Claves del acuerdo de mejora salarial que sella la paz entre Moreno y los funcionarios de la Junta de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presidido este martes en Sevilla la firma del acuerdo con las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO para la mejora del empleo público y la prestación de servicios “de calidad” en desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía. En la práctica, el acuerdo supone sellar la paz con los trabajadores de la administración pública andaluza, unos 77.000, hasta ahora los peor pagados de las administraciones en todo el Estado. Moreno ha destacado que se cumple con una “deuda pendiente” como es situar a los empleados públicos andaluces en “la media salarial” de las administraciones públicas de España.

Los casi 80.000 trabajadores del sector público andaluz (entre personal funcionario, laboral, justicia y el conjunto del personal que trabaja en el sector público instrumental) verán mejoradas las condiciones laborales y salariales. Además, a partir del año que viene se iniciará la recuperación del derecho a las ayudas de acción social de los empleados públicos andaluces, que fueron suspendidas en 2012 y que “priva” al personal de la Administración de prestaciones para una mejor conciliación familiar y laboral, para el apoyo en el cuidado de hijos y ascendientes a cargo, o de carácter sociosanitario.

El acuerdo regula establece el marco para el desarrollo reglamentario de otros aspectos como la carrera profesional y la evaluación del desempeño de los funcionarios andaluces. El objetivo es establecer el marco de referencia para el desarrollo de las políticas de personal en los próximos años.

Se trata de un acuerdo negociado durante varios meses. No obstante, las negociaciones estuvieron a punto de irse al traste a finales de octubre, cuando los sindicatos amagaron con movilizaciones después de que la Junta retrasara la firma del acuerdo alegando nuevas dificultades presupuestarias sobrevenidas, según les trasladó la Consejería, por la crisis de los cribados. El coste presupuestario de estas mejoras será de 250 millones en cinco años.

Contenido del acuerdo

La entrada en vigor de este acuerdo será con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de este 2025. Su alcance económico será de 250 millones de euros para un horizonte de cinco años, con un reparto de 50 millones por ejercicio.

El Gobierno andaluz ha remarcado que “el acuerdo moderniza en profundidad el sistema retributivo” por cuanto propicia la progresiva sustitución del complemento específico por un nuevo complemento de puesto, que ha calificado de “más claro, homogéneo y vinculado a los criterios de responsabilidad, dedicación y dificultad técnica”, además de destacar que “pone fin a desigualdades históricas y refuerza la coherencia interna del modelo”. Los sindicatos trasladan que el proceso será progresivo, negociado y garantista, sin pérdida económica para ningún empleado público. Según CSIF, el complemento de desempeño va desde 4.000 euros para el Grupo I a los 1.257 del Grupo V, al que se sumará un complemento de carrera acumulativo.

Del paquete de iniciativas que incorpora este acuerdo laboral para los funcionarios autonómicos destaca la creación de la carrera profesional, que se introduce a imagen y semejanza de la existente en el ámbito sanitario. Al igual que sucede aquí serán los propios empleados quienes tendrán que solicitar su aplicación. Este reconocimiento se aplicará con efectos desde el 1 de enero de este 2025.

El compromiso del Gobierno andaluz es “culminar” la implantación del VII Convenio Colectivo, que sustituirá al aún vigente, firmado en 2002, y que supondría dotar al personal laboral de un marco actualizado que incorpore los requisitos de la Ley de Función Pública.

Otro de los objetivos estratégicos es situar la tasa de temporalidad por debajo del 8%, tal y como obliga la directiva europea.

El acuerdo prevé desarrollar una nueva reorganización de los recursos técnicos y sanitarios de prevención de riesgos y salud laborales, mediante la reconfiguración del Servicio de Prevención Propio, que facilite la integración real y efectiva de la prevención en la Junta de Andalucía, la adecuada distribución y dimensionamiento de recursos preventivos y la implicación del personal directivo.

“La gran y esperadísima” reforma de la administración andaluza

El acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral, como desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía, entró en vigor el pasado 3 de diciembre tras la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 2 de diciembre, pero ha sido firmado hoy en un acto celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla, por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto; el secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno Gómez; el secretario general de UGT Servicios Públicos Andalucía, Antonio Tirado, y el secretario general de la sección sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO-A, José Pelayo.

El acto ha sido presidido por el Presidente, Juan Manuel Moreno, quien ha destacado el “esfuerzo, compromiso e interés” de los sindicatos y el “trabajo importante” que se ha hecho desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, con José Antonio Nieto al frente. Moreno ha admitido que el “desequilibrio” entre los funcionarios de la administración autonómica andaluza y los del resto del estado era “evidente”, asegurando que existía una “deuda con ellos”. “Lo hicimos con los docentes, también con los sanitarios y ahora con los empleados de la función pública”, ha dicho, refiriéndose a otros acuerdos alcanzados en los últimos años.

Según Moreno, el nuevo marco regulatorio tiene la “ambición” de “marcar un antes y un después en la forma en que esta administración quiere relacionarse con los andaluces y andaluzas para serles mucho más útiles y ser más accesible”. Es, según Moreno, “la gran y esperadísima reforma que demandaba la administración andaluza para adaptarse a lo que los andaluces esperan de ella”.

“No se trata sólo de mejorar condiciones laborales, sino también de transformar la administración”, ha agregado Moreno, quien ha expuesto que se apuesta por una administración “más moderna y, por tanto, más eficaz, y para centrarla en las personas”. La nueva administración será, según Moreno, “digital, eficiente y simplificada”, capaz de “rediseñar servicios y procedimientos para eliminar duplicidades, reducir burocracia y optimizar la atención al a ciudadanía”. “Lo piden de manera descarnada los ciudadanos”, ha asegurado el Presidente andaluz.