Beneficiados por la ley de nietos ven la suspensión del derecho a voto en España como “un golpe a la identidad y la memoria”

La decisión de la justicia española de suspender el derecho al voto de los descendientes del exilio, dice Mariana Figueroa, la ha hecho sentir “una ciudadana de segunda”. Esta arquitecta de 62 años se confiesa indignada y triste, y asegura que la negativa del Tribunal Supremo “pone en riesgo la reparación histórica”. Ella, como los otros argentinos que han prestado su testimonio a elDiario.es, han obtenido el pasaporte español o están a la espera de hacerlo gracias a la llamada ley de nietos sancionada en 2022 dentro de la Ley de Memoria Democrática.

El Consulado General de España en Buenos Aires acumuló desde entonces 645.000 solicitudes. Sin embargo, la cifra de nacionalizados ronda los 30.000; y, de ellos, menos de la mitad ha pedido el alta en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Los expedientes que están en trámite seguirán su proceso, pero no se darán de alta en el censo.

En todo caso, la paralización cautelar del Supremo determina que ni unos ni otros podrán ejercer su derecho a voto hasta que haya una sentencia sobre el fondo del asunto, que ha sido llevado a la Justicia por Vox y el partido extraparlamentario Iustitia Europa.

El embate de los ultras se dirigió contra la Junta Electoral Central (JEC) y la instrucción expedida por el Ministerio de Justicia que establecía una “presunción general de exilio” para facilitar los trámites de quienes abandonaron España en la Guerra Civil o los primeros años de la dictadura franquista –entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955– sin exigir una prueba documental minuciosa. Ahora sí tendrían que probar que el exilio tuvo que ver con razones “políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual”, como recogía la disposición de la ley.

“Me parece una falta de consideración de la justicia, una quita de derechos ciudadanos, porque se exigen documentos del exilio que muchas familias no conservaron. La gente se vino en barco con lo que tenía. Así llegó mi bisabuelo con mi abuela desde Valencia tras la Guerra Civil”, señala María del Pilar Moura Santángelo, que ya tiene la nacionalidad española.

A esta abogada de 32 años le preocupa que el Poder Judicial “avasalle” a otro poder del Estado, y sea desconsiderado con las condiciones de emigración. “Hay división de poderes, el Parlamento ya se pronunció y ahora la Justicia pone requisitos adicionales que no incluía la ley”, se queja.

“Soy española, ¿qué más me van a restringir?”

Griselda Díaz Marchi tiene 52 años, es nieta de asturianos y cuenta con la nacionalidad española desde 2024. “Me parece tremendo el fallo judicial, porque es uno de nuestros derechos, el derecho político, poder votar, elegir a nuestros representantes, aunque nosotros no vivamos allá, en mi caso, por ahora. Dentro de mis proyectos está poder ir a vivir a España. Soy trabajadora social y revalidé el título para poder trabajar allá, si es que se concreta este proyecto. ¿Qué más nos van a restringir? ¿La posibilidad de trabajar, la posibilidad de votar? Yo soy española, tengo sangre española, no me van a quitar la identidad”.

Díaz Marchi señala también el componente ideológico. “Hay una clara agresión hacia Pedro Sánchez, que tiene una política distinta a la del resto de Europa, y quieren quitarnos la posibilidad de reelegirlo o elegir a otro presidente que continúe con estas políticas”, asegura.

Aunque en las elecciones generales de 2023 hubo bastante expectación y se preveía que el voto exterior podía alterar los resultados en hasta nueve provincias, la realidad tras el recuento fue menos sustanciosa: movió apenas un escaño en Madrid, que pasó del PSOE al PP.

La derecha española ha buscado instalar la hipótesis de que la masa de nuevos electores en Argentina actuaría como una suerte de provincia con más peso que la mayoría de los distritos peninsulares. Sin embargo, no existe un distrito electoral fuera de las fronteras; cada voto emitido en el exterior se asigna a la región española donde residieron los ciudadanos españoles o sus antepasados.

“Mi abuela María González vino de niña desde el pueblo de Cantalpino, cerca de Salamanca. Me lo sé de memoria al pueblito. Hice la reconstrucción familiar; somos un montón de hermanos y solo yo hice el trámite de nacionalidad. Siento tristeza”, cuenta Figueroa. Para ella, se trata de “un acto discriminatorio”. “Me parece que existe un temor de que algunos votos no vayan en la dirección de unos determinados intereses”.

“Es un golpe a la identidad”

Diego Pérez, de 52 años, sigue a la espera del trámite de su nacionalidad, que inició en 2023. “Mi bisabuela paterna, Julia Fernández, vino en un barco, se fue al campo, a Olavarría (provincia de Buenos Aires), y no se documentó por miedo, durante años. Vino de Crémenes (León) con lo puesto y nunca más volvió”, relata. Y asegura que la decisión del Supremo le indigna porque “más allá del reconocimiento de la ciudadanía, es un golpe a la identidad”. Y recuerda que la ley de nietos supone un reconocimiento a aquellos españoles que se vieron obligados a irse del país: “Es un homenaje a esa gente que se la jugó”.

Pérez, empleado público, adhiere a la idea de que se trata de una medida ideológica. “Así planteado, parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda; es netamente ideológico. Vemos cómo la Justicia empieza a contaminarse la justicia con lo que dice el fascismo. Yo espero que España empiece a mirar con atención lo que está pasando en Alemania, con el triunfo de la ultraderecha en Sajonia-Anhalt”.

Para Mariana Rodríguez Mora, la resolución judicial es parte de un contexto global que busca poner cada vez más trabas a los migrantes, aun cuando este tipo de leyes reconocen derechos surgidos de otras migraciones, como en el caso del exilio español.

“La ley de nietos ha representado un avance en la reparación para los descendientes del exilio”, señala esta trabajadora social de 29 años, que inició el trámite de nacionalidad española después de que lo hiciera su madre, porque quien emigró a Argentina fue su bisabuela, desde La Rioja. “Negar el voto a nacionalizados residentes fuera de España responde a resistencias políticas; es negar que la gente migra en busca de mejores condiciones de vida, como fenómeno histórico y natural”.