Aragón como campo de pruebas del odio a los menores extranjeros

Cuando has decidido que los inmigrantes son el enemigo de España, la edad no es relevante. Necesitas que la gente vuelque también su odio contra los menores de edad. No son adultos, pero con el tiempo lo serán. No se hacen excepciones. El resentimiento es la primera etapa de un proceso que acaba siempre en el odio. A niños y adolescentes, se les ataca también porque son más débiles y vulnerables. Así sufrirán más y aprenderán cuál es su sitio en la sociedad.

El Gobierno de Aragón se ha dado prisa en plasmar esa discriminación que está en la base de los acuerdos del PP y Vox en las comunidades autónomas. La llamada “prioridad nacional” es el marco en que se van a mover las medidas que aprobarán en los próximos meses. Negar derechos a los extranjeros es otra forma de favorecer a los españoles de origen. Suena xenófobo, pero eso ya no es un problema para el PP. Por eso, los menores tutelados extranjeros se han quedado sin los 18 euros semanales que recibían en Aragón. Los menores que hayan nacido en España seguirán recibiéndolos.

La ayuda es calderilla. Su única función es dar algo de dinero a los menores para que no acaben mendigando en la calle. Una persona sin un euro en el bolsillo no tarda mucho en creer que no vale nada y que tendrá que hacer algo al respecto.

El objetivo final es humillar a esos niños para dejarles claro que no tienen ningún futuro en esta sociedad. Les vendría mejor buscar una forma de volver a su país. Evidentemente, demuestra que se ignoran por completo las razones por las que esas personas decidieron venir a España. Tomar represalias contra ellos no hará que elijan un futuro al que renunciaron hace tiempo.

En Aragón, hay 1.700 menores bajo tutela, de los que solo el 12% son extranjeros, es decir, 219, según contaron fuentes del Gobierno al Heraldo. El coste anual de estas pequeñas ayudas a cada menor de fuera está en torno a 186.000 euros.

La medida fue adoptada por el consejero de Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, de Vox. La defendió con el argumento de que responde al compromiso recogido en el pacto de gobierno entre PP y Vox de “no destinar recursos públicos a la inmigración ilegal”. Cualquier decisión sobre menores debería ser adoptada por los expertos en su tratamiento que trabajan en los centros de acogida. Pero aquí no hay ningún interés en preocuparse por el bienestar de esos jóvenes. Son culpables o sospechosos por haber nacido fuera de España. Es posible que sean de una raza diferente. Con más motivo, serán discriminados.

Aragón se convierte así en un ejemplo para la extrema derecha. Las direcciones de Vox en las otras comunidades autónomas con pactos con el PP no querrán quedarse atrás y cumplirán con las órdenes que les lleguen de Madrid.

La reacción del Partido Popular y de su presidente, Jorge Azcón, ha sido la de mirar a otro lado. La portavoz del Gobierno afirma que forma parte de las competencias de la Consejería de Nolasco y que solo intervendrían si fuera contraria a la ley. De momento, el Ministerio de Juventud ha denunciado el caso ante la Fiscalía por un delito de discriminación. En relación a las víctimas del veto, el Gobierno aragonés ha abandonado su obligación de proteger a esos menores.

Es difícil que Alberto Núñez Feijóo se muestre en público en contra de esta medida. A fin de cuentas, ha dicho en una entrevista reciente que “la inmigración es un problema” en España y en toda Europa. Insiste en sostener que “lo irregular no puede producir derechos”, lo que es una forma de rechazar todas las regularizaciones, incluida la adoptada por Aznar durante su Gobierno. Insiste en que la inmigración “tiene que ser con los mismos derechos y las mismas obligaciones que los nacionales de un país”. No parece que con esa idea se pueda justificar que los menores tutelados en Aragón tengan un tratamiento distinto en función de su lugar de nacimiento.

En realidad, cualquier análisis específico sobre las palabras de Feijóo es una forma de perder el tiempo. La prioridad del Partido Popular es no dejarse sobrepasar por la derecha por el partido de Santiago Abascal. De ahí la radicalización de sus críticas a la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez. Una vez formados los Gobiernos de coalición del PP y Vox en varias regiones, no hay forma de encontrar diferencias de fondo entre los dos partidos.

Ni siquiera los discursos de León XIV a su paso por España cambiaron esa estrategia. Feijóo dijo que estaba de acuerdo con todo lo que había dicho el Papa. Cuando este se fue, el partido ya no tenía ningún interés en fingir.

La paradoja es que cuanto más el PP cree necesitar acercarse a posiciones de Vox, menos le funciona en los sondeos. O quizá no sea una paradoja, sino una consecuencia inevitable. La última encuesta de El Mundo, que suele ofrecer previsiones favorables para el PP, lo sitúa unas décimas por debajo de su resultado de las elecciones de 2023. Toda la furiosa ofensiva contra el Gobierno por la corrupción, la inmigración y otros asuntos no le ha servido de nada a Feijóo.

Luego está la xenofobia de baja intensidad, como la de Alberto Nadal. El vicesecretario de Economía del PP comentó de esta manera la noticia del nuevo descenso del paro hasta el 9,8%, por primera vez desde 2008 por debajo del 10%: “Miradas las cifras con detenimiento, de los 510.000 empleos creados en el último año, 122.000 son españoles y 388.000 extranjeros o doble nacionalidad”.

Es curiosa la distinción porque los que tienen doble nacionalidad son españoles y, por tanto, deberían estar incluidos en el primer apartado. Se trata de intentar que la gente crea que los principales beneficiados por el crecimiento económico son los inmigrantes, no los españoles pata negra que son los que le interesan a Nadal. Es una forma torticera de analizar los datos de empleo. La economía crece entre otras muchas razones porque se ocupan puestos de trabajo que no existirían sin los extranjeros dispuestos a aceptarlos. Reconocer ese hecho supondría admitir que la inmigración puede traer beneficios económicos, y eso es un lujo que el PP cree que no se puede permitir.

Nadal no está de acuerdo. Afirma que “la economía española está creciendo extensivamente por inmigración y gasto público”. Las cifras de la EPA no dicen eso. Marcan un crecimiento del empleo privado en 501.600 personas. El empleo público disminuyó en 15.600. La derecha siempre insiste en el impacto del empleo público y luego resulta que de los 22,7 millones de afiliados a la Seguridad Social, 19,1 millones trabajan en empresas privadas. Es lo que tiene que la inmigración te ponga nervioso. Terminas confundiendo las cifras más básicas.