Cuando el discurso no aguanta el espejo

El líder del PP ha vuelto a pegarse un tiro en el pie. Y ya son muchos. El día que la Audiencia Nacional imputa a la presidenta de la SEPI y otras 24 personas en la causa que investiga a la ex militante socialista Leire Díez, no se le ocurre otra cosa que hablar de “ingeniería electoral” al hilo de la llamada ley de nietos, sugerir que Pedro Sánchez podría estar preparando un pucherazo para las próximas elecciones generales y mezclar todo ello con bulos varios sobre la regularización de inmigrantes.  

¿Algún dato? ¿Alguna prueba? Ni lo uno ni lo otro. La respuesta a su dislate está en el manual de la ultraderecha global sobradamente ensayado aquí, allá y acullá. En EEUU, en Brasil, en Perú, en Argentina, en Hungría… En la frustración por los sondeos que no le conceden rédito electoral por el desgaste que acumula el Gobierno. Y en la competencia feroz con Vox. 

El caso es que Feijóo no necesita adversarios ni enemigos. Se basta y sobra consigo mismo. Su discurso no aguanta el espejo. Da igual que hable de pensiones, de indultos, de independentismo, de inmigración, de represaliados del franquismo o de la ley de nietos, que es la que le ha hecho desbarrar por enésima vez y ponerle frente al espejo de sus propias contradicciones. La izquierda habla de cinismo mientras en el universo popular no dejan de preguntarse si falla él o fallan los filtros que debieran evitar sus tropiezos. Hay dudas. Claro que lo uno tampoco es invalidante de lo otro. Pueden ser ambas cosas. El caso es que en el combate Feijóo vs. Feijóo siempre gana la contradicción.

Llegó a la presidencia del PP en 2022 con reputación de gestor prudente y poco dado a la improvisación y en estos años ha dado muchas más muestras de temeridad que de cautela y de inconsistencia que de solidez. Tantas que ha dejado al descubierto una incomprensible afición por contradecirse a sí mismo porque, en efecto, hubo un tiempo en el que Feijóo defendió lo contrario a lo que ahora crítica de la disposición octava de la ley de Memoria Democrática.

Hay pruebas, hay memoria y hay hemeroteca: 

– Durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, el PP presentó en el Congreso más de 70 enmiendas de supresión al articulado y ninguna de ellas afectaba a la disposición adicional octava, que regula la concesión de la nacionalidad a los descendientes de exiliados. Únicamente registró una enmienda de modificación a dicha disposición, que posteriormente registró y que decía lo siguiente: 

“Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil. 

Igualmente podrán adquirir la nacionalidad española, los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. En todos los supuestos, esta declaración deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley.»

– Durante la tramitación en el Senado, el partido de Feijóo presentó cien enmiendas al articulado, pero ninguna afectaba a esta cuestión.

– En el programa electoral del 23J, los populares incluyeron una Ley de Acceso a la Nacionalidad de los Nietos reformada para que la comunidad de descendientes de españoles mantuviera el derecho de opción a la nacionalidad española:

“La Comunidad de descendientes españoles mantendrá el derecho de opción a la nacionalidad española, garantizado por una ley de Acceso a la Nacionalidad de los Nietos reformada. Para atender esta demanda también se hace necesario el refuerzo de los Consulados encargados de la tramitación de los expedientes de nacionalidad”

– En noviembre de 2022, justo después de que el Gobierno de Pedro Sánchez derogase el voto rogado, Feijóo llevó a cabo una gira por Uruguay, Argentina, Chile y Ecuador (con una suma potencial de 600.000 electores) y allí se comprometió a “impulsar una ley de nacionalidad para los nietos de españoles en el exterior y a derogar la mal llamada Ley de memoria democrática”. Dijo también que su norma estaría “fuera de planteamientos ideológicos y de rencores para desvincular la nacionalidad de la ideología”.

– En 2018, el Grupo Popular apoyó la tramitación de una proposición de Ley en el Senado sobre la concesión de la nacionalidad a los descendientes nacidos en el extranjero de progenitores españoles que se habían quedado “fuera” de la Ley de Memoria Histórica. La tramitación de la norma decayó por la convocatoria de elecciones en 2019.

– En 2006, Feijóo declaró en Uruguay que no tenía “sentido” que un nieto de españoles “tenga menos derechos que un inmigrante”.

– En Buenos Aires, también en 2006, ante emigrantes españoles, se preguntó por qué sus hijos o nietos no podían tener la nacionalidad y sí “los africanos del norte o cualquiera que no tenga sangre española”. El capítulo del racismo implícito lo dejamos para otra ocasión.

– En 2002 se aprobó una reforma del Código Civil para que los hijos con padres originariamente españoles pudieran “optar por la nacionalidad española sin límite de edad”. El Gobierno de Aznar calculó entonces que alrededor de 700.000 personas podían beneficiarse de la norma a partir de su entrada en vigor, el 9 de enero de 2003.

– La ahora portavoz Ester Muñoz hizo también una elocuente defensa del asunto cuando era senadora en 2023: “Este grupo parlamentario (PP) considera que es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes. Tuvieron que pasar en su día por el trago amargo e injusto del exilio, ya es hora de que recuperen lo que nunca debieron haber perdido, la nacionalidad española”.

Nadie deslizó entonces la posibilidad de un pucherazo electoral porque se entendía que se trataba de una medida reparadora con las personas de nacionalidad española que sufrieron el exilio durante la dictadura y de justicia histórica hacia quienes tuvieron que abandonar España huyendo de la persecución y de la miseria. Y tampoco cuando en 2015, el PP sacó adelante la Ley que otorgaba la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España –descendientes de judíos expulsados en 1492 por los Reyes Católicos– y se justificó como “un proceso de concordia”. De hecho el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, se refirió a ella como “una auténtica reparación histórica quinientos años después”. Aquí va una pregunta para Feijóo: ¿Por qué los sefardíes expulsados sí merecen reparación y los exiliados de la Guerra Civil y el franquismo, no? 

Las solicitudes para la concesión de la nacionalidad a los sefardíes se tramitaron de forma electrónica a través de la Dirección General de los Registros y Notariado, con un plazo de tres años, que se prorrogó durante uno más. Según datos del Ministerio de Justicia a 31 de marzo de 2026, de un total de 153.774 solicitudes recibidas en el Consejo General del Notariado, 89.078 reunían las condiciones para tramitarse, y actualmente se ha concedido la nacionalidad a 73.017 personas, principalmente de México, Colombia y Venezuela.