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Román Rodríguez

Presidente de Nueva Canarias.

Siempre Canarias

Este 30 de Mayo, Día de Canarias, ha tenido connotaciones muy especiales. Ha estado indefectiblemente marcado por la pandemia del Covid-19 que venimos sufriendo desde hace varios meses y que, hasta ahora, ha ocasionado la muerte de unas 160 personas en las Islas y más de 27.000 en el Estado español, superando ya los 5,8 millones de contagiados y 360.000 fallecidos en el mundo. Por eso, la solidaridad y el afecto hacia las familias de las personas fallecidas y hacia los enfermos, así como el reconocimiento al denodado trabajo de nuestros profesionales sanitarios y de otros sectores (alimentación, seguridad, limpieza, transporte…) que nos han facilitado la vida cotidiana en esta larga etapa de confinamiento, es lo primero que procede.

Esas circunstancias tan dolorosas influyen de manera decidida en el ambiente que ha rodeado el 30M. Y, asimismo, condicionan los actos de la festividad, limitados, y que han realizado, fundamentalmente, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, sin presencia directa de la ciudadanía.

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Unidad y firmeza

Canarias se encuentra en medio de una de las mayores crisis de su historia, de una pandemia sanitaria con graves consecuencias económicas y sociales. Partiendo de una situación ya difícil -los elevados niveles de desempleo, de pobreza y exclusión social anteriores a la aparición del Covid-19 y con una renta per cápita situada en el 80% de la media estatal- nuestra tierra tiene ahora que afrontar los efectos de la paralización económica que puede llevar en este 2020 a una caída del PIB del 20% y a cifras de paro en torno al 40%. Evitar esa catástrofe económica y social exige unidad, firmeza, liderazgo de las instituciones y puesta en marcha de programas de actuación ambiciosos que rescaten a los servicios públicos, a la economía y a las personas.

Hacer frente a esta profunda crisis exige un compromiso firme y prolongado en el tiempo del conjunto de la sociedad de las Islas. De su Gobierno, de sus cabildos y de sus ayuntamientos. De las formaciones políticas. Del mundo empresarial y del sindical. Del tercer sector. De las universidades canarias. Del ámbito de la cultura. De las ONG. De sus ciudadanos y ciudadanas. Con solidaridad del Estado español y de la Unión Europea.

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Relación bilateral Canarias-Estado

La primera reunión mantenida por el Gobierno de Canarias con el Ejecutivo estatal, representado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue intensa, clara y rigurosa. Importante en los contenidos, pero también en el formato. Considero que este modelo bilateral es clave cuando Canarias ni tiene el sistema foral de Navarra o Euskadi ni, tampoco, el de las comunidades autónomas de régimen común. Tenemos identidad propia, diferenciada, la que dan nuestras especificidades fiscales y económicas, nuestro REF, así como nuestro Estatuto de Autonomía y el estatus de RUP en la UE. Lo que es más difícil de trasmitir en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o en las conferencias sectoriales, foros en los que están las comunidades de régimen común. Debatir los temas, como hemos hecho, en un foro bilateral posibilita trasladar mejor nuestra diferenciada realidad. Y acercar acuerdos y soluciones.

Analizamos con la ministra la actual crisis sanitaria, económica y social. En la que Canarias presenta mejores datos en el ámbito sanitario que el conjunto del Estado. Pero en la que las peculiaridades de nuestra economía, con un 35% del PIB y un 40% del empleo vinculados al sector turístico, el triple que la media estatal, hacen que los estragos económicos y sociales sean mucho mayores. Lo que se traduce en 490.000 hombres y mujeres en ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) y en desempleo, además de 60.000 recibiendo las prestaciones a autónomos. Es decir, en conjunto, la mitad de la población activa del Archipiélago. Lo que implica, también, la necesidad de ampliar los ERTE más allá de junio, adaptándolos a nuestras circunstancias económicas y al más lento proceso de recuperación del sector turístico. Y es que, en nuestro caso, sería un error creer que la crisis abarcará sólo el año en curso: sus efectos llegarán al menos hasta 2022.

