¿Quieren acabar con el Gobierno? Lean la Constitución

No está el ambiente para que haya muchas risas en el Gobierno, pero el jueves los socialistas decidieron regalarse un momento gamberro en el pleno del Congreso. Salió adelante una moción del PP con el apoyo de Vox y Junts en la que se pedía a Pedro Sánchez “considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza” y ya de paso se reclamaba su dimisión. Se aprobó por 178 votos a favor y 171 en contra. Sánchez y sus diputados se levantaron a aplaudir, una forma de mostrar que sólo se trataba de un espectáculo sin importancia. Un día más en la oficina. Ellos dijeron después que se felicitaban por la aprobación de dos leyes. Vale, como le dijo Sánchez a Ione Belarra, para ti la perra gorda.

La moción no tiene ningún valor vinculante. No obliga legalmente a Sánchez a hacer nada. Es como entonar cantos regionales en el Congreso. Da para unos cuantos titulares y no mucho más. Refleja una realidad política conocida que no se puede obviar. El Partido Popular se apresuró a anunciar que se trataba de un momento “histórico”, lo que supone una notable devaluación del concepto. Como cuando la prensa deportiva dice que una victoria del Real Madrid en Múnich por tres goles de diferencia es algo histórico. Si algo no ha ocurrido antes, eso no significa que sea histórico (pronúnciese la palabra en tono de admiración y regocijo).

Tanto que dicen que la Constitución debería enseñarse en los colegios y resulta que ni los políticos se la saben o la tienen en cuenta. La forma en que un Parlamento pone fin a un Gobierno es con una moción de censura (o con la derrota del Gobierno en una cuestión de confianza). Es lo que marca la Constitución. El PP lleva toda la legislatura acusando a Sánchez de estar violentando o vulnerando la Carta Magna. Algunos tontos útiles argumentan que la Constitución ha quedado derogada “de facto”. Será dentro de su maltrecho cerebro, porque sigue estando en vigor y condicionando el funcionamiento de las instituciones. A la hora de la verdad, la Constitución es sagrada para algunos, pero no tanto cuando no les conviene. 

Cumplir el texto constitucional tampoco es una garantía de buen gobierno. En el mundo real, ocurren múltiples factores que limitan su aplicación. El derecho a una vivienda digna aparece en su articulado, y ya sabemos que eso es una quimera para millones de personas. 

Cuando se redactaba la Constitución de 1978, se escribió en muchos artículos que sus autores habían optado por el modelo alemán. La moción de censura debía ser constructiva e incluir un candidato como presidente. El relevo era inmediato, como sucedió en 2018. Podían haber elegido el modelo italiano, donde el triunfo de una moción de censura supone la dimisión inmediata del primer ministro y de su Gobierno, que quedan en funciones a la espera de que el presidente encargue la formación de un nuevo Gabinete a otro político o, si resulta imposible, convoque nuevas elecciones. 

El elevado número de gobiernos en Italia en los años 70, con una duración media inferior a un año, no animaba a seguir ese camino. El político paradigmático de esa época fue Giulio Andreotti, siete veces primer ministro. Su currículum no acaba ahí. Fue ocho veces ministro de Defensa, a lo que hay que sumar otras quince carteras en otros gobiernos. La formación de un nuevo Gabinete era casi una rutina anual.

Se eligió la opción de la moción de censura constructiva en España para dar mayor estabilidad a los gobiernos. Por entonces, se pensaba que había que asegurar la continuidad del poder ejecutivo y no dejarlo al albur del combate político que se produciría en el legislativo. Al igual que con la jornada de reflexión, algunos creían que nos íbamos a acuchillar por las calles por nuestra falta de cultura democrática. De más está decir que esas cautelas nos parecen ahora excesivas. 

El sistema político se encuentra en una situación de empate permanente. El Gobierno carece de una mayoría en el Congreso después de que Junts haya dejado claro una y otra vez que ya no le apoya. La oposición no puede aprobar una moción de censura porque ni el PNV ni Junts están dispuestos a votar a favor de Feijóo. En este punto es difícil llegar a una conclusión, porque Junts va cambiando de posición cada semana en las votaciones. Y así estamos desde hace meses dando vueltas sobre lo mismo. Si la situación económica fuera muy mala, las consecuencias serían graves. Como no es el caso, el Gobierno puede seguir dando patadas al balón hacia adelante y ver qué pasa después.

