El mapa de la desigualdad reabre el debate en Sevilla y el alcalde admite “no gustarle” los altos precios de las VPO
La renta media bruta en el barrio de Santa Cruz, en el centro de Sevilla, fue de 106.223 euros en 2024, un 43% más que en 2019, lo que la sitúa entre el 1% más rico de Andalucía y el 3% en España. A escasos kilómetros, el Polígono Sur se queda entre el 1% más pobre con unos 20.000 euros de media. Una fractura que deja ver las costuras de un sistema que ha sido debatido en el pleno municipal en un día removido por el movimiento social. Concentrado a las puertas del Ayuntamiento y gritando en el interior, varios colectivos reclamaron políticas públicas que mitiguen estas diferencia durante el debate en el que se abordó la crisis de vivienda y los altos precios de las viviendas protegidas (VPO), para lo que el alcalde José Luis Sanz admitió que tampoco le gustan.
A las doce del mediodía, los vecinos de Jiménez Becerril exigían en una convocatoria en la plaza de San Francisco este jueves que sus casas se incorporen al parque público municipal. “No están con los ciudadanos, sino con los fondos buitres”, criticó Sandra Cruz, vecina afectada por la compra que hizo un fondo buitre del número 27 de Jiménez Becerril en donde viven 102 familias. “Nos enteramos por terceros en abril que nuestro edificio había sido vendido por la Caixa al fondo Inmocriteria Arrendamiento SLU”, con un precio por inmueble de 40.000 euros. “Pedimos al Ayuntamiento que ejerza su derecho de tanteo y retracto y lo sume a su parque de vivienda público”, añadió.
Sin embargo, PP y Vox tumbaron la moción en julio para proteger las VPO que, a fecha de hoy, ya han sufrido “un aumento del alquiler del 47% y la no renovación de varios contratos, además de que no hay un mantenimiento del bloque”, aseguró desde la plataforma que se concentró en la plaza de San Francisco, que acusaron al alcalde José Luis Sanz y al delegado Juan de la Rosa de “mentir”. Esta reivindicación se produce dos días después de que el Ayuntamiento hispalense anunciara que mantendrá una “vía permanente de comunicación” con la asociación de vecinos para revisar los expedientes de las 102 familias.
Sevilla concentra desde el 1% más rico al 1% más pobre del país
El grupo de afectados, apoyado por CGT, el Sindicato de Inquilinas y la plataforma Barrios Hartos, fue al Salón Colón a protestar y del que fueron desalojados en una jornada estuvo salpicada por las protestas vecinales. “Si se invierte más que nunca y hay más desigualdad que nunca, ¿qué está fallando? A lo mejor está fallando el modelo, porque no se está corrigiendo la desigualdad en nuestra ciudad. Quiero que investigue qué está fallando: la deuda con nuestros vecinos no se paga con propaganda, sino con voluntad política”, enfatizó Ismael Sánchez, del grupo municipal Con Podemos-Izquierda Unida, que preguntaba al regidor hispalense por las medidas para combatir estas disparidades.
Los datos difundidos hace tres días por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una diferencia abismal entre los barrios sevillanos. Estas cifras detallan la renta bruta media por hogar (es decir, antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF de 2024 de los residentes de más de 36.000 secciones censales y deja a la barriada de El Carmen, El Turruñuelo, Amate, Los Pajaritos, Palmete, Santa Justa, Macarena, al rojo vivo. Así, se distinguen las zonas más empobrecidas de la riqueza que se aglomera en el centro de la capital andaluza.
“Los datos son demoledores y, si se están desarrollando programas sociales, por qué Torreblanca sigue teniendo 11.500 euros de renta media, una de las más bajas del Estado español”, cuestionó frente al récord de turistas que han aterrizado en la ciudad durante este último año en una jornada en la que se ha aprobado de forma unánime una moción en la que se solicita al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible la financiación necesaria para la ampliación del Aeropuerto de Sevilla.
