Vivienda detecta 86.000 pisos turísticos y de temporada ilegales gracias al registro de alquiler de corta duración

El Ministerio de Vivienda ha ordenado a las plataformas digitales que promocionan pisos turísticos y alquileres de temporada la retirada de más de 86.000 anuncios, que no han obtenido el número de registro de corta duración al no cumplir los requisitos legales para ejercer esta actividad. El departamento que dirige Isabel Rodríguez puso en marcha este mecanismo, obligatorio desde el pasado 1 de julio y que gestionan los registradores de la propiedad, para controlar la oferta de viviendas de uso turístico y arrendamientos por meses.

Desde entonces, los registradores han recibido 412.000 solicitudes, de las que se han rechazado 86.275. “Se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos”, indican desde Vivienda.

Los arrendadores de viviendas que quieran ofertarlas como turística o en alquiler temporal deben acreditar a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que cumplen con la normativa y los requisitos para hacerlo. De todas las solicitudes, se han revocado más del 20%, la mayor parte en las ciudades de Madrid (5.344) y Barcelona (5.005), dos modelos de ciudad con Consistorios opuestos en políticas de vivienda y gestión del alquiler turístico.

Por comunidades autónomas, la que más licencias rechazadas acumula es Andalucía, con más de 21.000. “Es especialmente llamativo el caso de la provincia de Málaga, que incluye hasta siente municipios entre los 20 con mayor número de peticiones denegadas”, indican desde Vivienda. Son las localidades de Marbella (2.993), Málaga (1.845), Benalmádena (1.035), Fuengirola (719), Mijas (664) y Estepona (505).

La segunda comunidad por solicitudes revocadas es la valenciana (14.387), seguida de Canarias (13.726), Catalunya (13.350) y Madrid (5.893). De las más de 412.000 solicitudes, el 78% corresponden a alquiler turístico, mientras el 22% restante lo son para temporada. La única excepción es, precisamente, Madrid, donde la proporción se invierte en un 83-17%. “¿Es que no hay pisos turísticos ilegales? En absoluto, es que se está amparando esa ilegalidad”, defendía la ministra Rodríguez en septiembre.

Desde el Ministerio celebran que este registro “ya está funcionando con el objetivo de perseguir y poner fin al fraude en los alquileres de corta duración, al tiempo que se activan otros mecanismos para que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial”. Así, indican desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez, se busca “preservar la función social de la vivienda y combatir la ilegalidad con la que operan actualmente un gran número de alojamientos con estas características, provocando una subida exagerada de los precios y la expulsión de muchas familias de sus barrios, así como una mayor gentrificación y pérdida de identidad en los mismos”.