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Román Rodríguez

Diputado en el Parlamento de Canarias por parte del parte que preside, Nueva Canarias y ex presidente del Gobierno de Canarias entre 1999 y 2003.

Ecotasa y turismo sostenible

El turismo se consolida en todo el mundo como una gran industria que crece de manera exponencial. Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), se ha pasado de los 680 millones de turistas del año 2000 a los más de 1.300 millones de 2017. El gasto era de 460.000 millones de dólares en 1996 y, en 2017, triplicó ampliamente esa cifra hasta alcanzar los 1,3 billones. En nuestro caso, el canario, representa el 35% del PIB y el 40% del empleo.

Numerosos factores han permitido su expansión en este siglo: el aumento de los viajes a bajo coste, el incremento de la demanda en los países emergentes, la extensión de las plataformas digitales de alojamientos… Paralelamente, ha surgido un debate sobre sus consecuencias medioambientales, culturales y sociales: masificación, transformación de entornos urbanos que quedan completamente turistizados, modificación en la oferta comercial y del conjunto de servicios, efectos negativos en el acceso a la vivienda de los residentes, etcétera. Aunque el fenómeno todavía es reciente, en algunos lugares -Venecia, Ámsterdam, Barcelona…- sectores cada vez más amplios de la población no se sienten beneficiarios del turismo, sino todo lo contrario.

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Renta canaria de ciudadanía

El grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC) acaba de presentar en la Cámara canaria su proposición de ley de renta de ciudadanía como garantía de ingresos mínimos. Lo hacemos amparados en la normativa, cumpliendo con los derechos reconocidos a los canarios en los artículos 24 y 36 del nuevo Estatuto de Autonomía que entró en vigor el pasado mes de noviembre. Pero, sobre todo, desde el convencimiento de que ayudará a construir una Canarias más solidaria, con mayor equidad y más inclusiva, evitando que una parte significativa de la población de las Islas viva en condiciones de pobreza y exclusión social. Situación que beneficiará al conjunto de la sociedad.

Hay muchos elementos que contribuyen a mantener unos niveles de vida dignos. Entre ellos, tener un empleo que proporcione ingresos suficientes para la persona y/o núcleo familiar. O contar con adecuados servicios públicos -educación, sanidad, atención a la dependencia- pensiones suficientes o facilidades para acceder a una vivienda. Algo que se complica mucho en Canarias, con más de un 20% de desempleo en la última Encuesta de Población Activa (EPA), la correspondiente al tercer trimestre del pasado año, salarios bajos y precariedad laboral, y más reducidas pensiones.

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Defender derechos y libertades

El recién finalizado 2018 se caracterizó, entre otras cosas, por el significativo avance de la extrema derecha en el mundo. Precedido y animado por el anterior triunfo de Donald Trump, que llegó a la Presidencia de Estados Unidos en enero de 2017, y los buenos resultados electorales de formaciones de ese espacio en diferentes países europeos, llegando a los gobiernos en algunos de ellos. En España, el fenómeno se materializó con cierto retraso. Estuvo en buena parte frenado porque el PP recogía el voto de un amplio espectro de derechas, también la más ultra.

La presidencia de Trump ha estado caracterizada por su discurso y por sus prácticas antinmigratorias, entre ellas su empeño en construir un muro fronterizo con México. Por el impulso a políticas económicas proteccionistas que están generando una enorme inestabilidad internacional y dificultando las relaciones con China. Y por la eliminación de derechos y avances sociales, como el del acceso a la sanidad.

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Cumplir con Canarias. Nada más, nada menos

No podemos acostumbrarnos a tener que exigir permanentemente que los gobiernos cumplan con las leyes aprobadas, sea por el Congreso de los Diputados o por el Parlamento de Canarias. No ayuda nada a la imprescindible recuperación del prestigio de la política y de la democracia que los ejecutivos, estatal o autonómico, se salten sus compromisos. Alimenta, aún más, el actual descrédito de las instituciones y el auge de los populismos extremistas. Se aleja, en fin, de la buena política, la que sirve para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas.

