El Gobierno prioriza la vivienda privada

¿En Canarias hay graves problemas de acceso a una vivienda? Sí, sin duda. ¿Es preciso actuar de forma tan urgente como contundente para tratar de solucionarlos? También. ¿Resulta imprescindible el liderazgo de las administraciones públicas y la colaboración con el sector privado? En efecto. ¿Es la mejor fórmula un gubernamental decreto o una más participativa, debatida y meditada ley? Desde luego que parece más interesante, seguro y transparente el segundo planteamiento. Sin embargo, la mayoría parlamentaria que presta apoyo al Gobierno de Canarias conservador de CC y PP ha optado por imponer un decreto ley que no va a resolver el problema de la vivienda pública, la destinada a los amplios sectores de la sociedad canaria con bajos ingresos. Además, debería estar dirigido solo a vivienda protegida y, siendo un decreto de emergencia, establecer cuándo y en qué condiciones se puede dar por acabada la emergencia habitacional que justifica el mismo.

Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) expresamos en la Cámara canaria nuestro rechazo al denominado decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda. Entendemos que está más orientado hacia el negocio y la especulación que a intentar solucionar de verdad este drama que afecta a decenas de miles de familias que no tienen posibilidad de comprar o alquilar una vivienda. Se trata de un decreto en el que, pese a las condiciones socioeconómicas de nuestra comunidad, la mitad de las actuaciones van a favorecer la vivienda privada. 

Entre las críticas que planteó al decreto nuestro portavoz, Luis Campos, se encuentra su invasión de las competencias de otras administraciones públicas y sus visos de inconstitucionalidad; su elaboración a espaldas de ayuntamientos y cabildos; y su empeño en cargarse el planeamiento y suprimir los informes ambientales. Además, no define un marco de aplicación temporal, limitada en el tiempo, como mandata una norma que tiene una naturaleza excepcional y urgente. La Consejería del ramo solo consulto la opinión de la patronal de la construcción. Sin la menor participación social ni transparencia alguna. Sin escuchar a las entidades locales, al Parlamento canario y a los propios colectivos de afectados por desahucios o de personas que aspiran a acceder a una vivienda. 

Plan de Vivienda

Es preciso recordar que una treintena de representantes de colectivos sociales, colegios profesionales, sindicatos, empresarios, administraciones públicas y grupos políticos firmaron en marzo de 2020 el Pacto por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias, un pacto reflejado en el Plan Canario de Vivienda 2021-2025 que pusimos en marcha la pasada legislatura tras una década sin actuación alguna. Debería ser el Plan -que dispone de ficha financiera, 664 millones de euros, definiendo 5.971 nuevas viviendas en suelo que ya es de la comunidad canaria o cedido por los ayuntamientos-, ejecutándolo en su totalidad y con los ajustes que se estimen necesarios para intensificarlo, el faro que dirija las políticas de vivienda. Y en este decreto no se observa por ningún lado una apuesta firme por el Plan.

Por otra parte, el decreto constituye una apuesta decidida por la iniciativa privada. Dejando al albor del sector privado a qué sectores de la población se van a dirigir y, desde el punto de vista de la rentabilidad económica, está claro que van a privilegiar construir viviendas protegidas para las rentan más altas, a las familias cuyos ingresos sean de 5/6 veces el IPREM. De manera que no se garantiza la construcción de vivienda protegida de régimen especial (hasta 2,5 veces el IPREM, es decir, las familias que ingresan por debajo de los 1.500 euros mensuales) desde la iniciativa privada. 

En NC-bc consideramos que resulta esencial disponer de más viviendas protegidas. Viviendas sociales, a precios asequibles en una comunidad que padece elevados niveles de pobreza y en la que, como se publicó hace unos días, sus salarios son los segundos más bajos de las nacionalidades y regiones; y, sobre todo, viviendas en alquiler, que es, además, la principal demanda de la ciudadanía: la mayoría de los demandantes de vivienda que se encuentran inscritos en el registro público, un 69,53%, 17.492 personas, la quieren en régimen de alquiler, pero en el decreto no hay una apuesta clara en este sentido, cuando debería garantizar que fuera así y no mayoritariamente en régimen de compra.