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Sin financiación, no hay recuperación

He apoyado la práctica totalidad de las decisiones adoptadas por el Gobierno central en esta crisis del Covid-19. Comparto y valoro las medidas destinadas al ámbito económico y social, como los ERTE, las ayudas a la liquidez de las pymes y a los autónomos, el apoyo para evitar desahucios o la actualización de las cantidades a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica. Hemos ofrecido desde Canarias una colaboración plena en la gestión de las graves dificultades que conlleva esta crisis con consecuencias sanitarias, económicas y sociales. Y lo hemos hecho porque en esta ocasión las recetas no han sido como las de la crisis anterior, en la que se desatendió a los más vulnerables, a los servicios públicos y a las empresas y trabajadores. Pero eso no supone dejar de ser exigente en la implementación de otras medidas que permitan a la Comunidad Canaria y a las corporaciones locales dar adecuadas respuestas a los grandes retos desde su espacio competencial a la grave situación que vivimos hoy y viviremos en el próximo período. 

Eso sí, he discrepado de algunas decisiones que no tenían en cuenta que estamos en un Estado descentralizado, autonómico. Decisiones que han llevado en algunos casos -como el de las compras centralizadas de material sanitario- a innecesarios y evitables errores; cuando la Sanidad la dirigen desde hace décadas las distintas autonomías. O la insuficiente escucha a las comunidades, no solo a Canarias, en la elaboración y aprobación de los planes de desconfinamiento, que deberían ser cogestionados. El Estado no es solo el Gobierno central. El ejercicio de la democracia exige la escucha y el diálogo permanente. Como bien ha señalado Iñaki Gabilondo, el presidente Pedro Sánchez tiene “una idea equivocada del mando único”, añadiendo el prestigioso periodista que la comunidad autónoma es “el instrumento ideal” para cumplir los objetivos centrales en el proceso hacia la nueva normalidad.

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Gana el Norte, pierde Europa

El entusiasta europeísmo ha ido decayendo en muchos países europeos, el Estado español y en Canarias, especialmente en la última década. La reacción ante la pasada crisis económica, imponiendo los estados del Norte a los del Sur las políticas de austeridad y recortes, causando un enorme sufrimiento a millones de ciudadanos y ciudadanas -reducciones salariales, pérdida de empleo, aumento de la pobreza, desahucios de sus viviendas y relevante retroceso de los servicios públicos- ya supuso una elevada desafección. Ahora, una insuficiente respuesta a la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia del Covid-19 puede dar al traste con la Unión Europea.

A nadie se le esconde la gravedad de la situación. En primer lugar, por el elevado número de infectados y hospitalizados, por los más de cien mil fallecidos solo en Europa, por la saturación de unos sistemas sanitarios que no estaban preparados para semejante reto, por las dificultades de acceso a material de protección en un mundo tan globalizado como desequilibrado, abriendo espacios para la especulación y el más puro mercadeo. 

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Proteger la salud, reconstruir Canarias

Cuando hace menos de cuatro meses celebrábamos la llegada del año 2020 ni el más pesimista podía imaginar la profunda crisis sanitaria, económica y social que se avecinaba. Por supuesto que había numerosas y fundamentadas preocupaciones ante el futuro, vinculadas a las perspectivas económicas negativas o al acelerado deterioro del Planeta y las consecuencias de la Crisis Climática. Pero, en ningún caso a que en unos pocos meses sufriéramos un daño muy superior al de la crisis económica que se inició a finales de la primera década del siglo.

Estamos viviendo una etapa durísima de nuestra historia. Quiero expresar, en primer lugar, mi plena solidaridad con el sufrimiento experimentado por las personas que han enfermado y por sus familias; y, especialmente, por el dolor que causan tantas muertes. Así como el reconocimiento a los profesionales del sector sanitario por la calidad de su trabajo, por su entrega, por su humanidad; e igualmente al resto de trabajadores, públicos y privados, que posibilitan que la sociedad siga funcionando en estas condiciones excepcionales.

