TOMA DE TIERRA

La ley de nietos es una deuda, no un favor

Aureliano Buendía, después de 32 contiendas bélicas, renunció a su pensión vitalicia y solo puso como condición que sus soldados la pudieran cobrar. Esa promesa incumplida por parte del Estado -real o mágico- sería también la agonía del coronel que no tenía quien le escribiera y que esperaba el correo como único anhelo en la vida. Ese correo no era solo la confirmación de un derecho prometido, sino la prueba de que el Estado reconocía que aquellos soldados que habían luchado por la causa liberal existían.

Porque existir es radicalmente importante cuando te juegas la vida por la cosa pública. Por ello, el reconocimiento era una obsesión y el único requerimiento que Aureliano Buendía puso antes de retirarse a Macondo a hacer pescaditos de oro.

Tenemos una deuda con los pueblos latinoamericanos y no es solo literaria. No solo con los países que acogieron a los republicanos que huyeron de una muerte cruel y segura, sino con sus descendientes, a quienes el fascismo privó de ser españoles y del arraigo propio del proceso natural de sus familias.

El olvido es una forma de exterminio, aunque no deje cicatrices físicas. España mira a su pasado y ve rostros a los que no mira a los ojos; si no fuera así, no se entendería que su Tribunal Supremo suspenda cautelarmente la ley que intenta otorgar, tarde, el derecho al voto en España a los descendientes de quienes tuvieron que marcharse de España -sus abuelos o bisabuelos- para no acabar en una cuneta, sin nombre y sin duelo.

El fascismo truncó sus destinos para siempre y hasta el día de hoy. A esos nietos los vemos como primos lejanos, pensando que quizá, no son ahora una prioridad. Pero veámoslo de la manera en que espera el coronel: más como una deuda que como un favor. Veámoslos como a quienes nos esperan porque les hemos dicho que vamos a llegar, no porque necesiten una limosna.

Hay poderes en el Estado español que siguen en guerra. Es muy nocivo para la democracia que el Tribunal Supremo suspenda cautelarmente una decisión de la Junta Electoral, formada mayoritariamente por magistrados del propio Tribunal Supremo. Es peligroso que, en la incertidumbre que sucede a esa decisión, crezcan como setas noticias falsas o suposiciones difundidas principalmente por los herederos políticos de quienes echaron de España a los abuelos de quienes ahora no quieren que voten.

Se va a torpedear otra ley que tiene que ver con la memoria democrática para que sigan muriendo las personas que podrían verse reparadas por ella, y eso es sadismo institucional. Se van a morir los coroneles del asco esperando una carta y, en el desagüe de todo, se pierde más democracia.