La propuesta para la potenciación económica de Ceuta y Melilla que rechazó el PP de Aznar en 1999

“Nuestro propósito era convertir Ceuta y Melilla en auténticas plataformas de conexión entre Europa y África, polos de desarrollo económico capaces de generar oportunidades, fijar población y reforzar su papel estratégico en la política mediterránea y africana de la Unión Europea”. Quien así se explica es José Segura Clavell, actual director general de Casa África y en aquel entonces, legislatura 1996-2000, diputado por Santa Cruz de Tenerife. Segura fue el autor y promotor de una proposición de ley ante el Congreso de los Diputados para dotar a ambas ciudades autónomas de un régimen económico y fiscal específico para paliar las graves desventajas competitivas que sufren esos territorios debido a su aislamiento geográfico, su reducida extensión y la carencia de materias primas.

La iniciativa del grupo parlamentario socialista contenía 37 artículos, cuatro disposiciones adicionales y ocho disposiciones transitorias y respondía a una demanda que, según recuerda su promotor, llegaba previamente formulada dos años antes por las propias ciudades autónomas, a través de sus asambleas.

La proposición de ley fue rechazada por el Congreso de los Diputados por 127 votos a favor y 156 en contra, con una abstención. El rechazo mayoritario fue del Partido Popular, que entonces gobernaba bajo la presidencia de José María Aznar.

El PSOE pretendía la declaración formal de Ceuta y Melilla como territorios francos a efectos aduaneros y comerciales, es decir, un régimen económico y fiscal específico, con el establecimiento de un blindaje para la inversión estatal de modo que, bajo ningún concepto, pudiera producirse una disminución del gasto público ordinario o de inversión que el Estado destinara a ambas ciudades.

Regiones ultraperiféricas

Muy en sintonía con lo que se reclama ahora, la proposición de ley socialista incluía encomendar al Gobierno español gestionar ante las instituciones de la Unión Europea el reconocimiento definitivo de Ceuta y Melilla como Regiones Ultraperiféricas, buscando un trato comunitario más favorable que atendiera de manera justa su lejanía y extrapeninsularidad.

En el plano impositivo y de fomento empresarial, la propuesta incluía medidas de gran calado, como una bonificación del 50% en la cuota del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades para las rentas e inversiones generadas en las ciudades autónomas; una reducción del 99% en el Impuesto sobre Sociedades hasta el año 2006 para las entidades de nueva creación que cumplieran ciertos requisitos de inversión y empleo y el fomento para la creación de sociedades especiales de exportación y participación financiera orientadas hacia terceros países del Mediterráneo, cuya tributación se limitaría a un testimonial 1%.

En el aspecto laboral, la proposición Segura Clavell contemplaba una bonificación del 50% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes y las del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

También se contemplaba que Ceuta y Melilla quedaran excluidas de los impuestos indirectos estatales habituales. Adicionalmente, se aplicaría una bonificación del 50% en las tasas públicas, los precios públicos y en los impuestos de carácter local y cedido (Patrimonio, Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales).

Para rebatir las pretensiones socialistas, el PP encomendó la tarea a un peso pesado de la política ceutí, el diputado por esa circunscripción Francisco González Pérez, que lo fue en seis legislaturas y que llegó a ocupar el puesto de delegado del Gobierno en esa ciudad autónoma. Al igual que José Segura, González Pérez conoció Ceuta con motivo del servicio militar, entonces obligatorio, pero el diputado conservador se quedó allí a vivir. Falleció en 2015 con 54 años.

El portavoz del PP acusó al PSOE de desconocer los avances logrados bajo el gobierno de Aznar y de “insensibilidad” por la etapa socialista previa a 1996. Detalló las medidas ya implementadas por el Ejecutivo, como la implantación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), las nuevas deducciones del 50% en el IRPF y la actualización de las reglas de origen. Criticó que el PSOE hubiera recurrido la regulación del IRPF ante el Tribunal Constitucional y tildó de “falta de consideración total” presentar un solo proyecto para dos ciudades con realidades distintas. Finalmente, anunció que el Grupo Popular presentaría una proposición no de ley para instar al Gobierno a tramitar proyectos de ley específicos y complementarios para cada ciudad.