Segundo fallo contra el Gobierno de Pérez Llorca por no facilitar al PSPV información sobre el gasto sanitario en la privada
Segundo fallo judicial contra el Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca por falta de transparencia en la Conselleria de Sanidad. El síndic del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Jose Muñoz, ha revelado este domingo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha fallado de nuevo que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, “ocultó información al Parlamento sobre los pagos a las empresas de la sanidad privada” con las que, ha advertido Muñoz, “el conseller tiene evidentes y escandalosos vínculos e intereses familiares”.
Según ha informado el socialista, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado una sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que resuelve que la respuesta del conseller a la solicitud de documentación de la portavoz socialista de Sanidad, Yaissel Sánchez, con omisión de datos sobre los pagos a la privada, “es contraria al ordenamiento jurídico y se anula en lo relativo a no haberse facilitado la información solicitada”.
Como consecuencia de ello, advierte el fallo, “se ha vulnerado el derecho fundamental de la actora [la diputada Yaissel Sánchez] recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española”, que es el que garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos “directamente o por medio de sus representantes”. La resolución, contr la que cabe recurso de casación, “reconoce el derecho de la demandante a obtener de la Conselleria de Sanidad la información solicitada”, dándole al conseller el plazo de un mes para remitirla a las Corts.
Según ha informado el PSPV, en su momento reclamó por la vía especial del artículo 12 del Reglamento de las Corts Valencianes, el detalle del gasto total de la conselleria en contrataciones y derivaciones a empresas privadas en 16 departamentos de salud durante los ejercicios de 2024, 2025 y 2026 a la fecha de respuesta, y el porcentaje que estos pagos –que incluyen la voluminosa cifra de externalización a la sanidad privada– supusieron sobre el gasto total en los departamentos de salud en 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 a la fecha de respuesta.
El conseller respondió a los socialistas con datos del bienio 2024-2025, sin separar cada ejercicio, y añadiendo la comparación con el bienio 2022-2023, que no se había solicitado, alegando que el cambio de sistema contable le impedía desglosar las cifras por años. Y aportó el porcentaje que supusieron las externalizaciones sobre el total del gasto en el quinquenio 2022-2026, sin desglosar ejercicios, argumentando además que la solicitud era confusa. En el primer caso, tampoco dio información sobre los conceptos o servicios e importes abonados a empresas privadas y, en el segundo, nada sobre el número y tipo de pruebas diagnósticas y servicios sanitarios derivados a la privada, por especialidades, así como el importe abonado.
Al respecto, fuentes de la Conselleria de Sanidad han reiterado “su compromiso con la transparencia y el respeto al derecho de información de los representantes parlamentarios”. De hecho, han asegurado que no se ha dejado de responder “ni una sola solicitud de información desde el inicio de la legislatura”.
En relación con la referida sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, han señalado que la conselleria “sí facilitó información sobre el gasto sanitario solicitado, si bien el tribunal considera que debía haberse aportado con un mayor nivel de desglose”.
La propia resolución judicial reconoce “la existencia de serias dudas jurídicas en la controversia, motivo por el que no impone las costas procesales a la Administración”. La conselleria estudiará “el alcance de la resolución, que todavía no es firme, y continuará trabajando para garantizar que la información parlamentaria se facilite con el rigor técnico y las garantías jurídicas necesarias”.
Desde Sanidad han insistido en que no hay condena en costas para la Conselleria, “algo que contrasta con los cerca de 70.000 euros abonados por las condenas en costas por 97 solicitudes de información sin respuesta entre 2020 y 2023”. Por contra, “desde julio de 2023 los tribunales solo han estimado dos recursos del grupo parlamentario socialista, y en ambos casos se reconoce que se ha facilitado información, aunque se requería mayor desglose de la misma, razón por la que en ambos casos se desestima la condena en costas”.