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Una nueva etapa

Se abre una nueva etapa. En Canarias y en el Estado. En nuestra comunidad, iniciada hace seis meses con un Gobierno progresista centrado en la mejora de la vida de la gente. Cuya filosofía ya se ha explicitado en unas primeras cuentas publicas, las de 2020, donde crece significativamente, por encima del 6%, el gasto social; aumenta el apoyo a los sectores productivos, un 13,6%, y se mantiene el esfuerzo inversor. Con unos datos que pueden mejorar sensiblemente, unos 200 millones de euros más, cuando contemos con presupuesto estatal.

Una nueva etapa en España, rompiendo por fin con un largo período de bloqueo que hacía imposible establecer mayorías de Gobierno. Un inmovilismo que deterioró la confianza en los partidos y en las instituciones, y que pudo llevarnos a unas terceras elecciones en un año. Pero, afortunadamente, se impuso la sensatez y la responsabilidad. A pesar del tremendismo de las distintas derechas. Una mayor estabilidad ayudará al progreso económico y social.

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Una propuesta canaria y social (y 2)

En un primer artículo abordé los ejes del manifiesto electoral para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre (10-N) de CC y NC, con el lema Hagamos más fuerte a Canarias, respecto a la defensa de nuestra tierra en el ámbito estatal; con especial énfasis en el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) y del reformado Estatuto, así como de los compromisos presupuestarios con las Islas. En esta segunda entrega entraré en otras partes del programa que hacen referencia a reivindicaciones que tienen un contenido social -el impulso a los servicios públicos, la mejora del empleo o la lucha contra la pobreza- y medioambiental.

En el caso del derecho al empleo, el programa insiste en que “las políticas activas de empleo, el nuevo papel de la Formación Profesional y las modalidades de contrato de las leyes laborales de España deben estar dirigidas a la creación de puestos de trabajo, la mejora de la calidad del empleo y la estabilidad”. Plantea el mantenimiento de medidas específicas en las Islas -planes de empleo y de infraestructuras educativas- mientras estemos por encima de la media estatal en desempleo.

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Un pacto hecho en Canarias

El pacto de progreso o de las flores, como prefieran, no precisó de viajes a la capital el reino ni apresuradas y frustradas visitas de líderes de partidos estatales a Canarias. Tiene, entre sus características, haber sido decidido en todos sus términos en las Islas, desde la responsabilidad, el acuerdo y la búsqueda de elementos comunes de cuatro fuerzas políticas progresistas. 

Con ese pacto se abre una nueva etapa en Canarias. Con un Gobierno de progreso que asume un cambio político que tiene, entre sus grandes principios, la inclusión social, que todo el mundo disfrute de una vida digna sin que lo impidan motivos económicos, de discapacidad, edad, género, etc.; las políticas transversales para desarrollar una labor más intensa en materia de igualdad y combatir la violencia machista; la sostenibilidad y la lucha contra la crisis climática. También el desarrollo del Estatuto y la consolidación del autogobierno.

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Renta de Ciudadanía, una medida urgente

La situación económica y social ha mejorado en relación a los años más duros de la crisis económica. En el Estado y en Canarias. En los últimos años ha crecido el PIB, en nuestro caso menos que la media estatal, y se ha generado empleo, no siempre de calidad. En Canarias estamos en el 21% de desempleo, según la última Encuesta de Población Activa, correspondiente al primer trimestre del año, un punto más que en el registro anterior que cerraba 2018, incrementando hasta 6,3 puntos la diferencia con la media española (14,7%). Nuestra tierra continúa liderando los rankings de pobreza y mantiene, también, una de las estructuras salariales más débiles del conjunto del Estado.

Para conseguir una mayor cohesión social hay que intervenir desde numerosas perspectivas. La primera, sin duda, la del crecimiento en el empleo y en la calidad de este, en lo que somos deficitarios. La segunda, desde unos potentes servicios públicos, que contribuyen mucho a la equidad, y que se hace imprescindible revitalizar. Y, la tercera, desde acciones gubernamentales directas, con políticas públicas dirigidas a combatir la pobreza.

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