Vox se abre paso en el futuro Gobierno de Moreno con una negociación al límite: “Andalucía ya no es una excepción”
Andalucía, la comunidad más poblada de España, se aproxima lenta pero inexorablemente a un pacto de gobierno entre PP y Vox clave para el futuro del país y de las próximas elecciones generales. Lo que están ultimando las dos fuerzas conservadoras en estas horas, previas a la segunda votación de investidura de Juanma Moreno, tendrá mucho más repercusión política que los pactos que ya han firmado en Extremadura, Aragón y Castilla y León.
Lo tendrá, necesariamente, por volumen: porque Andalucía contiene más habitantes que las otras tres comunidades juntas -8,5 millones de personas, casi el 20% del país-; porque maneja más presupuesto que las otras tres regiones juntas -51.600 millones de euros-; y porque aporta al Congreso 61 diputados de los 350 escaños.
La pica de Santiago Abascal en este territorio significa que “ya no hay marcha atrás”: la ultraderecha se ha hecho imprescindible para la gobernabilidad en el bastión de Juanma Moreno, referente del PP más moderado, al que ahora le empujan su centro de gravedad política hacia posiciones más ultra, más incómodas. “Juanma es una pieza de caza mayor” para Abascal, mascullan en el Palacio de San Telmo.
Si el acuerdo aún no está cerrado en Andalucía, es precisamente porque Moreno y los suyos pelean in extremis para conservar un perfil propio dentro del PP, para mantener esa singularidad que le hace destacar en su propio partido, como baluarte de la moderación, la concordia, el diálogo, y firme enemigo de la polarización, la bronca, el ruido y la crispación.
“Andalucía ya no es una excepción”
Moreno quiere firmar menos contrapartidas que otros barones territoriales del PP, porque considera que su resultado en las elecciones del 17 de mayo -el 41,16% de los votos y 53 escaños- es porcentualmente superior al resto: tiene más votos que hace cuatro años, es primera fuerza en las ocho provincias, saca más ventaja al segundo (PSOE) y al tercero (Vox) y, sobre todo, se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta.
Pero también es muy consciente de que “a Vox no le interesan las matemáticas”. “A ellos les da igual si necesitamos dos votos a favor o cuatro abstenciones, ellos tienen 15 diputados y van a hacer valer sus 15 diputados”, se lamentan en el entorno del presidente andaluz. “No entiendo por qué lo que es bueno para el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León no va a ser bueno para el PP de Andalucía”, dijo este miércoles el diputado nacional de Vox, José María Figaredo, en Tele 5. “Andalucía ya no es una excepción”, subrayan fuentes del grupo parlamentario.
Es el mito de Juanma Moreno, el verso suelto dentro del PP por obra y gracia de su mayoría absoluta, justo lo que Abascal aspira a desmontar. Y no es el único, porque una parte nada desdeñable de su propio partido, la que va desde Isabel Díaz Ayuso hasta el núcleo duro que rodea a Alberto Núñez Feijóo, ya da por amortizada su comunión con la ultraderecha, “la única fórmula posible para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa” en las generales de 2027, dicen fuentes de la dirección nacional.
Vox quiere, por tanto, alinear a Juanma Moreno con María Guardiola, con Jorge Azcón y con Alfonso Fernández-Mañueco, imponiendo las mismas cláusulas en la negociación: la “prioridad nacional”, ese axioma antiinmigrante que ya han engullido los otros tres barones del PP; el discurso beligerante contra la población extranjera, rechazando el reparto de los menores extranjeros no acompañados...
Esta parte, aunque sea la más mediática, es la que está más amortizada en el equipo de Moreno. En su primer pacto de investidura con Vox, en 2019, ya cimbrearon la negociación pidiendo la “deportación de 52.000 inmigrantes de Andalucía”, algo que posteriormente retiraron. Entonces, los populares se congratularon de haber logrado los votos de Vox a cambio de promesas en materia migratoria que “son competencias del Estado”. “A mí eso sólo me obliga a escribirle una carta al ministro de Interior”, ironizaba uno de los dirigentes del PP que estuvo en aquella negociación.
“Quieren más poder y más presupuesto”
Esos primeros tres años de convivencia política entre PP y Vox sirven de manual para entender lo que vamos a ver ahora: la ultraderecha, desde fuera del Gobierno andaluz, solía reinterpretar el acuerdo augurando unas consecuencias políticas que, en la práctica, nunca se dieron (véase en qué quedó el cacareado debate sobre el llamado “pin parental”); mientras que el PP, desde dentro del Ejecutivo junto a Ciudadanos, circunscribía su compromiso a la literalidad del pacto. Ni más ni menos. A la postre, los de Abascal consiguieron de aquel acuerdo más titulares rimbombantes que medidas reales.