Entiendo que, en medio de una auténtica emergencia habitacional, con más de 25.000 demandantes de viviendas públicas inscritos, se debería apostar nítidamente por construir vivienda social de promoción pública para el sector de población más vulnerable. Pero siendo conscientes de que, junto a él, tienen problemas de acceso a la vivienda mujeres y hombres trabajadores con ingresos bajos y medios, así como jóvenes con la intención, tantas veces frustrada, de emanciparse; por cierto, el decreto no incluye referencias ni medidas específicas para los jóvenes. 

Vivienda vacía

La vivienda vacía es otra de las grandes olvidadas en el decreto. No plantea ni una sola medida -fiscal, de apoyo a la contratación de seguros, de ayudas a la rehabilitación…- para tratar de incorporar al mercado una parte de las 211.000 casas vacías que hay en nuestro Archipiélago. Solo si se consiguiera actuar sobre el 10% de estas tendría un enorme y positivo impacto, pues implicaría disponer de 21.100 viviendas más, tres veces lo planteado por el Plan.

Sin embargo, con más de 200.000 viviendas sin uso, incluyen la ocurrencia de convertir locales comerciales y oficinas en hogares. Igual que, en una nueva vuelta de tuerca desarrollista que arrasa con cualquier tipo de planeamiento, posibilitan modificar el uso del suelo inicialmente destinado a instalaciones educativas, sanitarias culturales o deportivas, sustituyéndolas por la construcción de edificios, empeorando, en consecuencia, la oferta de servicios y la calidad de vida de sus residentes. Por tanto, justo en la línea contraria de los modelos de urbanismo sostenibles, que acercan los servicios a la ciudadanía y evitan incrementar innecesariamente la movilidad. La otra gran ocurrencia, reconvertir suelo rústico en residencial, cuando existe suelo ocioso suficiente, constituye una medida que va directamente en contra de la protección del territorio y de nuestro sector primario.

Igualmente, resulta sorprendente que en la situación que vive Canarias, con la realidad de una emergencia habitacional, se promueva de forma tan entusiasta la vivienda libre (privada) y, sobre todo, no se prohíba claramente su uso para vivienda vacacional que en el Archipiélago y en otros destinos turísticos restringe el acceso a la vivienda por parte de los residentes.

Con relación al cambio de uso de suelo turístico a residencial, que también recoge el decreto, estableciendo que el 70% sea privada, desde NC-bc planteamos que debe destinarse el 100% del suelo reconvertido a vivienda protegida, como medida para resolver el grave problema de vivienda que tenemos en zonas turísticas muy tensionadas (Lanzarote y Fuerteventura, sur de las islas capitalinas…), para el personal docente, sanitario y trabajadores del sector de la hostelería; y prohibiendo explícitamente su uso para alquiler vacacional. Un decreto de emergencia no puede servir para consumir suelo dedicado a vivienda libre en zonas turísticas, evidentemente dirigido a personas de gran poder adquisitivo, y que puede convertirse en un efecto llamada para inversores extranjeros con fines claramente especulativos.   

¿Canarias tiene graves problemas de acceso a una vivienda? Sí, sin duda. ¿Los va a resolver el decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda del Gobierno de Canarias? Mucho me temo que las actuaciones que plantea no contribuirán de forma decidida y que se habrá perdido una oportunidad para avanzar en este trascendental tema desde la participación, el consenso y la prioridad social de construcción de viviendas protegidas, especialmente de aquellas destinadas a personas con rentas más bajas, y en régimen de alquiler. Para que este derecho constitucional y estatutario deje de ser papel mojado.