En cualquier caso, la crítica a un Gobierno que no ha conseguido aprobar presupuestos en esta legislatura es legítima. ¿Gobernar para hacer qué? Sánchez ha intentado responder a esa pregunta con un tuit que destaca cinco medidas puestas en marcha esta semana. La más importante es la promesa de destinar 6.200 millones más en dos años para el gasto en dependencia por las comunidades autónomas. Pero es una promesa que va más allá de esta legislatura y que depende también de lo que gasten las CCAA en la parte que les toca. 

Al PP no le conviene presentar una moción de censura que no puede ganar a día de hoy. Así que se conforma con poner cara de estar muy enfadado, porque Sánchez no le hace el favor de convocar elecciones. Y rendirse antes si puede ser. Junts hace algo parecido, pero lo dice en catalán. Ninguno de los dos se atreve a pactar la moción. El simple roce entre ambos provocaría rechazo entre muchos de sus votantes y la brigada mediática que les apoya. Siempre queda la alternativa de generar confusión, como ha hecho Miguel Tellado en unas declaraciones: “Lo que sucedió en Cataluña en el 2017 sucedió en 2017. No se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy la amenaza no es el secesionismo. Es la permanencia en el Gobierno de una especie de organización criminal”. 

Pues muy bien. El PP reconoce que el desafío independentista en Catalunya es cosa del pasado. Lo apuntamos para la próxima vez que diga que España se rompe y que le quedan dos telediarios sin pausas publicitarias. 

¿Quién ha concedido a los jueces el privilegio de no ser criticados?

Si das la vuelta a la esquina, te encontrarás a un juez indignado por las críticas a las resoluciones judiciales. Puede que también haya uno debajo de tu cama muy interesado en contarte que esos ataques son un peligro para la independencia judicial. Luego te dicen que desde luego que los jueces son tan independientes como las vírgenes vestales y que todos sus autos y sentencias son impecables. Por tanto, habrá que llegar a la conclusión de que, por muchas críticas que reciban, continúan siendo independientes, ¿no?

En épocas menos tumultuosas que esta, sería bueno que al menos el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia se abstuvieran de criticar las decisiones judiciales. Por aquello de las apariencias. Pero ahora tenemos a un juez que pretende meter en la cárcel a la esposa del presidente después de una instrucción delirante. No es extraño que Sánchez se lo tome como algo personal.

José María Calero, abogado y fiscal en excedencia, publica un artículo en El País con varias ideas interesantes. Explica que criticar una resolución judicial no es un disparate, sino una forma natural de ejercer la libertad de expresión. ¿Dónde está escrito que en una sociedad democrática no se pueda criticar a los jueces que en sí mismos son una representación del poder del Estado? ¿Dónde han conseguido esos altos funcionarios del Estado ese privilegio? 

Resulta que algunos jueces, sobre todo si pertenecen a ciertas asociaciones judiciales, sí se reservan el derecho a criticar medidas políticas del Gobierno o del Parlamento, como vimos con la ley de amnistía, y hasta a manifestarse en la puerta de sus juzgados con las togas puestas. Cuando lo hacen, dicen hablar en nombre de los jueces o de la justicia. Calero les responde:

“Es frecuente esta profunda perversión del ejercicio de ese poder en estos días. Hemos oído expresiones como 'los jueces no nos vamos a dejar intimidar' u otras similares como '¿se creen que van a poder con los jueces y la Guardia Civil?'. Esas manifestaciones apuntan a un entendimiento personalista y equivocado de la naturaleza y los límites de su poder. El juez solo ejerce un poder legítimo en el dictado de sus sentencias, pero cuando pretende hablar como juez miembro de un poder colectivo en televisión hace un ejercicio ilegítimo y desviado de su poder. Por eso merece la crítica más simple y más severa: usted no es juez en este momento y debiera saberlo, los jueces como colectivo no son un poder legítimo en nuestro ordenamiento jurídico. Diga lo que quiera, pero acuérdese que lo hace como ciudadano, no como juez”.