Tiempos de 'lawfare' también en España

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias (c), el portavoz parlamentario, Pablo Echenique (i) y el secretario de Comunicación y Tecnologías de la Información, Juan Manuel del Olmo, entre otros, durante una reunión del partido. EFE/Víctor Lerena/Archivo

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En 2016, el Senado de Brasil destituyó a Dilma Roussef de la presidencia del país en un “juicio político” que no tuvo efecto penal alguno. En 2018 la justicia de Brasil condena, encarcela e inhabilita electoralmente a Lula Da Silva, abriendo el camino a la victoria electoral de Bolsonaro, aunque después fueran anuladas las acusaciones por carecer de base fáctica alguna. También en 2018 se dicta por un tribunal de Ecuador orden de prisión y captura internacional contra el ex presidente Rafael Correa, inhabilitándolo electoralmente, aunque Interpol se haya negado a ejecutar tales ordenes por basarse en acusaciones fraudulentas con clara intencionalidad política. Previamente en 2017 era condenado a seis años de prisión e igualmente inhabilitado su ex vicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción. Hace unos días, la justicia de Bolivia respondió a la huelga general convocada para exigir a la junta golpista del país la rápida celebración de elecciones libres, dictando órdenes de prisión y procesamiento contra el ex presidente Evo Morales, el ex canciller David Choquehuanca, el actual candidato presidencial del MAS Luis Arce y el secretario general de la mayor central sindical del país, Juan Carlos Huarachi. Las acusaciones son de terrorismo y genocidio y aunque probablemente también quedarán en nada, servirán para inhabilitar electoralmente a todos los anteriores, eliminando de la escena política a los adversarios que tienen posibilidades de disputar victorias electorales a las oligarquías políticas dominantes.

El consenso social contra la corrupción está siendo utilizado espuriamente por aparatos judiciales escasamente democratizados tras sobrevivir intactos a las dictaduras que los constituyeron o con las que convivieron en sintonía. Intervienen en la vida política obviando la neutralidad que en un Estado de Derecho se predica del poder judicial, neutralidad que recurrentemente esgrimen para reclamar que sus decisiones no puedan ser criticadas. Tratan de arrogarse una legitimidad de la que carecen bien por su origen vinculado a regímenes autoritarios o bien por la ausencia de mecanismos democráticos de control ciudadano de su actividad.

Incluso en los casos más escandalosos eluden cumplir con los mecanismos constitucionales formales de renovación de sus órganos de gobierno a la vez que objetivamente desestabilizan el escenario institucional, judicializando arbitrariamente a las fuerzas políticas y líderes alternativos surgidos al calor del cuestionamiento popular de las  políticas neoliberales que provocaron las trágicas consecuencias sociales que conocemos en España. Es decir, poderes judiciales que, por decisión u omisión propia, abandonan su función originaria de impartir justicia para convertirse en herramientas al servicio de los sectores políticos que nos gobiernan de larga data y que  se niegan a ser desplazados del poder

Esta guerra jurídica asimétrica utilizada en distintos países contra las fuerzas políticas alternativas, se denomina Lawfare. Ha sustituido a los golpes de Estado o intervenciones armadas utilizadas antaño para acabar con los gobiernos que estaban al servicio de sus pueblos.

La guerra jurídica o lawfare se despliega a través del uso ilegítimo del derecho con la intención de dañar al oponente, consiguiendo así la victoria en un campo de batalla de relaciones políticas públicas, paralizando política y organizativamente a los oponentes, o inmovilizándolos judicialmente para que no tengan opción de disputar o desempeñar poder institucional, incluso impidiendo que puedan presentar candidaturas a cargos públicos. No es necesario llegar a la intervención por la fuerza que el noctámbulo eurodiputado de Vox reclamaba en enero para impedir el gobierno de coalición de izquierdas en España. Los golpes de Estado acaban siendo contraproducentes para los golpistas, más en un mundo inundado de redes sociales.

La violencia, el maltrato, las  protestas sociales acaban deslegitimando a quienes utilizan arbitrariamente la fuerza coactiva del Estado para ocupar el poder político. No es opción prioritaria la implantación violenta de regímenes autoritarios si es posible mantener el control por medios de apariencia más democrática. Es menos escandaloso utilizar a la Guardia Civil para llevar a cabo una investigación judicial prospectiva -no relativa a hechos, sino respecto a personas a las que se ha decidido previamente atribuir delitos- sobre la responsabilidad penal de las convocantes de manifestaciones del 8M, que utilizarla para asaltar el Congreso de los Diputados.