En respuesta, el alcalde José Luis Sanz admitió que, aún estando “orgullosos del esfuerzo inversor”, todavía “queda mucho por hacer”. En todo caso, subrayó que ha habido 560 millones de euros destinados a política social durante el mandato y que, en los últimos presupuestos municipales, un 21% estuvo dedicada a esta partida. “Rescatamos los servicios sociales del abandono de los socialistas”, adelantando que hay 40 nuevas viviendas transitorias para familias en riesgo inminente o el aumento del presupuesto de los centros de día. “Si mantenemos o incrementamos el nivel de inversión, poco a poco veremos una transformación en los barrios pero no se consigue de un día para otro”, sostuvo.
En cuanto a los elevados precios de las viviendas protegidas (VPO) construidas en Sevilla, respondió al concejal de IU que “a mí tampoco me gustan”. “Si yo hubiera formado parte del Gobierno de coalición, le hubiera pedido ayudas a la compra, a las hipotecas, a la fiscalidad... Esa era la forma de bajar el precio de la vivienda protegida”, recalcó. Un eco de las palabras dirigidas por la portavoz de Jiménez Becerril, que criticó que los precios estén “en 280.000 euros”.
Al respecto, Carmen Fuentes, del grupo socialista, pidió “construir viviendas asequibles” durante la exposición de la moción para apoyar las medidas urgentes del Gobierno central en materia de vivienda y su aplicación en Sevilla, que fue rechazada. “Una VPO cuesta más de 350.000 euros y eso no es una solución para las familias trabajadoras o que un alquiler sea más del 30% no es una solución real”, criticando que han “mirado a otro lado” en la desazón que atraviesan las familias de Jiménez Becerril. “Le pedimos que utilicen sus competencias”, recalcó.
“¡Sueldo digno!”
El pleno, marcado por varias interrupciones de la ciudadanía que vino a protestar ante los concejales, iban siendo desalojados uno a uno después de que se reclamara la vuelta al orden. Entre las reclamaciones, tres vecinas gritaban “¡Flora, pública, abierta y de calidad!”, en referencia a la reapertura de la residencia universitaria en las Tres Mil Viviendas que la Universidad Pablo de Olavide clausuró y del que ha excedido el plazo para su reapertura. Esta manifestación se produce cinco días después de que el estudiantado se manifestara a las puertas del edificio buscando una respuesta de la institución, que ha pospuesto abrir unas 32 viviendas el próximo 1 de diciembre.
Frente al abono de los servicios para el Plan de Navidad a la Policía Local, las trabajadoras en dependencia también exigieron mejoras: “¡Sueldo digno a las auxiliadoras de ayuda a domicilio!”, un colectivo que, aparte de reclamar la municipalización del servicio, llama a mejorar las condiciones retributivas de la plantilla, una lucha en la que llevan varios años y con movilizaciones como la acampada de más de un mes que hicieron ante el Consistorio. Junto a ellas, otro grupo de trabajadores del Ayuntamiento pedían “jubilación anticipada” tras 40 años cotizados.
Vuelven a educación los 3 millones que iban a Emvisesa
Un pleno revuelto en el que, además, se ha dado un paso atrás en la reasignación de 3 millones de euros a Emvisesa, la empresa municipal de vivienda, tras quitárselo a la partida de educación. Un mes después de que se aprobara la modificación presupuestaria, el gobierno de José Luis Sanz (PP) se ha retractado, para lo que el PSOE y Podemos-IU han pedido explicaciones. “El informe de Intervención, de seis páginas, especifica que no se había argumentado lo suficiente para justificar el desvío de crédito”, recalcaba Hornillo, “cuestiona la viabilidad de esta operación”.
Además, el concejal socialista Francisco Páez acusó al PP de “ocultar” a la oposición la carta en la que desde Emvisesa “manifiesta por escrito que ya no se necesitaba la partida para la renovación de infraestructuras”. “Nadie ha visto la carta del señor gerente de Emvisesa”, subrayó, “quitaron el dinero de una partida de colegios para dedicárselo a la rehabilitación de vivienda y ahora vuelven atrás, esto es prueba de los malos gestores que son al frente del Ayuntamiento”. Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, desvió el debate hacia el hecho de que hay “2.071 casas” que están en régimen de alquiler y serán rehabilitadas, sin responder a las cuestiones relativas a la marcha atrás de este procedimiento.
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