Información insuficiente: Defensor, Asociación contra el Cáncer y oposición, un año en vilo tras la crisis de los cribados
Un año después, la versión oficial la Junta de Andalucía sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama es que hubo un error en el protocolo que afectó a 2.317 mujeres, incidiendo en que no se contemplaba la obligatoriedad de informar a las mujeres con resultados no concluyentes. Una respuesta a la que se unió la puesta en marcha de un plan de choque, cambios en ese protocolo y el cese de varios cargos. Entre ellos, el del exjefe de Radiodiagnóstico que avisó en 2023 de la sobresaturación que había en la unidad de mama del Hospital Virgen del Rocío. Las explicaciones son insuficientes para la oposición para el Parlamento andaluz, el Defensor del Pueblo Andaluz, Amama y la Asociación Española Contra el Cáncer: piden saber qué recursos había disponibles, cuál era la carga asistencial y dónde están las listas de espera para analizar el error estructural.
En un segundo intento, el PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía se unieron el pasado día 23 y presentaron una solicitud para la creación de una comisión de investigación sobre los fallos en el cribado de cáncer de mama. A esta propuesta, Vox manifestó su rechazo aunque antes de las elecciones y de formar parte del Gobierno andaluz había mostrado su apoyo y, por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, tachó de “ridículo” el comportamiento de las izquierdas, refiriéndose en comisión parlamentaria al “fracaso que han tenido en los tribunales con las denuncias”. Sin embargo, el responsable del PP obviaba dos cuestiones: la vía penal interpuesta por los partidos ha sido archivada mientras más de 200 reclamaciones patrimoniales de las pacientes afectadas proseguirán su camino hacia lo contencioso-administrativo ante el silencio del Servicio Andaluz de Salud (SAS), mientras quedan dudas sin resolver.
“Hemos pedido que se amplíe la información: número de mujeres por provincias, cómo están funcionando las unidades de mamografía, cuáles son los tiempos de espera”, exige Magdalena Cantero, representante autonómica de la Asociación Española Contra el Cáncer en Andalucía, en declaraciones a este medio. También, añade, han pedido saber “si se ha detectado cáncer de mama en algunas de las mujeres, qué protocolos de urgencia aplicarían en ese caso para atender con la máxima celeridad a esas mujeres, y qué profesionales van a contratar en cada una de las 32 unidades de mama andaluzas”. Lo que más preocupa, resalta, es “solucionar rápidamente el problema y dar certidumbre a las personas afectadas”.
“No han respondido a todas” las demandas
Sin embargo, “no han respondido a todas” estas demandas. La asociación forma parte del Plan Asistencial del Cribado de Cáncer de Mama y estuvo presente en las tres reuniones que se han celebrado hasta la fecha de la comisión de seguimiento de la crisis que activó la Consejería de Sanidad, con quien califican el diálogo como “fluido”. Aun así, Cantero subraya: “Siempre hemos pedido transparencia, responsabilidad y generar confianza en las mujeres andaluzas sobre los cribados y la importancia de la detección precoz del cáncer”. En esta línea, demandan que Andalucía se integre en los programas internacionales de evaluación de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer en su totalidad, como ya ha empezado a hacer con el cáncer colorrectal.
Por ello, las reclamaciones las concentra Cantero en que la Asociación participe como agente externo en la Ponencia de Cribados de la Comisión interterritorial, así como poner a disposición de las autoridades administrativas la herramienta Más datos Cáncer “para volcar los datos de los programas de cribado”, ya que, frente a las negligencias del sistema, han detectado desconfianza en muchas mujeres a la hora de participar en los cribados considerando que “podría ser ineficaz”, aunque trabajan mano a mano con las pacientes, las familias y la sociedad civil para “ofrecer una atención más humana e integral que cubra sus necesidades”.
En la cara opuesta, Amama resolvió levantarse de la segunda reunión organizada en el comité de seguimiento después de que se les pidiera firmar una orden de confidencialidad. En un continuo tira y afloja, las relaciones con la Junta se han terminado por empantanar, ya que observan que hay un rechazo continuo a sus peticiones para aclarar qué sucedió para que 2.317 mujeres fueran afectadas y se produjera, según han constatado, la muerte de siete mujeres a causa del desarrollo del tumor por el fallo sanitario.
La resolución del Defensor ante la “parquedad de información”
Quien también reclamaba más explicaciones ha sido el Defensor del Pueblo Andaluz. Jesús Maeztu abrió una investigación de oficio tras el estallido social, haciendo un primer requerimiento al Ejecutivo autonómico en octubre. No obstante, el informe remitido por la Viceconsejería de Salud y Consumo y por la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) fue tachado como “claramente insuficiente”, motivo por el que el Defensor salió ante los medios de comunicación para criticar el silencio del Gobierno de Juanma Moreno. En marzo de este año declaraba que “no se podía responder objetivamente a la ciudadanía con los datos que la Junta de Andalucía nos dio”.