 Esta guerra jurídica emplea unos recursos -poder judicial y operadores jurídicos-, y una táctica -la judicialización y criminalización del adversario político- y tiene unos objetivos: derrocar a los gobiernos que no son funcionales a los intereses de quienes creen que el poder les corresponde solo a ellos y a perpetuidad. La estrategia es desprestigiar a las fuerzas políticas que amenazan sus intereses, intentar inhabilitarlas electoralmente y destruir políticamente a los líderes que las encabezan.

Desde su nacimiento en 2014, Podemos ha tenido que emplearse a fondo en tareas de defensa jurídica. A la vista de las sucesivas judicializaciones soportadas, cualquier observador concluirá que la guerra jurídica ha sido utilizada intensamente contra este partido. Hasta ahora todas las investigaciones judiciales, al menos 15, han quedado en nada.

En el año 2014 el abogado Rodríguez Menéndez denunció a Pablo Iglesias por delito de blanqueo de capitales y delito electoral por falseamiento de cuentas, denuncia archivada por el Tribunal Supremo a final de enero de 2015. La segunda querella fue interpuesta por la organización Manos Limpias también contra Iglesias, por un supuesto delito de desobediencia, contra los derechos de los trabajadores, organización criminal, apropiación indebida, administración desleal, tráfico de influencias, cohecho, corrupción entre particulares y delito contra la Hacienda Pública. Fue archivada por el Supremo en abril de 2015. En este mismo mes el Tribunal Supremo inadmitió otra querella contra Podemos a consecuencia de la utilización de su denominación.

Durante 2015 se archivaron dos querellas contra Juan Carlos Monedero por supuestos delitos societarios, contra la Hacienda Pública y falsedad documental, presentadas por Manos Limpias y Rodríguez Menéndez. En 2016 la Audiencia Nacional archivó otra denuncia contra Pablo Iglesias, basada en el llamado Informe  PISA, un informe sobre supuesta financiación ilegal de Podemos inventado por la policía patriótica del ministro Fernández Diaz y difundido hasta el paroxismo por distintos medios de comunicación.

En febrero de 2016 la Audiencia Provincial de Madrid inadmitió otra querella de Manos Limpias, contra la empresa productora de los programas de televisión que realizaba Iglesias. En abril de 2016 se archivó otra denuncia contra Iglesias, en esta caso por la supuesta recepción de fondos por parte de Irán. Ese mismo año el dirigente de Podemos Rafael Mayoral fue objeto de otra querella también archivada, en este caso por asociación ilícita, blanqueo, cohecho, estafa, delito fiscal contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores. En julio de 2016 el Tribunal Supremo archivo otra denuncia contra Pablo Iglesias por presunta financiación ilegal.

En marzo de 2017 se archivaron otras dos querellas, una presentada por Vox por blanqueo de capitales y delitos electorales y otra presentada por Yolanda Barcina, ex presidenta de UPN y del Gobierno de Navarra contra Iglesias por intromisión ilegítima en el derecho al honor. Mención aparte merece el acoso judicial contra la jueza Victoria Rosell, diputada de Podemos que decidido no presentarse a las elecciones de junio de 2016 por el proceso judicial abierto por una querella que le presentó el ex ministro José Manuel Soria por supuesto cohecho, prevaricación y retraso malicioso en la Administración de la Justicia. En diciembre de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias archivó la querella de Soria. También el secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa soportó otra denuncia presentada por Manos Limpias, que fue archivada en enero de 2016.

La constante judicialización de Podemos, utilizando fraudulentamente el amplio consenso social contrario a la corrupción, ha posibilitado ríos de tinta en los medios escritos y horas de informaciones en los audiovisuales. Judicialmente ha quedado en nada, pero ha obligado a dedicar tiempo y esfuerzos a la defensa jurídica que han sido detraídos del trabajo político y social. Muy probablemente esta permanente estrategia de desprestigio político ha tenido un impacto importante en el descenso del apoyo electoral de Unidas Podemos en los últimos cuatro años.

La formación del primer gobierno de coalición de izquierdas en España en más de 80 años -es decir, la entrada de una fuerza de izquierda alternativa, Unidas Podemos, en el Gobierno- ha ido acompañada de extraños sucesos procesales. El mismo juez que en 1998 declinó procesar a Augusto Pinochet -a pesar de estar investigando los crímenes de la dictadura militar chilena- y que en 2018 archivó la causa sobre las presuntas corruptelas del Emérito ahora investigadas por la justicia suiza, busca denodadamente pruebas para acusar a Pablo Iglesias a consecuencia del robo de una memoria informática que apareció en poder del comisario Villarejo. Para el juez que no vio indicios de criminalidad en la actuación de Pinochet ni en la del Emérito, no tiene trascendencia alguna que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya descartado cualquier delito en la actuación del Vicepresidente Iglesias, ni tampoco tiene en cuenta el resultado de la prueba que él mismo solicitó a una empresa informática en Gales, diligencia que concluyó que la tarjeta de memoria no tenía daño físico alguno cuando Iglesias la entregó a su colaboradora tras serle entregada a él por los responsables de un medio de comunicación.

