Bruselas da cuatro meses al Gobierno y a la Junta de Andalucía para que eliminen la duplicidad de registros de pisos turísticos

La Comisión Europea acaba de remitir al Gobierno español sus observaciones al anteproyecto de Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, que se tramita ahora ante el Parlamento andaluz. En el documento, el Ejecutivo comunitario alerta de que la obligación de que los pisos turísticos se inscriban en el Registro de Turismo de Andalucía para anunciarse en plataformas se añade a la obligación similar de inscribirlos también en el registro recién creado por el Ministerio de Vivienda, y que esa duplicidad es “contraria” a una norma europea que está a punto de entrar en vigor.

La Comisión pide a las “autoridades españolas” que corrijan esto con urgencia, pero ni Junta de Andalucía ni Gobierno de España parecen dispuestos a ceder, porque implicaría eliminar uno de los dos registros o, como mínimo, modificarlo sustancialmente. Hay dos registros y solo puede quedar uno.

El asunto se dirime en clave de competencias, y sobre ello deberá pronunciarse próximamente el Tribunal Supremo, ante el que el Gobierno andaluz impugnó el registro único que el Gobierno central puso en marcha el año pasado, por entender que no tiene competencias para ello. La Junta de Andalucía tiene competencias exclusivas en materia de Turismo, el Gobierno las tiene de Vivienda. El registro único obliga a obtener un código para anunciar el piso turístico en Airbnb o Booking, no para ejercer la actividad.

La divergencia entre el Gobierno central y el andaluz es también de modelo: la Junta de Andalucía acusa al Gobierno central de enfocar el asunto desde un punto de vista “exclusivamente ideológico” que daña al turismo, mientras el Gobierno apunta a Andalucía por la manga ancha con la que operan las viviendas turísticas, tensionando el mercado del alquiler, como demuestran algunos estudios. “Emplazamos a la Junta de Andalucía a seguir la línea del Gobierno y a priorizar la vivienda para vivir”, dicen fuentes del Ministerio.

La Comisión Europea deja claro que los establecimientos de alojamiento turístico de Andalucía no pueden estar obligados a inscribirse en dos registros (el del Ministerio y el de la Junta), porque eso contraviene el Reglamento sobre alquileres de corta duración de la UE, que entrará en vigor para todos los países el próximo 20 de mayo. Antes de esa fecha, la duplicidad debe estar corregida.

Además, la Comisión cree que “existe el riesgo” de que la nueva ley andaluza sea contraria al Reglamento comunitario de Servicios Digitales, ya en vigor, por imponer requisitos adicionales a las web y plataformas, como facilitar datos a las autoridades o retirar anuncios de los que incumplan, bajo posibilidad de sanción de hasta 100.000 euros si no cumplen. Las autoridades europeas recuerdan que España ya designó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para supervisar la aplicación del Reglamento, y que la facultad de la Junta de Andalucía para imponer sanciones podría entrar en colisión. A esto se suma la complejidad jurídica de exigir el cumplimiento a plataformas web radicadas fuera de España.

Ambas interpretan la advertencia europea como un respaldo

Tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio interpretan a su favor la advertencia de la Comisión, que en ningún caso señala cuál de las dos administraciones debe suprimir o modificar su registro, ni cuál tiene competencias.

La Consejería de Turismo de Andalucía emitió este jueves una nota en la que asegura que “la UE da la razón a Andalucía”. “Bruselas ha ratificado nuestra tesis de que una misma vivienda no puede estar sometida a más de un procedimiento de registro cuando ya existe uno obligatorio”, asegura el consejero Arturo Bernal.

La tesis de la Junta es que, si no puede haber dos registros, sólo debe quedar el suyo, que llegó primero y además tiene las competencias en Turismo. Andalucía tiene este registro desde 2016. La inscripción es sencilla: basta presentar una declaración responsable de que se cumple la normativa municipal (por ejemplo, que no hay una moratoria a nuevas VUT en el municipio, que no está en una zona declarada saturada, o que cumple con la zonificación del PGOU) y, recientemente, acreditar que la comunidad de propietarios no las ha prohibido en el edificio.

En la práctica, incluso las VUT que no cumplen pueden operar durante meses porque la comprobación de la declaración responsable ocurre a posteriori y es lenta, sobre todo en puntos con mucha demanda como Cádiz o Málaga. La Junta ha firmado protocolos con algunos ayuntamientos mecanismos para agilizar la vigilancia, pero en la práctica se producen casos como el de Málaga, donde el Ayuntamiento dejó caducar expedientes de desinscripción que él mismo inició en el verano de 2024, unos 1.500 según algunas fuentes, de modo que ahora debe reiniciarlos. Mientras, las VUT que no cumplen los requisitos siguen operando.

El otro registro, el estatal, fue creado en diciembre de 2024, y es obligatorio desde el pasado 1 de julio. La Junta de Andalucía lo llevó al Tribunal Supremo por entender que invade sus competencias. Fuentes del Ministerio recalcan que el Registro estatal se crea precisamente para trasponer una directiva europea, que obliga tener un registro único de viviendas de corta duración, y subrayan el éxito de su puesta en marcha, gestionado por el Colegio de Registradores. Desde julio, en toda España han denegado la solicitud de 86.000 viviendas turísticas o de temporada para obtener un número de registro y, por tanto, para anunciarse en plataformas.

A la cabeza está Andalucía, con 21.872 viviendas turísticas o de temporada a las que el Ministerio ha denegado la inscripción, y para las cuales puede pedir a las plataformas que retiren los anuncios. Málaga, meca del alquiler turístico, copa siete de los 20 primeros municipios con más solicitudes denegadas. Sin embargo, esto no implica que dejen de estar inscritas en el registro autonómico. El Gobierno andaluz las sigue considerando legales, e insiste en que la Junta es la única administración competente para declarar la ilegalidad de una vivienda turística. El hecho de que el Gobierno las haya “declarado como ilegales no tiene ninguna consecuencia jurídica”, dice el Ejecutivo de Moreno.

Un proyecto de ley ya en el Parlamento

En medio de una disputa con evidentes trazas políticas, la intervención del sistema de control de disposiciones normativas de la Comisión Europea (TRIS, en la jerga comunitaria) supone una advertencia técnica que puede acabar desembocando en un procedimiento de infracción contra España.

El TRIS es un mecanismo de evaluación previa de disposiciones normativas de un Estado miembro que pueden afectar al mercado interior. Es decir, España consulta con la Comisión si una determinada norma (de rango autonómico o estatal) impone nuevas barreras al comercio, dificulta la libre circulación de bienes o servicios o rompe la armonización del mercado único. Y esa es la advertencia que ha lanzado el Ejecutivo comunitario.

España envió el proyecto de Ley de Turismo Sostenible de Andalucía en octubre, y ha recibido respuesta ahora. El anteproyecto de Ley de Turismo Sostenible comenzó su tramitación parlamentaria la semana pasada superando varias enmiendas a la totalidad. Entre sus muchas disposiciones, introduce obligaciones para webs, canales o plataformas que publicitan establecimientos o servicios turísticos sujetos a inscripción obligatoria, señalando que sólo pueden publicitarse los establecimientos inscritos en el Registro andaluz.

Deberá debatirse en comisión antes de su aprobación final en Pleno, si es que no decae antes por la convocatoria de elecciones autonómicas, previstas como tarde para el próximo mes de junio.