Siete meses después, el equipo de Maeztu publicó una resolución que pasó de puntillas en mitad de las elecciones autonómicas. Este documento refleja que las actualizaciones pedidas nunca llegaron y se insiste en que la respuesta no satisface los requerimientos solicitados para analizar el alcance y las consecuencias de la crisis del cribado.
¿Qué evitó responder la Junta? La resolución señala que la Consejería de Sanidad y el SAS no informaron sobre cómo funcionaba el protocolo que estaba vigente. Tampoco en lo relativo a si el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama se ajustaba a este protocolo o no y qué razones llevaban a aplicar una resolución u otra. Además, se rechaza dar los datos sobre la carga asistencial de los Servicios de Radiodiagnóstico, su dotación de personal y el volumen de mujeres en lista de espera y no aclaraba el funcionamiento de los mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados del programa de cribado antes de que en octubre se pusiera en marcha la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Actividades Preventivas de Detección Precoz a raíz de la alerta sanitaria.
“La parquedad de la información recibida no impide a esta institución formar un recto juicio, ni renunciar a la salvaguarda del derecho a la protección de la salud de las mujeres, que hacemos valer tanto reflejando las deficiencias constatadas como el mismo hecho de no haber llegado a poder desvelar su causa”, asesta la resolución de mayo.
La Unidad de Radiología trabajó al 170% de su capacidad
Entre las conclusiones, se da cuenta de la plantilla que había en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, única entidad que remitió información en abril de 2026. “En octubre de 2025, se disponía de 6,3 facultativos en la Unidad de Radiología de Mama y la plantilla ha pasado de 5,3 puestos efectivos a 8,3 puestos efectivos en la actualidad, además de haber sido contratado personal técnico en número de 4 y 1 administrativo de apoyo a la Unidad”.
A renglón seguido, el Defensor subraya que “la suficiencia o insuficiencia de estos recursos de personal solo puede ser evaluada en función de la demanda, obviamente”. Ahora bien, a la luz de los datos facilitados, da la siguiente relación.
“Los facultativos disponibles en octubre de 2025 trabajaron durante dos meses al 170% de la actividad normal para resolver todos los retrasos; en diciembre de 2025 un total de 700 mamografías de pacientes no pertenecientes al programa de cribado tuvieron que ser derivadas al concierto externo; incluso tras el actual refuerzo de personal, la Unidad ha tenido que ser dotada de más continuidades asistenciales por semana para el equipo que la integra”. Pese a que hay quejas registradas a causa de la crisis del cribado desde las provincias de Huelva, Cádiz, Granada y Málaga, solo este centro hospitalario contestó al requerimiento del Defensor.
“Un fracaso”
“Lo acaecido ha supuesto un cuestionamiento del funcionamiento del Programa de Detección Precoz y la desconfianza en su eficacia”, señala, “un fracaso en una importante línea de trabajo dentro de las estrategias de salud pública, que puede llegar a producir efectos colaterales o secundarios si desincentiva la participación, con nefastas consecuencias personales, sanitarias y sociales”. A ello, se apunta que “con estos signos de advertencia” resulta “difícil comprender la tendencia a ampliar cada vez más el arco etario [el aumento de la franja de edad] del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama sin contar con la garantía de su correcto cumplimiento”.
Asimismo, la resolución ahonda en que lo que se cuestiona en la crisis de cribado no es la pericia o negligencia de los profesionales encargados del estudio, sino “la suficiencia de los medios dedicados a posibilitar el correcto funcionamiento del Programa, y si el infradiagnóstico vinculado a la insuficiencia de recursos sanitarios ha supuesto una pérdida de oportunidad en la protección del derecho a la salud”. Es decir, ante el plan millonario que anunció la Junta, ¿qué garantías hay de que se reviertan los errores ocurridos si no se dan cuenta de ellos?
Lo deseable: “Afrontar una crisis con decisiones humanas”
Por último, el Defensor del Pueblo Andaluz pone el foco en el tratamiento humano hacia las pacientes y la vía judicial en la que ahora están embarcadas a causa de la estrategia que ha emprendido la Junta: “En el escenario más doloroso de las mujeres que han determinado depurar responsabilidades, hubiera sido deseable una Administración sanitaria cuyos responsables hubieran sido capaces de afrontar una crisis como la acaecida con decisiones compasivas y humanas, acordando de oficio la iniciación de los correspondientes procedimientos de responsabilidad patrimonial”.
Así, el Defensor concluye con cuatro recomendaciones, entre las que destaca la implantación de un programa con “un sistema uniforme de comunicación de todos los resultados del cribado, que opere de forma autónoma y automática”. Asimismo, pide dotar dotar “de medidas de refuerzo” para atender adecuadamente a las pacientes y cumplir con los plazos. Una resolución, en todo caso, parcial ante respuestas incompletas.
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