En el momento de mayor inestabilidad institucional desde el 23-F, volvemos al teatro de operaciones de la intensa guerra jurídica contra Podemos del periodo 2015- 2016. Esta vez el enemigo a batir es la presencia en el gobierno de España de Unidas Podemos. Una vez fracasada la estrategia de convertir a Villarejo en víctima y a Iglesias en victimario en la pieza separada “Dina”, se repite el guion de la falsa acusación de financiación irregular. Ya veremos si vuelven a revivir el ya manido espectro venezolano o iraní o las tan socorridas falsas cuentas secretas en paraísos fiscales. El sistema no puede asumir que Podemos sea la única fuerza política que concurre a las elecciones y obtiene representación institucional sin recurrir a la financiación bancaria, únicamente con apoyo de sus simpatizantes y subvenciones electorales públicas.

Otro juez, que no apreció indicio alguno de delito en un chat de policías municipales que deseaban la muerte de la alcaldesa Carmena entre proclamas nazis y racistas, abre con pasmosa celeridad una causa general contra un partido de gobierno, Podemos, y contra sus dirigentes, sin más fundamento que una imprecisa  declaración de un alto responsable jurídico del partido que  solo comenzó a ver presuntas actuaciones ilícitas cuando fue despedido. Entre las actuaciones que el instructor entiende posiblemente ilícitas -denunciadas por un abogado ignorante del contenido y alcance de la obligación de guardar secreto profesional- se encuentran donaciones efectuadas por los cargos electos de Podemos de parte de sus salarios a proyectos sociales que atendían a personas en riesgos de exclusión social. Recuérdese que sin embargo, nuestros tribunales nunca han visto delito en las donaciones de cientos de miles de euros realizadas por empresarios de obra pública al Partido Popular cuando estaba en el gobierno. El juzgado ha admitido la personación de Vox como acusación -sin exigir fianza alguna, en contra de lo que establece la ley- antes de dirigir la investigación contra persona física alguna. No es capaz de encontrar la declaración en la que fundamenta la investigación prospectiva abierta cuando la pide la defensa, pero la encuentra y entrega a la mayor brevedad cuando es solicitada por la acusación ultraderechista. Y fija un dilatado calendario de declaraciones de los investigados que abarca cuatro meses para tomar cuatro declaraciones, coincidiendo con la sustanciación de la moción de censura contra el gobierno que presentará en el Congreso el mismo partido que ejerce la acusación en la causa.

El guion del lawfare se viene repitiendo milimétricamente. A pesar de no existir precedentes de dimisiones políticas en las fuerzas de derecha por procesamientos o condenas por corrupción, tiempo le ha faltado a la oposición derechista y sus corifeos mediáticos para exigirle al presidente Sánchez que expulse del Gobierno a Unidas Podemos y a su vicepresidente segundo. El argumentario sobre las supuestas ilegalidades cometidas por Unidas Podemos y la falta de ética de sus dirigentes se repetirá incesantemente mientras dure el escándalo provocado por la huida del Emérito, intentando así distraer a la opinión pública sobre dos vergonzantes realidades que enfrenta este verano España: que nuestra justicia no tiene ninguna intención de perseguir las presuntas corruptelas del Emérito y que la crisis institucional que padecemos no afecta únicamente a la Casa Real, sino a todo el sistema constitucional creado para atender situaciones políticas del siglo pasado muy diferentes a las actuales

Mientras más inestabilidad soporte la actual institucionalidad española, mientras más amenazada en el desempeño del poder se sienta la oligarquía de este país, más duros serán los ataques a Unidas Podemos y a sus dirigentes.

El poder judicial debería mantenerse al margen de la confrontación política para evitar repetir fracasos institucionales de otras épocas, que le causaron graves crisis de legitimidad y el desafecto popular. Esta injerencia en los asuntos políticos, dirigida en apariencia a desgastar a un fuerza política y a intentar inhabilitar electoral y políticamente a sus más destacados dirigentes, supone la anulación de la independencia judicial por su consciente politización, y provoca irremediablemente la desaparición de la división de poderes que sustenta el Estado de Derecho. También supone un descrédito importante para la justicia española en Europa y en el mundo. Véanse los varapalos jurídicos que sucesivamente han supuesto las resoluciones de la justicia de Bélgica sobre los dirigentes independentistas catalanes o la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso Bateragune. El lawfare se está convirtiendo en una de las mayores amenazas que se ciernen sobre la democracia en España.

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Publicado el
13 de agosto de 2020 - 21:33 h

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