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Se acabó el “secreto salarial”: estos son los nuevos derechos para conocer los sueldos y combatir la brecha de género

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el Consejo de Ministros de este martes.

Laura Olías

17 de noviembre de 2026 17:08 h

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“El secreto salarial en España hoy se ha acabado”. Es el resumen que ha hecho la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, del decreto- ley aprobado por el Gobierno este martes con nuevos derechos sobre transparencia salarial, también por sexos, para cumplir con la transposición de dos directivas europeas. Entre las novedades, existirá un derecho a pedir y recibir información sobre el salario de los compañeros que realizan un trabajo de igual valor a la persona trabajadora y se publicará la brecha salarial de las empresas a partir de 50 empleados.

A falta de la letra pequeña del real decreto-ley que se publique en el BOE, el Ministerio de Trabajo ha explicado algunas de las medidas más destacadas del decreto-ley. Entre ellas, destaca que se reconoce como nuevo derecho individual el de “información retributiva”.

Trabajo explica que se garantiza el derecho de los trabajadores y trabajadoras a solicitar y recibir por escrito “en el plazo máximo de dos meses” información sobre su retribución y “sobre las retribuciones medias, desglosadas por sexo, en los grupos, categorías o niveles retributivos” de compañeros que realicen “su mismo trabajo o uno de igual valor”.

La extensión del derecho de información se extiende “a todas las relaciones laborales con independencia de su duración” –no solo a partir de cuatro semanas, como hasta ahora– y se reconoce también “la posibilidad de solicitar formas de empleo más estables y previsibles que permitan mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras”, informa el Ministerio de Trabajo en un comunicado.

Además, se declaran nulas las cláusulas en los contratos “que impidan a la persona divulgar información sobre su propia retribución”.

Las ofertas de empleo deberán incluir información sobre la retribución inicial correspondiente al puesto de trabajo y se establece “la prohibición de solicitar a las personas candidatas información relativa a su historial retributivo”, añade el Ministerio.

Más exposición pública de la brecha salarial

La nueva ley “amplía los instrumentos de registro y auditoría retributivos” que ya tiene España, “mejorando la detección de la brecha retributiva de género”, destaca el Ministerio de Trabajo.

Entre las medidas, fuentes del departamento de Yolanda Díaz confirman a elDiario.es que se obligará a las empresas a partir de 50 trabajadores a publicar la brecha salarial entre mujeres y hombres, que tendrá que estar disponible en un organismo público, como exige la directiva europea de igualdad retributiva.

Así, cuando en una empresa con al menos 50 personas trabajadoras haya una brecha salarial por sexo de un 25% o más, “el empresario deberá incluir en el Registro salarial una justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras”.

En empresas a partir de 100 personas trabajadoras, esta justificación deberá incluirse en el registro “cuando la diferencia entre promedios de uno u otro sexo sea de, al menos, el 5%”.

La norma crea la “Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva”, que será la encargada de publicar esta información sobre brecha salarial en España, responden a este medio en el Ministerio de Trabajo, y “a la que se le atribuyen funciones de asistencia y cooperación con las autoridades competentes”.

Condiciones laborales más previsibles

Se aprueban además varias medidas que pretenden convertir las relaciones laborales en más previsibles para los trabajadores. Así, la persona trabajadora deberá conocer el día y la hora de realización de las horas complementarias pactadas “con un preaviso mínimo de tres días”, explican en Trabajo. Si no se cumple estos requisitos, se regula el derecho a rechazar la tarea asignada sin que ello tenga consecuencias desfavorables.

“En el caso de cancelación total o parcial por parte de la empresa de la realización de dichas horas complementarias, la persona trabajadora conservará el derecho a la retribución correspondiente a las horas no realizadas”, añaden en Trabajo.

En cuanto al periodo de prueba, el Ministerio explica que será de un máximo de seis meses, solo ampliable por convenio, “justificando las causas, bien sea por la naturaleza del empleo, la necesidad de la persona trabajadora o la necesidad de evaluar, por ejemplo, en casos de ERTE, permisos por nacimiento o incapacidad temporal, entre otros”.

En los contratos de seis meses el periodo de prueba será de un máximo de un mes y en los de tiempo inferior se reducirá este periodo proporcionalmente.

Mayores sanciones por incumplir en transparencia

Yolanda Díaz ha destacado este martes que el decreto-ley establece por primera vez la garantía de indemnidad expresa, para que “ninguna persona puede sufrir represalia o trato desfavorable como consecuencia del ejercicio de defensa de los derechos laborales”.

Además, se actualizan las sanciones vinculadas a estos derechos y obligaciones sobre transparencia salarial. La carencia de información a la persona trabajadora sobre los elementos esenciales del contrato deja de considerarse una infracción leve, para estar tipificada como una grave, destaca el Ministerio. Las multas máximas por esta irregularidad se elevan por tanto de los 750 euros a los 7.500 euros.

También se tipifica como “infracción grave” el incumplimiento de la obligación de facilitar la información exigida por esta normativa a las personas solicitantes de empleo y se considera “infracción muy grave” la solicitud de datos prohibidos por la normativa o datos de carácter personal en cualquier proceso de intermediación o colocación, así como aquellas decisiones constitutivas de discriminación para el acceso al empleo. En este caso, las sanciones pueden alcanzar los 225.018 euros.

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