Las Mareas Blancas llegan al Parlamento a debatir sobre la sanidad pública andaluza: “No estamos solas en esta pelea”
“No es normal que haya gente que muera esperando”, denuncian miembros de Mareas Blancas a las puertas del Parlamento andaluz este martes en una concentración para apoyar la iniciativa legislativa popular que hoy se debatió en la Comisión de Sanidad tras contar con 60.000 firmas ciudadanas. “No sabemos si el PP y Vox tumbarán esta ILP, que es bastante probable, pero no vamos a consentir que se carguen la sanidad”, aseveró Luis González, portavoz del movimiento que lucha por el sistema público.
“No estamos solas en esta pelea, contamos con el apoyo de pensionistas, sindicatos y, sobre todo, con decenas y miles de andaluces y andaluzas que han firmado la ILP y han participado en las movilizaciones”, subrayó en una atención a medios durante la manifestación que se convocó por la tarde, donde varios manifestantes se vestían de negro “por el entierro de la sanidad pública”. Con ataúdes, pañuelos, plañideras y con el luto, pedían una reacción por parte del Ejecutivo autonómico: “¡Bonilla, más plantilla!”.
A su lado, una compañera del movimiento reivindicaba el carácter apartidista de la organización, que está enfocada en que se mejoren los recursos disponibles: “Consignas políticas son las suyas. Tenemos los mayores presupuestos de la historia, pero la mayor parte van a centros privados. No sirve de nada. El fin de las empresas privadas es ganar dinero, es justo, pero que monten una tienda de zapatos, ¡la salud es un derecho, no es un artículo de lujo y con eso no se juega!”. Al hilo de lo comentado, recordó que un estudio publicado en la Gaceta sanitaria advierte que entre 2019 y 2024 hubo un aumento en la mortalidad por cáncer, en concreto, 3.701 muertes más de las esperables por estadística en Andalucía. Un hecho que los investigadores erlacionaron con la devaluación de la infraestructura sanitaria.
Debate en la Comisión de Sanidad
El Parlamento de Andalucía ha contado este martes con una representación de agentes sociales para valorar en comisión la ILP, cuyo propósito es la “recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía” y, en último término, reformar la Ley de Salud de Andalucía de 1998. Una medida promovida por la Coordinadora de Mareas Blancas en la pasada legislatura y que, finalmente, aceptó debatir el PP, con mayoría absoluta en la Cámara hace apenas unos meses, a raíz de la crisis de los cribados de cáncer de mama y las múltiples manifestaciones que se circunscribieron en todo el territorio.
Entre los actores invitados, se ha contado con los sindicatos CCOO y UGT Andalucía, así como CSIF, el Sindicato de Enfermería SATSE y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). También están citados, entre otros, representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, así como de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario y de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama).
La iniciativa cuestiona el desvío de fondos a la sanidad privada, mediante la derivación de miles de pacientes, plantea restringir los conciertos con estos hospitales y clínicas para que en un plazo de cinco años no quede ninguno, y plantea recuperar la subasta de fármacos, que los populares eliminaron nada más llegar al Palacio de San Telmo, sede de la Junta. La misma iniciativa popular, casi literal, se ha presentado en cientos de ayuntamientos de Andalucía, donde fue mayoritariamente rechazada por el PP, aunque, en noviembre de 2025, decidieron tomarla en consideración para que se produjera el debate.
Entre las exigencias más apremiantes, Rafa Gelo, y Antonio Macías, de UGT Servicios Públicos Andalucía, pidieron reforzar los servicios públicos y garantizar unas condiciones laborales dignas para los profesionales que sostienen diariamente el sistema sanitario. Destacaron, según ha recogido Europa Press, que conseguir una cita médica puede suponer esperas de entre diez y 14 días, “una realidad que termina desplazando a parte de la población hacia la sanidad privada o incrementando la presión sobre los servicios de urgencias hospitalarias”.
A su vez, recordaron que, en base a la Estrategia de Salud de Andalucía 2030 y de la Encuesta Andaluza de Salud, casi el 20% de la población andaluza percibe su salud mental como regular o mala, mientras que la depresión diagnosticada afecta al 8% de la ciudadanía. En esta línea, el malestar psicológico afecta al 23% de las mujeres frente al 13% de los hombres, así como en la brecha socioeconómica que sufren los hogares con menores ingresos.
“Que el deterioro de la sanidad pública no vaya a más”
Por su parte, Juan José Sánchez, secretario general de Satse Andalucía, Juan José Sánchez, argumentó que la recuperación de la calidad asistencial pasa necesariamente por una apuesta estratégica por los profesionales, advirtiendo de que problemas como las listas de espera, las dificultades de acceso a consultas o la sobrecarga asistencial están directamente relacionados con la insuficiencia de recursos humanos. Para ello, consideró prioritario un aumento progresivo de las plantillas de enfermeras y fisioterapeutas y, al mismo tiempo, mejoras laborales para fidelizar, reducir la temporalidad y garantizar la cobertura de puestos de difícil cobertura, sobre todo en zonas rurales.
Una serie de requerimientos que van en consonancia con lo expuesto por la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la crisis de cribados de cáncer de mama que se dio hace un año en la comunidad, donde se reflejaba que que el Hospital Virgen del Rocío trabajó durante dos meses al 170% de su capacidad y derivó en diciembre 700 mamografías al concierto privado. Lo que, en principio, sostiene la tesis de la asociación Amama y de las denuncias que dio a conocer El País por parte del exjefe de Radiodiagnóstico, que avisó en 2023 de la sobresaturación que había en la unidad del centro hospitalario.
Al respecto, se ha pronunciado la líder de la oposición, María Jesús Montero, quien ha apoyado a la plataforma que “lleva años planteando en Andalucía para que el deterioro de la sanidad pública no vaya a más, y para que se recupere el orgullo del sistema público que siempre ha presidido la política andaluza en relación con la sanidad”. Además, ha criticado que el rediseño del sistema anunciado por consejero de Sanidad, Antonio Sanz: “Parece que a hurtadillas, a oscuras, porque no da ninguna clave”, criticando que esa es la línea de actuación del Gobierno del PP, que “siempre dan sensación de movimiento para que no cambie nada”.
Reforma del sistema sanitario
El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, anunció a finales de septiembre que este mes se iniciarán los trámites para llevar al Consejo de Gobierno la creación de un comité de expertos con el que abordar la “mayor reforma y actualización” del sistema público de salud que contará, previsiblemente, con la participación de profesionales, investigadores, colegios profesionales, sindicatos y representantes del conjunto del sistema sanitario.
Este comité, según anunció en un desayuno informativo organizado por Europa Press, pondrá las bases para la redacción de la nueva Ley de garantía sanitaria, con la que Andalucía quiere “blindar” la sanidad pública para que el presupuesto en esta materia siempra crezca. Para aprobarla, el vicepresidente primero y consejero de Sanidad ha ofrecido a los sindicatos un acuerdo de legislatura que confía en alcanzar ya que hay precedentes de “grandes acuerdos” sanitarios en la anterior legislatura.
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