Huir de El Salvador o Nicaragua: los exiliados políticos piden “apoyo” y “la defensa” de las democracias desde Sevilla

Alexander Segovia, investigador de la Fundación ETEA de la Universidad de Loyola y coordinador de la Red Académica Iniciativa Centroamérica (Red-ICA) durante la presentación del informe.

Carla Rivero

Sevilla —

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La política internacional viene marcada en las últimas semanas por una resistencia contra la homogeneización de la ultraderecha, ya sea Lula da Silva reelegido como presidente de Brasil, las midterms que dan la espalda al gobierno estadounidense de Donald Trump o la victoria de la lista Estudiantil en Serbia. Una ola progresista en un momento de amenaza a los derechos humanos, más aún en Latinoamérica, donde la derecha y los ultras acumulan millones de votos y la deriva autoritaria se cristaliza en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Desde Sevilla, los exiliados políticos que huyen piden más medios, investigación y presión desde los organismos internacionales en pos de la democracia.

Así lo refleja un nuevo informe de la Red Académica Iniciativa Centroamérica (RED-ICA), titulado Una aproximación a la situación, pensamiento y acción del exilio político centroamericano. Pero, ¿quiénes son estos ciudadanos, cómo contribuyen desde los lugares a los que se han visto desplazados, como Andalucía, al activismo social y la defensa de los derechos humanos? “Hay investigaciones sobre daños, costos materiales y emocionales, pero este estudio es pionero por centrarse en la potencialidad de los exiliados como actores políticos relevantes para incidir en los procesos políticos de Centroamérica”, indica Alexander Segovia, investigador del Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola, la Fundación ETEA y coordinador de RED-ICA.

A partir de 34 entrevistas en profundidad para analizar las circunstancias de aquellos que salieron forzadamente de sus países y fueron sujetos a la represión y la persecución por los agentes estatales “al considerarlos oposición e, igualmente, para debilitarlos y darles una muerte política”. El perfil es diverso: periodistas, como los reporteros de El Faro, miembros del movimiento social o la defensa jurídica. Entre las principales conclusiones, se encuentra con que, los afectados, se consideran “sujetos políticos en construcción”, cuya protesta no se ha dado por vencida a pesar de las penalidades, y “que la lucha por la democracia en Centroamérica es una tarea fundamental”-

Precariedad y falta de unanimidad internacional

El propio Segovia es exiliado salvadoreño y comparte la experiencia que han contado algunos entrevistados, como la reconocida activista nicaragüense Dora María Téllez. Tras recalar en Sevilla, impulsa la implicación de las universidades, un eslabón más para que no quede en el ostracismo la lucha y pervivencia de los activistas sudamericanos. “La presencia en Andalucía de exiliados políticos está en crecimiento, por ejemplo, hay en Granada un colectivo de nicaragüenses en expansión, al igual que en Sevilla. Esto tiene sentido cuando se ve a España como un país importante para salvarse de la persecución internacional”, detalla el profesor.

La regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de coalición constató esta tendencia, ya que la mayor parte de las personas acogidas al proceso en la comunidad, en donde hubo más de 160.000 solicitudes, eran procedentes de Colombia, Marruecos, Venezuela, Senegal, Perú, Paraguay, Nicaragua, Honduras y Argentina. Pero, ¿con qué obstáculos se encuentran los exiliados políticos? Al contrario de lo que ocurría en la década de los 70 u 80, plagada de movimientos sociales que cambiaron el prisma de la sociedad mundial, la solidaridad era la tónica en un mundo que avanzaba hacia la globalización. Una perspectiva a la que sustituyen el recelo y la desconfianza entre los bloques.

“El exilio centroamericano enfrenta un contexto internacional muy adverso y, pese a ello, intenta incidir. Hay grandes dificultades para desarrollar su potencial, como las restricciones materiales o las divisiones en la cooperación internacional”, declara, teniendo en cuenta que los exiliados nicaragüenses han sido desposeídos de sus pensiones por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, habría que añadir, apunta, a la costosa integración en naciones que, históricamente, han sido receptores, como México o Costa Rica, “debido a que todo el tema antiinmigrante ha imposibilitado los procesos de regularización”.

En todo caso, los exiliados políticos critican esa doble vara de medir: si bien la presión internacional contra Nicaragua es prácticamente unánime a causa de una huida “masiva, heterogénea e intergeneracional” del país a raíz de las condiciones a las que está sometida la población, para la que la Unión Europea (UE) hizo una declaración en la que condenaba “el grave deterioro de los derechos fundamentales”.

Por su parte, El Salvador y Guatemala han estado unidas a un exilio “más individual, en el que se dificulta las relaciones entre los propios afectados”. Al respecto, la posición de la Unión Europea ha sido “tímida” con relación a Nayib Bukele y, mientras goza del apoyo de Trump, en mayo del año pasado destacó su preocupación por la ley aprobada para el recorte en ayudas internacionales o las detenciones indiscriminadas.

“Persecución transnacional”

Una práctica que comparten es la “persecución transnacional”, ya sea con medidas para mermar las capacidades de la oposición como la nicaragüense o el empleo de medidas judiciales o del lawfare para hostigar tanto a los individuos como a las familias de los exiliados dentro de los países en los que han aterrizado. Por ello, las demandas del exilio están relacionadas con las democracias europeas y americanas: “Quieren que tomen posición y utilicen su gestión política para dialogar y confrontar a los regímenes autoritarios en Centroamérica, tal y como se hacía en los 80' en un momento en el que la comunidad internacional logró implementar procesos de paz. En palabras de un nicaragüense, le piden a la comunidad internacional que tenga el colmillo que tuvo antes”.

Más allá del asilo político, la cuestión sería dotar de un apoyo integral a las víctimas al igual que crear espacios permanentes de comunicación desde las universidades. “Desde afuera se puede hacer mucho, pero el cambio viene desde dentro. Si no hay vínculo, las posibilidades de luchar son peores”, sostiene. En Guatemala, el progresista Bernardo Arévalo de León ganó las elecciones en 2023 tras una fuerte confrontación con la fuerza saliente y un Estado debilitado; al mismo tiempo, la pareja presidencial formada por Ortega y Rosario Murillo perpetran las modificaciones en la Constitución; y Bukele atenta contra los derechos humanos en las cárceles, convertidas en el símbolo de sus ya dos mandatos. “Hay elecciones en El Salvador el próximo año y el exilio lo tiene claro: Bukele va a ganar. Controla el Consejo del Estado y es popular, por lo que la transición política se debe dar con un proyecto alternativo que esté listo”.

En búsqueda de respuestas y de dar un mayor altavoz a estas causas, Alexander Segovia adelanta que el objetivo es hacer una red de universidades andaluzas para dar este apoyo a los exiliados centroamericanos. “Una de las mayores preocupaciones del exilio centroamericano es la posibilidad de desconectarse de los países de origen, por lo que habría que crear una comunidad en espacios permanentes”, añade. Con la vista puesta en cada movimiento, la RED-ICA abre nuevos caminos para la supervivencia del relato de la comunidad exiliada.

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