Que los jueces del Supremo se presenten a las elecciones

El proceso de regularización de inmigrantes es algo más que una de las medidas estrella de Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de una de esas iniciativas que marcan políticamente todo un gobierno. Sobre todo, porque afronta de manera audaz una cuestión que sus oponentes han traído al centro del debate político. Y lo hace rompiendo con las asunciones que sus contrincantes ideológicos han venido presentando como indiscutibles. Una vez que en toda Europa la ultraderecha ha colocado a la inmigración en el centro de las preocupaciones ciudadanas, los conservadores se han limitado a comprar el discurso de las expulsiones. Frente a ellos, Sánchez opta por la regularización y abre la posibilidad de un paradigma totalmente diferente.

Así es como se hace la auténtica política, se esté o no de acuerdo con el contenido. Elegimos a nuestros representantes para que desarrollen iniciativas como esa.

La regularización ha cogido con el paso cambiado a los gobiernos de otros países que se habían resignado a la mano dura y ha incendiado a la derecha patria. Convencidos de que ellos debieron ganar las elecciones, Vox y PP consideran ilegítimo al Gobierno de Pedro Sánchez desde el día mismo de su designación parlamentaria. Es un sentimiento que se exacerba las pocas veces que el ejecutivo toma medidas verdaderamente políticas capaces de transformar la sociedad.

Sin embargo, la lógica de nuestro sistema constitucional es la que es. Y ni con los diputados que ahora tienen ni con las encuestas de previsión de votos pueden hacer nada para evitar que el Gobierno gobierne.

O casi nada. Porque, desde hace décadas, en nuestro país cuando a un grupo no le gusta las medidas que legítimamente toma un gobierno de signo contrario lo lleva a los tribunales. Es lo que los académicos llaman judicialización de la política.

Formalmente, se trata de controlar la regularidad de las medidas de gobierno y es algo legítimo. Cada vez más, sin embargo, es un modo de sustituir la acción política por la judicial. A demasiados jueces les puede el activismo. Renuncian a autorrestringirse y resuelven aplicando una interpretación ideológica de las normas, por decirlo suavemente. Aunque lo revistan de argumentación jurídica, en esencia sustituyen las valoraciones de los órganos políticos y administrativos por las suyas propias.

Las primeras demandas contra el proceso de regularización las presentaron Vox y la Comunidad de Madrid.

El tema de fondo aún se está tramitando, pero en este caso la pelea trascendental es la de la suspensión: los recurrentes no buscan tanto tener razón como que, mientras se decide si la tienen, la justicia deje en suspense la aplicación de la norma. De esa manera paralizan el proceso e impiden que ningún extranjero regularice su situación por ahora. O definitivamente, si alcanzan la victoria en las elecciones del año que viene y anulan la medida antes de que vuelva a estar en vigor.

La primera batalla la perdieron hace unos meses. Resolviendo sobre el recurso de Vox y la Comunidad de Madrid, una mayoría de jueces entendió que no había riesgo de un daño irreversible que aconsejara interrumpir cautelarmente el proceso de regularización.

Hubo dos magistrados disidentes. Estaban a favor de dejar en suspenso la regularización y lo hacían con argumentos sobre su maldad. Evidentemente, la regularización no les gusta. Casualmente, se trata de dos jueces muy cercanos al Partido Popular. Y casualmente, esos mismos dos jueces, junto al que fue la punta de lanza de los populares en el Supremo durante años, acaban de poner en marcha una estratagema aprovechando que ahora tienen que resolver los recursos presentados por la Comunidad Valenciana y Aragón. Básicamente, antes de decidir sobre la suspensión van a preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la regularización se opone a alguna norma europea.

Plantear una cuestión judicial ante el máximo órgano judicial de la Unión Europea es una libre facultad de todo juez que crea que una norma española se opone a otra de derecho comunitario. Sin embargo, los tres magistrados disidentes fundamentan esta contradicción con argumentos estrictamente políticos o cogidos por los pelos.

Sin citar reglas europeas específicas, plantean que ningún país de la UE puede aprobar una regularización por sí solo. Contra la decisión del Gobierno español invocan principios genéricos como la obligación de hacer una “gestión eficaz” del retorno de irregulares. O el principio de “cooperación leal”, que creen que impondría haber negociado antes con la Comisión. Incluso alegan un supuesto “principio de solidaridad” con otros países. En definitiva, conceptos vagos que los tres magistrados montaraces interpretan según su propia visión del mundo y de la inmigración. Reiteradamente, se quejan de que el Gobierno español está actuando por razones políticas y no por lo que ellos creen que es el interés general pero no es más que su propia ideología.

Lo cierto es que ningún precepto del pacto migratorio aprobado en el 2024 ni del resto de normativa en vigor prohíbe a un Estado tener su propia política en materia de regularización. De hecho, el acervo comunitario se preocupa más de recoger unos derechos mínimos de los inmigrantes que de poner un tope a que se les amplíen. Incluso el art. 6.4 de la Directiva de Retorno reconoce expresamente que el Estado puede eximir al migrante de la obligación de retorno o paralizar una expulsión ya decretada.

Da igual. Porque no se trata de derecho.

Estos jueces del Tribunal Supremo simplemente no comparten la política de inmigración del Gobierno. Su iniciativa es política, aunque la revistan con ropajes jurídicos construidos a posteriori. Todo indica que quieren usar la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para argumentar sobre los males catastróficos de la regularización y presionar así para suspender su aplicación, ahora que 1,2 millones de personas han formalizado sus solicitudes.

No sabemos si lo conseguirán. Pero sí sabemos que el sistema democrático exige que las decisiones políticas las tomen órganos con legitimidad democrática para ello.

A los jueces les corresponde aplicar las normas aprobadas por el poder político. Solo pueden anularlas o inaplicarlas si se oponen a otras normas. Por más que muchos magistrados se sientan activistas llamados a hacer lo que puedan contra el Gobierno de izquierdas, esa no es su función constitucional. Por el mero hecho de haber aprobado una oposición, no pueden imponernos al resto de la sociedad sus ideas. Tampoco pueden impedir que el Gobierno gobierne. Si de verdad quieren funcionar así, en vez de dictar estas resoluciones desvergonzadas lo que tienen que hacer es presentarse a las elecciones. Lo contrario resulta todo menos democrático.