Opacidad también en el plan de choque
Esta es el segundo fallo contra Marciano Gómez por no aportar toda la información requerida al grupo socialista sobre los pagos a las empresas de la sanidad privada, tras la dictada a finales de septiembre, cuando el TSJ condenó al conseller por vulneración de derechos fundamentales de la misma diputada socialista, al negarle información sobre las cantidades económicas abonadas a cada uno de los centros sanitarios privados por la derivación de intervenciones quirúrgicas, la realización de pruebas diagnósticas y las lecturas e informes vinculados a pruebas en los ejercicios de 2024 y de 2025.
En esa ocasión, inicialmente Gómez no dio ninguna información, alegando que era “complejo” pero, cuando el PSPV-PSOE registró la demanda, el conseller remitió a la Cámara una “ampliación de información” en la que aportaba datos parciales y también “por bienios”. El TSJ le dio también un mes para que entregue la documentación requerida, aunque todavía no lo ha hecho.
Los ejercicios de 2024 y 2025 son los primeros años completos de gestión del Consell de Mazón y de Pérez Llorca, en los que, tal como denuncia Jose Muñoz, “se produjo una escandalosa transferencia de recursos públicos a la sanidad privada, con la que el conseller está sincronizado, mientras vemos que está llevando a cabo una política de deterioro progresivo de la sanidad pública con listas de espera desbocadas, una atención primaria en precario y hospitales con una falta de medios evidente”.
La sentencia del TSJCV concluye que la respuesta del conseller “no cumple con la petición de la diputada”, por lo que “la Sala considera que se ha producido una vulneración del artículo 23.2 de la Constitución Española, pues, en efecto, como se alega en la demanda, respecto de la primera petición, se agrega 2024 y 2025 y omite el concepto o servicio y se sustituye el importe pagado por obligaciones tramitadas o reconocidas”. Respecto de la segunda solicitud de documentación, “la misma era clara y explícita y la Administración sustituye cinco porcentajes anuales por una media conjunta, sin identificar especialidades; omite el número y tipo de pruebas diagnósticas que también se le solicitaba, así como los servicios sanitarios derivados y los importes abonados por esas prestaciones”.
“La Administración imposibilita conocer cuánto corresponde realmente a cada ejercicio; qué evolución experimentó el gasto y qué departamentos variaron las derivaciones (en aumento o disminución), así como las especialidades y los servicios que motivaron los pagos”, advierte la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
“Esta es la transparencia de Feijóo y el PP”
José Muñoz ha censurado las “maniobras inadmisibles” del conseller de Sanidad “para ocultar al Parlamento y a todos los valencianos cómo está hinchando los bolsillos de los empresarios de la privada mientras los valencianos sufren la degradación de la sanidad pública”. “No es de recibo que el Consell que dirige Juan Francisco Pérez Llorca, al que en su partido le han hecho un dosier con una retahíla de presuntas corrupciones, se refugie en la opacidad, vulnerando la legalidad, para ocultar el desvío masivo de recursos a las empresas privadas y la sanidad privada”, advierte el síndic socialista.
“Esta es la transparencia del PP y de Feijóo, la de contarnos que no puede dar datos por ejercicios, cuando toda la información económico-presupuestaria de la Generalitat se realiza obviamente por anualidades, incluidas las Memorias de Gestión de la propia conselleria que dirige Marciano Gómez, que insulta la inteligencia de todos los valencianos con argumentos que, afortunadamente, han sido desmontados por los tribunales”, recrimina Muñoz.
“El agente comercial de la privada, el señor Gómez, hizo un traje a medida de las empresas concesionarias de los departamentos de salud que estaban privatizados firmando en 2025 más de 30 liquidaciones anuales con una cápita [pago por habitante en cada área de salud] totalmente hinchada tras la pandemia, tal como advirtió la Intervención y sin asumir el criterio de la Sindicatura de esperar al informe del Consell Jurídic Consultiu”, ha recordado Jose Muñoz, para el que esto supuso “todo un pelotazo a favor de la privada a costa de los recursos de la sanidad pública, presentes y futuros”. El Consell Jurídic resolvió que el Gobierno de Pérez Llorca no debió abonar a las concesionarias privadas unas liquidaciones con el precio hinchado por la pandemia, lo que supuso que las empresas sanitarias percibieran millones de más.
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