Desahucio en Las Palmas sin alternativa para una mujer a cargo de un niño, una persona con discapacidad y otra con esquizofrenia

Ventana de Natalia en la casa que va a ser desahuciada en el barrio de Las Rehoyas, Las Palmas de Gran Canaria.

Gara Santana

Las Palmas de Gran Canaria —

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Natalia recuerda lo joven que era cuando, hace trece años, llegó a esta casa abandonada del barrio de Las Rehoyas, en Las Palmas de Gran Canaria. Recuerda entrar por la puerta con su hija, que tiene una discapacidad del 100%, y cómo los vecinos, al conocer su situación, hicieron una recolecta para que pudiera poner las ventanas, el pollete de la cocina y adaptar lo mejor posible la vivienda para criar a la niña. Hoy, su vecina del quinto le proporciona agua y luz porque sabe que su situación es aún más grave: se enfrenta a un desahucio el próximo lunes, sin alternativa habitacional ni red familiar, y tiene a su cargo a una hija en situación de dependencia, a un menor de once años y a un sobrino con esquizofrenia, según relata la afectada.

La historia de este desahucio se remonta a 2022. En 2023, el Juzgado solicitó al Ayuntamiento un informe de vulnerabilidad, que fue emitido y acreditó la situación de vulnerabilidad de Natalia y su familia. El desahucio se paralizó entonces por el escudo social vigente. Este año, esa protección ya no existe tras decaer la medida por los votos en contra de PP, Vox y Junts per Catalunya, lo que deja a las familias vulnerables en riesgo de desahucio sin una protección clave.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria explica a Canarias Ahora que, aunque en esta ocasión el Juzgado del Tribunal de Instancia número 12 de Las Palmas de Gran Canaria no ha solicitado el informe, emitirá uno de oficio. “Atendiendo a la situación y con conocimiento del lanzamiento, emitiremos un informe de oficio y lo enviaremos al Juzgado, por si lo quieren tener en cuenta para paralizar el desahucio”, señalan desde el Consistorio.

La casa

Esta vivienda, ocupada por Natalia y su familia cuando allí no vivía nadie, le permitió construir un hogar en circunstancias adversas y ganar estabilidad en un entorno en el que tiene arraigo: cuenta con el apoyo de sus vecinas y su hijo menor está escolarizado.

Más tarde, el inmueble fue adquirido por Trova Capital S.L., empresa radicada en Madrid. Desde este periódico hemos intentado contactar con el abogado de la empresa para recabar la versión de su cliente, pero hasta la fecha no ha podido.

Aunque Natalia asegura que no es de las personas que tiran la toalla, no sabe qué hará si el lunes la echan de allí. “Tirarme de la azotea abajo. Estoy amargada”, confiesa añurgada. “Esto es un sinvivir. Si me paran ahora el desahucio cuatro meses, ¿después qué hago? Yo no pido un palacio; pido un techo, que yo lo adapto para mi hija. Rompo bloques si hace falta”.

Cada minuto cuenta frente a un desalojo de una familia que ha tenido muy mala suerte cuando ha necesitado al Estado.

Los colectivos

Desde Derecho al Techo denuncian el desahucio previsto para este lunes, 14 de septiembre a las 10.00 horas, y consideran “imprescindible que, antes de ejecutar cualquier lanzamiento, se tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad de la unidad familiar y se adopten las medidas necesarias para garantizar una alternativa habitacional adecuada, evitando que una familia que ya se encuentra en una situación de especial fragilidad pueda terminar en la calle”.

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