Ceuta evita el traslado de menores migrantes a Andalucía pactado con Moreno para no dañar la estrategia del PP
Ceuta no ha reclamado la activación del acuerdo que suscribió con Andalucía en el año 2021, y renovado en 2024, para el traslado y la acogida de menores extranjeros no acompañados a pesar de la crisis humanitaria que vive la ciudad autónoma en estos momentos, según ha podido confirmar este medio. Fuentes del gobierno ceutí determinan que “aún estamos en fase de emergencia”, llevando a los menores que se encuentran “en la calle” a los recursos que hay disponibles, y dan a entender que hasta que no se solucione este episodio “no habrá un siguiente paso”.
Este impasse se da en un momento en el que el Ministerio de Juventud e Infancia propuso trasladar de manera inmediata a 500 niñas a la península y distribuirlas en grupos de entre 20 y 30 menores a través de un convenio firmado con las entidades privadas. El Ministerio apuntó directamente a la negativa de Ceuta a realizar este trámite, aunque el gobierno ceutí niega tener constancia por escrito de que haya este número de plazas disponibles en los organismos privados, como adelantó El Pais. Un cruce de acusaciones que se enmarca dentro de la confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición del Partido Popular a la acogida de los menores.
El convenio de colaboración fue firmado entre los gobiernos autonómicos del PP, encabezados por Juanma Moreno y Juan Jesús Vivas, para “dar respuesta a las diferentes contingencias migratorias” con relación a la aprobación del Modelo de gestión de contingencias migratorios por Acuerdo de la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia, en su reunión de 2022.
El convenio, elaborado hace cuatro años, se trata de “un instrumento de cooperación interautonómico que permita la derivación e integración de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados entre las partes firmantes de forma ágil y que sea estable en el tiempo, mientras continúe desarrollándose la crisis migratoria que afecta a la Ciudad de Ceuta”, destacaba. Por su parte, la Consejería de Inclusión Social ha guardado silencio a las preguntas de este medio sobre si habría recibido una petición formal por parte de Ceuta para activar este acuerdo.
Contingencia migratoria
Por tanto, las administraciones, con la firma de Alberto Ramón Gaitán, titular de la Consejería de Presidencia y Gobernación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y Loles López, al cargo de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, “se comprometen mutuamente a llevar a cabo todas las actuaciones administrativas, y en su caso ante los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal, para la asunción [por parte de Andalucía] de la tutela de dichos niños, niñas y adolescentes”, según ha podido comprobar este medio.
Un dispositivo que se pondría en marcha cuando no haya familiares que puedan asumir la guarda de estos menores y que se hallen en centros de protección o “en alguno de los dispositivos de emergencia habilitados temporalmente como consecuencia de haberse sobrepasado las previsiones de acogimiento” en los centros de acogida, “habiendo igualmente desbordado los recursos con los que darle una completa atención”. En el caso de Ceuta, la ciudad atiende a alrededor de un millar de menores extranjeros en sus centros, aunque la capacidad sea de 29 menores migrantes no acompañados. Por tanto, se excede en ocupación tres veces su capacidad ordinaria, tal y como se define a la situación de contingencia migratoria extraordinaria en la ley de Extranjería.
El protocolo establece que será la Consejería de Presidencia y Gobernación ceutí la que seleccionará a los menores que presenten “una mayor idoneidad” para su traslado a Andalucía y, en virtud de los expedientes recibidos, será la Consejería de Inclusión Social la que “estudiará los informes recibidos, aceptando o denegando dicho traslado y tutela, en función de la disponibilidad de recursos residenciales específicos para dar respuesta adecuada a las necesidades de los menores propuestos”.
Unas líneas que se adelantaban a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para obligar al hermanamiento entre autonomías y en la que se establece en su último apartado que “las Comunidades Autónomas podrán llegar a acuerdos con las Comunidades Autónomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integración”. Unos pasos que ya están dados en Andalucía y para los que, a esta fecha, no se cuenta con autorización.
Al respecto, Toni Martín, portavoz parlamentario del PP-A, mencionó este miércoles que el convenio suscrito entre Andalucía y Ceuta estaba “en activo y se está desarrollando”. Pero, a raíz del informe policial que señala a Marruecos como posible instigador de la entrada irregular de personas migrantes a Ceuta, añadía que “pone claramente en duda que estemos ante una contingencia migratoria”, aunque como recoge su definición, se haya dado una situación que supera por fuerza mayor las capacidades de la administración y de sus controles fronterizos.
Moreno asume el “efecto llamada”
La narrativa del presidente andaluz, Juanma Moreno, ha ido cambiando en el último mes desde que traspasaran de forma irregular 80.000 personas la frontera con Marruecos el pasado 30 y 31 de julio. En la visita institucional hecha a la ciudad autónoma el pasado 20 de agosto, la primera de las autonomías, evitó abrir un escollo con su socio de Gobierno, Vox, y respondió brevemente que la acogida de menores se haría con base a la ley, tal y como recoge la cláusula que impera en el acuerdo firmado con la ultraderecha en el que está la propuesta “No más MENAS”.