Esto que afirmo vale para la Ley Canaria de Educación (LCE) de 2014, cuyo articulado obliga a ir progresivamente acercándose al 5% de inversión en materia educativa con relación al PIB canario, algo sistemáticamente escamoteado por el Gobierno de Fernando Clavijo, que ni siquiera ha sido capaz de alcanzar el 4% que le reclamaba la totalidad de los grupos de la Cámara, así como plataformas, colectivos sociales y distintas instituciones de las Islas. En nuestra actividad parlamentaria, y en nuestras enmiendas a los presupuestos de Canarias, hemos insistido en la exigencia del cumplimiento de la Ley Canaria de Educación, en todos sus términos.

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Luces y sombras de 2018

Realizar un balance de este 2018 que acaba supone reconocer que ha sido un año muy importante para Canarias, con toda seguridad uno de los más trascendentes de la década y el siglo. Con algunas luces significativas, al desbloquearse asuntos de gran relevancia estratégica, como el Régimen Económico y Fiscal (REF) en su parte social y económica, el nuevo Estatuto y la reforma electoral; y con las sombras del continuismo de un modelo de desarrollo escasamente sostenible y la pervivencia de nuestros negativos parámetros en datos de desempleo, pobreza y exclusión social, así como los problemas que siguen afectando a los servicios públicos.

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Tiempos convulsos

Una serie de acontecimientos políticos, económicos y medioambientales están conformando un mundo convulso. Unas circunstancias que, en plena era de la globalización, afectan también a España y a Canarias. Es imposible situarse o creerse al margen. Se trata de muy variados asuntos de cuya acertada o errónea solución dependen la evolución de los sistemas democráticos, de la economía y el empleo. E, incluso, el futuro del planeta, cuyos procesos actuales generan preocupación y desasosiego. 

Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017 hay nuevos elementos de inestabilidad. Con sus políticas económicas proteccionistas y su enfrentamiento con China -cuyo episodio más reciente ha sido la detención de la vicepresidenta de la multinacional tecnológica Huawei en Canadá, actualmente en libertad bajo fianza mientras continúa  la solicitud de extradición a Estados Unidos, lo que ha incrementado la tensión entre los dos colosos económicos. Pero también con sus decisiones en materia de inmigración y sus políticas fiscales que buscan el beneficio de los más ricos.

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Participación o involución

La reforma del sistema electoral incluida en el nuevo Estatuto contribuye a la mejora de la democracia en las Islas. Posibilita ganar en pluralidad al disminuir las anteriores elevadas barreras de acceso a la Cámara, que pasan del 6% autonómico y el 30% insular al 4% y el 15%, respectivamente. De forma moderada, también se reduce la desproporcionalidad, dando más peso a la población con la instauración de una lista archipelágica de nueve escaños que, junto a la ampliación de otro diputado para Fuerteventura, conforman un Parlamento de setenta diputados y diputadas.

Canarias dispone de un Estatuto actualizado, aunque llegó con una década de retraso, que incorpora numerosos derechos cívicos, que obligan a los poderes públicos a garantizar “el derecho a la igualdad de trato y a no discriminar por razones de sexo, nacimiento, género, etnicidad, ideas políticas y religiosas, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Planteando, además, la posibilidad de realizar “acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas”.

Incluyendo en su texto compromisos en torno a los menores, las personas mayores, la familia, las personas que se encuentran en situación de discapacidad o dependencia y, también, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, indicando que “se adoptarán medidas efectivas para educar en valores de igualdad, no sexistas, así como políticas y acciones activas” de protección integral a las víctimas de la violencia machista, prestando especial atención al desarrollo de medidas preventivas.

Así como otros referidos a orientación sexual, salud y educación, vivienda, mundo laboral, acceso a las tecnologías de la información y comunicación, participación, culturales o medioambientales. Con la novedad, además, del reconocimiento de una “renta garantizada de ciudadanía” dirigida a las personas que se encuentren en situación de exclusión social.