Ahora, la preocupación del equipo negociador de Moreno ha pasado de largo de la prioridad nacional y se centra en reivindicaciones más tangibles. “Son más pragmáticos, quieren más poder y más presupuesto”, dice un dirigente popular. En esta lista de peticiones estaría la entrada de Vox en un Gobierno de coalición, que el PP ya da por descontado, según las fuentes consultadas, aunque hay “flecos importantes” sobre el reparto de competencias.
De entrada, los de Abascal aspiran a dirigir la consejería de Agricultura, igual que en el resto de territorios, aunque aquí el presupuesto que manejarían alcanza los 2.000 millones de euros, más que las otras tres comunidades juntas; o bien una cartera de “perfil social” que les permita maniobrar en sus guerras culturales (natalidad y políticas antiabortistas; asfixia financiera a ONG y ayudas a la cooperación...).
También reclaman dos miembros en la Mesa del Parlamento, para arrebatar a los populares el control absoluto del órgano que marca los tiempos y las prioridades legislativas de este mandato (esto obligaría a dimitir a dos de los miembros que puso el PP); una mayor presencia en los órganos de extracción parlamentaria, como la Defensoría del Pueblo Andaluz, y en especial en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA); y un replanteamiento del “pacto verde”, del posicionamiento político respecto a los acuerdos alcanzados en Bruselas que afectan al campo andaluz; y modular el discurso de Moreno respecto al cambio climático: “no al fanatismo climático”, le indicó su líder, Manuel Gavira, durante su intervención en el Pleno.
En el espacio de mayor coincidencia están las rebajas fiscales, bandera de Moreno con la que Vox siempre ha estado de acuerdo, y la desregulación y desburocratización de los trámites administrativos para agilizar los proyectos empresariales.
“Humillación”
El debate de investidura de Moreno en el Parlamento andaluz dejó al descubierto un cambio de registro entre la “humillación” de la sesión del lunes -la dirección nacional de Vox anunció el voto en contra cuando Moreno aún iba por la mitad de su discurso- y la “reconciliación” de la sesión del martes, en la que ambas formaciones se trataron con mimo y escenificaron un acercamiento de posturas, una predisposición a pactar “cuanto antes”.
A partir de ahí, comenzó en el PP andaluz el proceso para relativizar todo lo que antes de las elecciones parecía un “lío”. De entrada, ese “eslogan vacío” de la “prioridad nacional”, en palabras del propio Moreno. “Algunas propuestas son irreales y otras son ilegales. En este caso es la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y las leyes orgánicas las que nos marcan lo que tenemos que cumplir y el PP no va a vulnerar nunca la ley. Ahora, que ellos lo quieren denominar prioridad nacional, me parece muy bien”, dejó dicho durante la campaña.
Tras la votación fallida del martes, Moreno salió del hemiciclo confiado en cerrar el acuerdo con Vox en las siguientes 48 horas, antes de la segunda votación del jueves, próxima a las siete de la tarde, cuando se cierra el plazo límite. “La prioridad nacional la han firmado en todos los sitios. Es una habilidad coger una cosa que existe y decir que es tuyo”, avanzaban ya desde el entorno del presidente andaluz, tras admitir que estaban “cerrando flecos en la parte programática, y después irá la formación del gobierno”.
Por la parte de Vox, donde negocian dos emisarios de Abascal enviados desde Madrid, la sensación de prisa es infinitamente menor que en el PP. La ultraderecha se ha instalado en una posición de máximos -aunque Moreno les agradeció durante el debate su “esfuerzo de entendimiento y por modular algunos de sus planteamientos”- y exige “plazos concretos y garantías de cumplimiento”.
“No vamos a cometer los mismos errores que con el acuerdo de investidura de 2019, que no cumplieron, por mucho que digan ahora que sí. Ya no somos novatos”, dice una fuente del grupo parlamentario Vox, tras subrayar que “ni van a renunciar a entrar en el gobierno ni a arrebatar la mayoría absoluta al PP en la Mesa del Parlamento”.
La oposición de izquierdas en bloque ha exigido a Moreno que vuelva a comparecer en el Parlamento, tras firmar el pacto con Vox, para someterlo al debate de la Cámara. El PSOE de María Jesús Montero prevé solicitar por escrito este debate bis de investidura al presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, porque considera que el primero fue “un fraude y una humillación” para los andaluces. “Se votó un proyecto de gobierno en solitario, cuando todo el mundo sabe que hay un pacto con la ultraderecha”, ha asegurado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez.
El portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, acusó a Montero de haber “importado a Andalucía el veneno del sanchismo desde el Congreso” y volvió a reprocharle que no haya facilitado la investidura de Moreno. “Han dicho que llega el fin del mundo, pero tienen en su dedo votar y no van a hacer nada para evitar ese fin del mundo”, ironizó.
Martín aseguró que “hoy están más cerca que ayer” del acuerdo con la ultraderecha, y defendió el diálogo con ellos por dos motivos: porque es “el único que ha mostrado disposición al diálogo”, y porque “con la izquierda no podemos compartir nada”.
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