Palante, con togas y a lo loco

Por fin el juez peinado ha concluido su investigación sobre Begoña Gómez y enviado el asunto a juicio. Acaban más de dos años de instrucción, en los que de manera irregular se han ido investigando y descartando sucesivamente numerosos delitos. Si alguien esperaba que su señoría fuera a despachar este último trámite sin una sonora campanada, no ha entendido de qué va el asunto.

Cualquiera que haya seguido este procedimiento casi inquisitorial plagado de errores y disparates jurídicos puede razonablemente tener la impresión de que su objetivo principal no es la realización de la justicia. Hay razones de sobra para que gran parte de la ciudadanía sospeche que de lo que se trata en realidad es de intentar tumbar al gobierno.

El empeño del instructor en hurgar en cada detalle de la vida de la esposa del presidente del Gobierno en busca de posibles actos reprobables está fuera de toda duda. Comenzó siendo investigada por recortes de prensa qué le atribuían haber participado en la concesión del rescate estatal a una línea aérea. En el auto de 84 páginas que acabamos de conocer no queda rastro de aquello. Se le acusa en cambio de haber conseguido una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, de haber registrado a su nombre un software elaborado en ese marco y de que la asistente de la que dispone para su tarea institucional se dedicará también a ayudarla en cuestiones privadas. Las pruebas son esencialmente inconsistentes en todos los delitos. En todo caso, su fundamento tendrá ya que discutirse en un juicio.

Lo que ha llamado la atención, más allá de las acusaciones, es la instrucción en sí misma. A veces ha dado la impresión de que el manejo de los tiempos por este juez peculiar obedeciera al deseo de dañar la fama y la reputación del presidente del Gobierno. Llegó a forzarlo a declarar en un trámite que no aportaba nada a la causa y cuyas imágenes fueron inmediatamente filtradas sin que el magistrado tomará ninguna medida para impedirlo o castigarlo. Incluso imputó sin base alguna al mismísimo ministro de Justicia, en una resolución corregida por la Audiencia Provincial que parecía tener más de vendetta que de Justicia. En fin, los indicios de contaminación política son tantos y tan espectaculares que no merece la pena mencionarlos en detalle.

Con estos antecedentes era de prever que su actuación terminara con unos fuegos artificiales a la altura del personaje. Sobre todo en una semana en la que se empezaba a hablar de nuevo de las presuntas corruptelas de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Así ha sido: el instructor ha decidido nada menos que retirarle el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno.

La decisión es difícil de defender con las leyes en la mano. Resulta obvio recordar que no es una sanción. Begoña Gómez no puede ser castigada por nada, puesto que mantiene incólume su presunción de inocencia. Privarla de su pasaporte es tan solo una medida de cautela para asegurar que se la pueda juzgar en su momento, reduciendo el riesgo de fuga.

Sin embargo, constitucionalmente constituye una restricción de derechos fundamentales. Eso significa que solo puede imponerse si realmente es necesaria, no cabe otra opción menos lesiva y no resulta desproporcionada para el fin que se persigue. Nada de eso se cumple en este caso.

Por un lado el propio juez reconoce que incluso en la eventualidad de que la señora Gómez fuera hallada culpable de sus delitos eso no implicaría necesariamente su entrada en prisión. De otra parte, la mera obligación de acudir a firmar al juzgado cada dos semanas serviría de manera similar para esa finalidad. Más allá, parece a todas luces evidente que el riesgo de fuga en este caso es prácticamente nulo.

En ninguna cabeza razonable cabe la idea de que la mujer del presidente del Gobierno en ejercicio huya por sorpresa a algún país lejano. Sus funciones públicas y el impacto que ello tendría en el cargo de su cónyuge hacen que se trate de una hipótesis fantasiosa. En el peor de los casos, resulta que esta señora está todo el día controlada y protegida por agentes de policía. Todo esto lo sabe el juez y lo contesta con el único argumento de que la policía no es de fiar y podría ayudarla a escapar. Un nuevo dislate jurídico de los suyos.

Seguramente sea absurdo rebatir jurídicamente su decisión y evidenciar por qué carece de todo respaldo normativo. Ante la sensación de que se trata de una instrucción con finalidad esencialmente política, los argumentos jurídicos tienen muy poco peso.

Desde esa perspectiva, la decisión del magistrado Peinado supone una gravísima intromisión en el poder Ejecutivo. La retirada del pasaporte de Begoña Gómez impide que pueda participar en eventos internacionales a los que sea invitada con su pareja. Se evidenciará así, incluso visualmente la soledad del presidente del Gobierno, dando pie a que se extienda por la ciudadanía y los medios incluso internacionales la impresión de que se trata de un gobernante corrupto. Al juez le correspondía dirigir la instrucción con el máximo respeto a los derechos de las personas, incluidas la fama y la reputación de quien aún es inocente y de sus familias. Parece que no ha sido capaz.

Los jueces de instrucción gozan en nuestro sistema de un poder prácticamente ilimitado. Eso es así porque nuestro sistema está pensado para un modelo de jueces responsables y con capacidad de autolimitación. Algo desgraciadamente más escaso cada día en nuestro país.

No es un problema solo del juez Peinado. Gran parte de la judicatura española no tiene ningún escrúpulo en salir a la calle a participar en manifestaciones políticas ultras vestida con sus togas. Entre nuestros jueces se ha convertido en costumbre presumir en espacios públicos y redes sociales de su ideología conservadora. Lo mismo se niegan aplicar leyes aprobadas por el Parlamento que aplican diferente vara de medir en sus decisiones según su coincidencia ideológica con los afectados. A la vista de todo ello uno diría que son muchos los que de entre ellos han renunciado actuar con la necesaria imparcialidad.

En este contexto, se hace muy difícil salir a defender a un juez de instrucción cuyas decisiones, por lo que sea, coinciden además con las instrucciones de un oscuro personaje que anunció hace tiempo que Begoña iba p'alante.

Tenemos, pues, un problema con la justicia. Multitud de magistrados y magistradas parecen empeñados con togas y a lo loco en una campaña de desprestigio contra su profesión. Quieren ser obedecidos por su posición pero han renunciado a toda autoridad moral y legitimación de ejercicio. Es un problema sin solución: no hay alternativa, más que esperar que aprendan a autolimitarse y comportarse como exige su cargo. Cualquier tentación de controlar a los jueces desde fuera nos acerca a la autocracia, así que solo queda esperar por jueces más imparciales.

Por ahora, la interferencia en las funciones del presidente del Gobierno, alterando su agenda y dañando injustificadamente su reputación no puede ser corregida. Contra la decisión no cabe recurso. Son malos momentos para la democracia.