Es el primer Estatuto, asimismo, en eliminar los aforamientos. E incorpora los derechos de los animales, reconociéndolos como “seres que sienten y con derecho a no ser utilizados en actividades que conlleven maltrato o crueldad”.

Leyes, presupuestos

Esos compromisos, derechos y obligaciones de las administraciones públicas deben ser después desarrollados por los correspondientes gobiernos de nuestra comunidad. De sus políticas, leyes y decisiones presupuestarias dependerán el alcance de la financiación de los servicios públicos, del impulso a infraestructuras prioritarias, del crecimiento de las energías renovables o del mayor o menor grado de protección de nuestro territorio y medio natural.

Los avances que la sociedad ha ido logrando en numerosos terrenos, desde la sanidad pública y universal al acceso a la educación, pasando por las leyes que apuntan hacia la igualdad entre mujeres y hombres o consagran la libertad de expresión, tienen que verse permanentemente reforzados por el apoyo de la mayoría social. Pueden ser cuestionados y puestos en riesgo, como estamos viendo a nivel mundial, cuando acceden a los gobiernos formaciones que pretenden restringir la democracia, reducir el papel garantista y redistribuidor de la riqueza del Estado, recortar libertades y expandir un discurso del odio hacia variados colectivos.

La historia demuestra que, en determinadas condiciones, pueden producirse retrocesos significativos en los derechos humanos. Y que ningún país está completamente a salvo de posibles derivas totalitarias que conviertan la democracia en papel mojado y que marginan o ejerzan todo tipo de violencias sobre amplios sectores de la sociedad.

Los efectos de la crisis económica y las erróneas políticas de austeridad y recortes han supuesto peores servicios públicos, pérdida de empleos y desahucios de viviendas, más pobreza y exclusión. El miedo, la inseguridad, la precariedad laboral y la desconfianza en las instituciones se han convertido en un caldo de cultivo en el que crecen las propuestas populistas más extremas con propuestas muy simples a problemas muy complejos; y en los que siempre se busca un enemigo visible al que responsabilizar: los extranjeros, los inmigrantes, las mujeres feministas, las instituciones democráticas… como antes lo fueron los judíos, los comunistas, los sindicalistas o las elecciones.

Canarias cuenta hoy con un elevado grado de autogobierno y desde las Islas se dirigen las principales políticas públicas. En el actual contexto, no con mucho acierto por parte de un Ejecutivo conservador y que no ha puesto la prioridad en los servicios públicos. Ni en la apuesta por un modelo de desarrollo sostenible. Ni en la implementación de políticas de vivienda. Ni en la superación de las carencias que padecemos en materia de dependencia. Ni en la consecución de empleo de calidad. Ni en la protección medioambiental. Ni en la corrección de nuestras históricas desigualdades sociales.

Autogobierno

La mejor forma de defender el autogobierno, más que con discursos retóricos y planteamientos ideológicos, es precisamente gobernando bien y para la mayoría de la ciudadanía, planteando una fiscalidad progresiva y justa, rescatando a la sanidad y a la educación de su descapitalización y haciendo que Canarias supere sus numerosos déficits que nos colocan a la cola del Estado en casi todo. Haciendo que nuestra gente viva mejor y que haya mayores expectativas para las actuales y futuras generaciones de canarios y canarias.

Agotado un ciclo en el que el actual Gobierno canario ha demostrado su desinterés e incapacidad para abordar los grandes retos del Archipiélago, corresponde impulsar un cambio político profundo en las elecciones locales y autonómicas del próximo mes de mayo.

Un cambio que exige la consecución de mayorías parlamentarias. Para lo que es esencial una amplia participación y apoyo popular en las urnas a las formaciones que impulsan esa transformación política y social en beneficio de la mayoría social. Como hemos visto recientemente, la abstención puede ser devastadora y, por pasiva, favorecer procesos de involución en los que se pongan en cuestión los derechos y libertades, la equidad, los avances en igualdad de las mujeres, el autogobierno y la democracia. Nada está escrito. Lo mucho que está en juego exige realizar el mayor de los esfuerzos para conseguir una masiva movilización en las urnas.

