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Energía con voz y voto: de pagar la factura a gestionar el recurso

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Esta columna estrena una serie en la que presentamos proyectos reales en Andalucía que demuestran que ya funcionan otras formas de hacer economía. Parten de dos premisas: se centran en las necesidades básicas para la vida y se apoyan en la soberanía económica, base de la soberanía en el resto de los ámbitos de la sociedad. En esta primera entrega explicamos qué es la soberanía energética y qué beneficios aporta. En las siguientes presentaremos experiencias que rara vez abren los informativos y que inspiran porque demuestran que se puede hacer economía de otra manera.

Conviene empezar distinguiendo necesidades de deseos. Las primeras son concretas y limitadas, y su insatisfacción frena el desarrollo personal o social. Los segundos no tienen techo y no generan esa carencia. La energía es una necesidad en estado puro: de ella dependen la calefacción de una vivienda, el funcionamiento de un hospital, la competitividad de una empresa o el abastecimiento de agua de una ciudad.

La soberanía económica es la capacidad de una persona, una organización, o un territorio  —en este caso, Andalucía— para tomar decisiones fundamentales de forma autónoma, sin depender en exceso de agentes externos que las condicionen. Es el grado de control sobre qué se produce, cómo se produce y cómo se reparte, y abarca los recursos, la inversión, el empleo y la financiación. Aplicada a la energía, mide hasta qué punto una sociedad la controla y con ello evita la vulnerabilidad económica, social y política. En la práctica, la soberanía energética supone que la ciudadanía deja de ser solo consumidora que paga la factura a una gran compañía y pasa a producir y gestionar una parte de su propia energía.

La soberanía energética introduce un elemento democrático: los socios participan en las decisiones sobre inversiones, tarifas internas, reparto de beneficios o medidas contra la pobreza energética. No se trata solo de producir electricidad, sino de decidir colectivamente cómo se usa una infraestructura que afecta a toda la comunidad

La crisis energética europea de 2021-2023 demostró el riesgo de depender en exceso de combustibles importados: la factura eléctrica se disparó. Una comunidad que genera parte de su electricidad con instalaciones solares, eólicas o de biomasa locales queda menos expuesta a esas oscilaciones. Imaginemos un territorio que cubre entre el 30 % y el 40 % de su demanda. Seguirá comprando el resto a la red, pero una parte relevante de su coste quedará estabilizada durante décadas, porque el «combustible» con energías renovables locales es gratuito. Hay además un impacto económico local, pues si toda la energía se compra a operadores externos, buena parte del dinero sale de la región. Si se produce localmente, una parte de los beneficios se queda en la economía andaluza.

También refuerza la resiliencia ante crisis económicas, climáticas o energéticas, al combinar generación distribuida, baterías de almacenamiento, sistemas de gestión inteligente y movilidad eléctrica compartida.

La soberanía energética introduce un elemento democrático: los socios participan en las decisiones sobre inversiones, tarifas internas, reparto de beneficios o medidas contra la pobreza energética. No se trata solo de producir electricidad, sino de decidir colectivamente cómo se usa una infraestructura que afecta a toda la comunidad. Es también una via de reducción de la pobreza energética, que existe en toda España, y Andalucía con ella, pues muchos hogares destinan una parte excesiva de sus ingresos a pagar la energía. Por un lado es energía más barata, y por otro se puede decidir comunitariamente si se reserva parte de la producción o de los beneficios a las familias vulnerables. De lo contrario, la transición sería una oportunidad perdida si se limitara a sustituir combustibles fósiles por renovables sin cambiar quién se beneficia.

No se trata de que cada pueblo sea autosuficiente ni de desconectarse de la red eléctrica nacional. Lo habitual es seguir conectado, pero generar una parte significativa de lo que se consume y tener capacidad real de decisión sobre ella

Por eso es uno de los conceptos más interesantes de la soberanía energética es que une tres objetivos que suelen analizarse por separado. La eficiencia económica pues se reducen  los costes energéticos; la sostenibilidad ambiental, aldisminuir las emisiones y la justicia social al repartir mejor los beneficios de la transición.

En Andalucía el argumento pesa más. La región recibe aproximadamente entre un 20 % y un 30 % más de horas de sol que la media europea. Frente a países del centro y norte del continente, como Alemania, Bélgica, los Países Bajos o el Reino Unido, acumula entre un 80 % y un 120 % más, según datos de la Junta de Andalucía. Sin embargo, durante mucho tiempo gran parte de la energía generada aquí se ha producido para el consumo exterior o con modelos de escasa participación local. La soberanía energética busca que una parte creciente de ese recurso se traduzca en beneficios directos para la ciudadanía andaluza.

Soberanía no significa aislamiento. No se trata de que cada pueblo sea autosuficiente ni de desconectarse de la red eléctrica nacional. Lo habitual es seguir conectado, pero generar una parte significativa de lo que se consume y tener capacidad real de decisión sobre ella. El apagón del 28 de abril de 2025 lo dejó claro: la regulación del sistema en su conjunto y la interdependencia entre producción y distribución siguen siendo clave para garantizar el suministro.

En nuestra opinión, esa combinación de autonomía, responsabilidad y participación es lo que hace tan valiosa la soberanía energética. La energía deja de ser algo que simplemente se compra y se convierte en un recurso gestionado por la propia comunidad en beneficio económico, social y medioambiental.

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