La excepción valenciana

Ayer pasé por la plaza del Ayuntamiento de València. Llevaba semanas sin poder hacerlo. Observé la estructura y las dimensiones de la acampada levantada en torno a la reivindicación del derecho a la vivienda, pero no solo. Como tantas otras personas que hoy compartimos militancia en Verds, estuve muy implicado en el 15M —entre mayo de 2011 y julio de 2012— y veo una clara evolución: esta acampada tiene un grado de organización y solidez que hace quince años ni soñábamos alcanzar. Hay menos gente que en las asambleas más multitudinarias de entonces… de momento, pero hay días en que se reúnen varios miles de personas.

Con todo, los dos movimientos comparten elementos esenciales: la recuperación pacífica del espacio público para la ciudadanía; el ágora y la asamblea como centro de la participación y la regeneración democrática; y su aparición en un momento en que la mayoría de la juventud no puede acceder a lo básico para tener un proyecto de vida digno, con un futuro inmediato todavía más amenazante.

He pasado más de un mes dedicado a una negociación que ha acabado bien: el acuerdo de todas las fuerzas de la izquierda transformadora del País Valencià. Al volver a tener tiempo para leer la prensa de otros países, he visto el alcance de las protestas en Francia, sobre todo, pero también en Italia y Bélgica. Recuerdo bien a los chalecos amarillos, que en 2018 llevaron la protesta a un nivel no visto hasta entonces en la Unión Europea. Entonces nadie los asoció a las banlieues ni se esgrimió un discurso racista; algunos de quienes hoy lo hacen —Le Pen, Vox— comprendían entonces las contundentes acciones de los activistas de amarillo.

Aquí hay una acampada pacífica y una izquierda que ha sido capaz de unirse. Esa es la excepción valenciana, y tiene explicaciones.

La Francia de Macron —exalumno de la ENA y exbanquero de la elitista Rothschild & Cie— salió de la pandemia en mejor situación económica que España. Durante su presidencia ha aplicado sin grandes reservas una agenda neoliberal basada en la economía de la oferta y, sobre todo, en la teoría del goteo: bajar impuestos y cargas regulatorias a las grandes empresas y a las capas más ricas, porque esa riqueza acabaría derramándose sobre el conjunto. El mantra de que «hay que crear riqueza y llegará a todos», omnipresente durante cuarenta años, ha resultado ser una falacia. Daron Acemoglu y Simon Johnson, ambos premios Nobel de Economía en 2024, sostienen en Poder y progreso que los beneficios del progreso no se reparten solos: dependen de las instituciones, de las decisiones colectivas y de cómo se distribuye el poder.

En las últimas décadas el neoliberalismo ha sido hegemónico no solo en las derechas, también en la socialdemocracia. Los ministros de economía de Zapatero aplicaron una agenda neoliberal indisimulada —«bajar impuestos es de izquierdas», llegó a decir el entonces presidente— que, con un sistema fiscal sostenido por las plusvalías de la burbuja inmobiliaria, contribuyó a abocarnos al austericidio. Era de esperar que la de su epígono Pedro Sánchez no fuera muy diferente.

Pero una de las consecuencias del 15M fue debilitar el bipartidismo que la ley electoral había consolidado desde la Transición. Buena parte de las medidas sociales más significativas desde 2020 han salido de ministerios cuyos titulares no se deben a Sánchez. El presidente y sus ministros han escenificado con aparente complacencia su capacidad de modularlas a la baja, pero no han podido impedirlas: España es, de las grandes economías europeas, la que menos ha seguido la senda neoliberal en el último lustro.

Hoy la economía española tiene margen para tomar medidas contundentes en vivienda. Las que proponen Feijóo & Abascal —una UTE concebida para demoler los servicios públicos esenciales y hacer negocio con ellos— se parecen a las que han causado durísimos costes sociales en Argentina, o a las que no han resuelto los problemas estructurales de Francia y han contribuido a que ardan sus calles. En España, en cambio, la necesidad del PSOE de apoyarse en el Congreso en fuerzas de izquierda arraigadas en sus territorios —como Compromís, más cercanas a la ciudadanía y a sus problemas reales— ha frenado políticas económicas como las francesas.

El índice de Gini mide la desigualdad en el reparto de la renta dentro de una sociedad: cuanto más bajo, menos desigualdad. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en el País Valencià el índice era de 33,0 en 2015, con el PP; tras los gobiernos del Botànic, en 2023, había bajado a 31,1; en 2025, tras dos años de PP y Vox, ha vuelto a subir hasta 31,8, el segundo peor dato del Estado, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, también gobernada por el PP. La desigualdad depende de muchos factores, pero la tendencia es elocuente.

Pero la desigualdad no es lo único que se degrada cuando gobiernan las derechas neoliberales y extremas. Este 29 de octubre se cumplen dos años de la DANA. Cuando al recorte de los servicios públicos, incluidas las emergencias, se le suma el negacionismo climático de la extrema derecha, el resultado es una tragedia como la que costó la vida a 233 personas, desprotegidas por un Consell de Mazón incapaz de reaccionar e informar. Los fenómenos meteorológicos extremos no van a desaparecer por mucho que gobiernen quienes los niegan. Lo recordamos cada día 29, y lo recuerda también la acampada, junto a las luchas por la vivienda, por la educación y la sanidad públicas y por las pensiones: los pilares de nuestra construcción social.

Esa herida explica en buena medida por qué solo aquí se ha alcanzado el acuerdo de las izquierdas. Hemos visto de cerca, con nombres y apellidos, lo que cuesta un mal gobierno, y eso obliga: ninguna fuerza de la izquierda valenciana podía permitirse fracasar en el intento.

La otra clave ha pasado más inadvertida. Compromís es una coalición de tres partidos —Verds, Iniciativa y Més— que llevamos dieciséis años trabajando juntos. No es fácil, requiere esfuerzo continuo. Negociar es nuestro hábitat natural: sabemos que ceder no es perder, y que la pluralidad, bien gestionada, es una fortaleza. Las seis fuerzas que hemos firmado el acuerdo hemos cedido algo por el bien común. Ha valido la pena.

Compromís: Front Valencià abre un camino, pero no lo recorre por sí solo. Que llegue a un grupo propio en el Congreso y a un gobierno transformador en la Generalitat dependerá de algo que no se firma en ninguna mesa: de que quienes hoy acampan en la plaza del Ayuntamiento, y tantas otras personas, sientan que ese camino también es el suyo.