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Programa y alianzas para cambiar Canarias

Estoy convencido de que Nueva Canarias (NC) va a ser parte imprescindible del cambio político que Canarias precisa y que se debe hacer realidad en las elecciones de mayo de 2019. Lo haremos posible conjuntamente a las otras fuerzas progresistas con presencia en el Parlamento de Canarias. Con un programa común en el que establezcamos las prioridades para modificar el estado actual de nuestra comunidad en la economía y el empleo, los servicios públicos, la democracia, el medio ambiente y las energías renovables.

Lo haremos, lo hemos hecho siempre, sin líneas rojas ni posiciones maximalistas que dificulten los entendimientos y terminen por frustrar las ansias de transformación social, económica y democrática de tanta gente. Poniendo fundamentalmente el acento en lo mucho que nos une, en lo mucho que habrá que hacer para superar la actual desigualdad, en la tarea pendiente para conseguir una Canarias con mayores niveles de equidad, con un modelo de desarrollo sostenible que genere riqueza y empleo de calidad.

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Participación, debate, compromiso de cambio

La buena política, la que tiene como meta la transformación de la realidad y la mejora de la vida de la gente, exige escuchar y debatir, sintonizar con la sociedad organizada en los más diversos colectivos. Me refiero a colectivos vecinales, sindicales, empresariales, juveniles o de solidaridad. Del ámbito de las personas mayores. Al pujante y transformador feminismo. A asociaciones de los distintos sectores económicos. De los servicios públicos que contribuyen a la equidad. De las personas que combaten los distintos tipos de discriminación y que trabajan por una sociedad inclusiva. De los grupos implicados en las transformaciones democráticas. De los empeñados en proteger el medio ambiente o preservar nuestra identidad y tradiciones. De los innovadores en diversos campos. De los que se vuelcan en la mejora de sus ciudades, pueblos y barrios. De las asociaciones que pretenden buscar soluciones a hándicaps específicos…

Eso hemos hecho -escuchar, analizar, debatir, recoger aportaciones…- durante un proceso de casi dos años en el que realizamos unas cuarenta actividades participativas y enriquecedoras bajo el lema de Canarias con futuro y la etiqueta #Canariasconfuturo, en las redes sociales. Desde Nueva Canarias hemos expresado nuestro profundo agradecimiento por la activa participación de decenas de colectivos, de varios centenares de hombres y mujeres. Valoramos su aportación desde las más diversas miradas para analizar en profundidad las realidades económicas y sociales de nuestra tierra y, al tiempo, elaborar las respuestas a sus diferentes problemáticas.

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Presupuestos: el Gobierno canario recorta ingresos

La dinámica de culpar al Estado de todos los males de Canarias no sirve, es poco autocrítica y elude las responsabilidades propias. Hay que ser contundentes cuando se produce un trato injusto del Gobierno central, pero sin esconder nunca las decisiones erróneas que se producen en las Islas. En el caso de los presupuestos de la comunidad canaria para 2019 es el Gobierno canario el que, con sus desequilibradas e injustas rebajas fiscales, impide contar con más dinero para la sanidad, la educación y la lucha contra la pobreza. Circunstancia más grave aún en una comunidad con profundas desigualdades sociales y servicios públicos deteriorados por la austeridad y los recortes.

Se trata de un presupuesto que estima un crecimiento del PIB de Canarias del 1,9%, inferior, por tanto, a los aumentos de 2018 (2,4%), dato aún por confirmar, o 2017 (2,9%), este último ya definitivo. En todos estos años por debajo del PIB español. Lo que hace que Canarias se aleje cada vez más de la convergencia en riqueza con el Estado. En el año 2000, el PIB per cápita canario suponía el 97,7% del estatal. En 2016 era del 82,3%. En 2017, del 81,7%. Retrocedemos claramente. Se repetirá ese retroceso en 2018 y en 2019, donde nos situaremos en torno al 80%. Con el agravante de que se reparte mucho peor la riqueza generada: tenemos los peores datos de pobreza y de exclusión social.

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