Con el fin de apaciguar las aguas en la sede de la Junta, donde el líder de la ultraderecha y vicepresidente segundo, Manuel Gavira, ya insistía en que ni “por tierra, por mar y aire” se acataría tal traslado, Moreno dejó en el aire la acción de su gobierno. Una cuestión que ha cambiado en las últimas jornadas, cuando ha dispersado las dudas sobre su postura, ya que, en el desayuno informativo organizado en Madrid junto a Alberto Núñez Feijóo este 7 de septiembre, junto a otros diez presidentes autonómicos del PP y el lider ceutí, Juan Jesús Vivas, relacionó directamente las preguntas sobre la acogida puntual de menores con el “efecto llamada”.
“Es que ahí hay un problema importantísimo que indican todos: por un lado la UE ya ha advertido de que no pueden pisar la península esos migrantes, y lo ha dicho de manera muy clara, y lo segundo: el efecto llamada sería inmediato”, respondió a los medios. Por su parte, el presidente ceutí reclamaba en Madrid implicación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y de las instituciones europeas, sosteniendo que “Ceuta no aguanta más. Estamos en una situación límite. Ceuta no puede vivir en una olla a presión” y que se necesitaban “más medios”.
A lo largo de estas semanas, la Consejería de Inclusión Social y Juventud no ha aclarado cuál es el número de menores extranjeros no acompañados acogidos hasta este momento y las plazas disponibles, mientras que la portavoz de la Junta y vicepresidenta primera, Carolina España, remitía ayer martes al ramo en la rueda posterior al Consejo de Gobierno preguntada por la actualización de estos datos y añadía que “el presidente había sido suficientemente claro” sobre su posicionamiento. A 30 de junio de 2026, Andalucía acogía a 1.669 niños y niñas y adolescentes extranjeros no acompañados, según fuentes oficiales, y, a partir del Real Decreto-ley 2/2025, debería contar con 3.009 plazas estructurales para su atención. Por tanto, está al 55,47% de su capacidad.
Piden el traslado a la península
Las asociaciones que tienen licitados los servicios para la atención a menores extranjeros no acompañados a la región han declinado hacer valoraciones a este medio y, varias de ellas, resaltan que las gestiones de la Junta de Andalucía están siendo “muy discretas” y “herméticas”.
En todo caso, confirman que no se ha dado ningún traslado de menores hacia la península desde el 31 de julio y que ahora los esfuerzos están centrados en la búsqueda o habilitación de recursos, ya sean casas de voluntarios o centros que llenan rápidamente sus plazas para la acogida de los menores que están en situación de calle, al igual que en la asistencia y búsqueda de recursos para los niños y niñas. Se muestran preocupados por la dilatación en el tiempo de esta derivación que podría “tardar meses” si no se articulan los mecanismos necesarios: “Es un problema social, humanitario, político, y nadie quiere significarse”, apuntan las fuentes consultadas.
Quien sí ha puesto voz a lo que viven estas plataformas es José Miguel Morales, director general de la Federación Sur Acoge, que está presente en Ceuta para colaborar con el equipo de cinco personas que se estableció en la ciudad desde el inicio de la crisis humanitaria.
“Resulta evidente que las múltiples expresiones de solidaridad con Ceuta deben traducirse en descongestionar la situación de emergencia y eso pasa necesariamente por un traslado a la península, sobre todo, de las mujeres que han sido agredidas sexualmente, de los solicitantes de asilo y de los menores no acompañados”, indica por teléfono. “Tiene que haber una coherencia con la convocatoria de solidaridad y la implicación de todas las comunidades autónomas en la aceptación de los menores, por su protección y, también, para descongestionar esta situación”.
En las calles de la urbe hay mucha gente que vive sin recursos a la intemperie, describe, y respira ese clima de “cansancio” por parte de los habitantes, “porque parece que no hay desbloqueo”. La federación trabaja en colaboración con otras entidades y gestionan un centro para mujeres y mujeres con niños que abrió el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para su acogida. Ahora, hay cuatro personas más que han ido a reforzar y apoyar la actividad que continúa siendo dura en el día a día.
A este testimonio, habría que añadir el comunicado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Accem y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que el pasado 18 de agosto se pronunciaron sobre las condiciones de los menores extranjeros no acompañados, recordando que cuentan con un régimen de protección jurídica reforzado basado en el interés superior del menor, por lo que se quedan bajo la tutela de los servicios autonómicos desde su llegada. Una cuestión en la que, por ahora, no ha entrado Andalucía.
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