudios de Desigualdad Social y Gobernanza de la Universidad de La Laguna, señala que solo el 21% de los hijos e hijas de familias con estudios primarios llega a la universidad, por el 65% de las que tienen estudios superiores. Y añade que Canarias es una de las comunidades con mayores niveles de desigualdad.

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Pensiones públicas y dignas

Las movilizaciones sociales de las últimas semanas han obligado a Mariano Rajoy a intervenir, a plantear su posición sobre las pensiones en el pleno del Congreso de los Diputados. Aunque se limitó a reiterar su rechazo a la revalorización de las mismas en consonancia con el Índice de Precios al Consumo (IPC), exigida por las plataformas de pensionistas y los sindicatos, y a proponer un incremento, sin establecer las cuantías, de las pensiones mínimas y de las prestaciones de viudedad; así como a introducir algunas deducciones fiscales a los jubilados. Vinculando estas medidas a la aprobación de las cuentas públicas para 2018.

La subida efectuada este año, del 0,25%, muy por debajo del IPC, ha generado la protesta de los pensionistas, que exigen no perder poder adquisitivo. La mayoría no cobra pensiones suficientes. La pensión media de jubilación mensual en España se sitúa hoy en 1.077 euros mientras que, en el caso canario, está ligeramente por debajo, 1.011 euros. Pero en el conjunto de las pensiones (incluyendo las de viudedad u orfandad) la diferencia es algo mayor, 932 de media estatal por los 856 de Canarias.

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Una reforma electoral inaplazable

La democracia implica contar con parlamentos y gobiernos que emanen de la voluntad popular expresada libremente en las urnas, con instrumentos de participación, con transparencia en la gestión y control de ésta. Precisa, además, que los órganos de representación respondan a lo que los ciudadanos y las ciudadanas deciden en las urnas y que exista una adecuada proporcionalidad entre los territorios y las personas. Lo que no sucede, en modo alguno en Canarias.

Por un lado, por sus elevadas barreras que impidieron que, con más de 50.000 votos, Nueva Canarias (NC) en el 2007 y Ciudadanos en el 2015; pudieran acceder a la Cámara canaria. Por otro, por la enorme desproporción del voto entre los territorios que hace que, en El Hierro, valga 17 veces más que en Tenerife o en La Gomera, casi 11 veces más que en Gran Canaria.

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