Legalidad sí, legitimidad también

Una ley puede ser perfectamente legal y, sin embargo, suscitar dudas sobre la legitimidad de su proceso de elaboración. Esa es, a mi juicio, la principal cuestión que plantea la reciente reforma de la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana.

Nadie discute que la reforma ha seguido el procedimiento parlamentario y que ha obtenido en Les Corts Valencianes los apoyos necesarios para su aprobación. Desde ese punto de vista, es una norma legal.

Pero la legalidad no debería ser el único criterio para valorar una reforma de esta trascendencia.

La pregunta es sencilla: ¿quién ha participado en su elaboración?

Durante el proceso que ha desembocado en la modificación de la Ley 17/2017, quienes representamos a las Policías Locales no hemos tenido acceso a borradores, documentos de trabajo ni propuestas que permitieran conocer y debatir con antelación el contenido de la reforma.

Tampoco se ha producido, al menos con la participación que cabría esperar, el debate en el seno de la Comisión de Coordinación de Policías Locales, órgano concebido precisamente como espacio de encuentro entre las diferentes administraciones y sectores implicados.

Y esto resulta especialmente llamativo si comparamos el proceso actual con el que condujo a la aprobación de la Ley 17/2017.

Aquella ley fue el resultado de un proceso mucho más abierto. Representantes municipales, organizaciones sindicales y otros sectores relacionados con las Policías Locales pudieron conocer sucesivos borradores, formular propuestas, plantear modificaciones y aportar textos propios.

Hubo debate. Hubo documentos. Hubo reuniones. Hubo discrepancias y, también, acuerdos.

Incluso se llegó a criticar el elevado número de borradores que circularon durante aquel proceso. Pero aquella abundancia de documentos tenía una explicación: la ley se estaba construyendo mediante la participación de quienes después tendrían que aplicarla.

Además, el procedimiento permitió que personas y colectivos interesados pudieran formular propuestas y sugerencias.

No significa esto que todos consiguieran imponer sus criterios. Evidentemente, una negociación no funciona así.

Significa algo más importante: todos tuvieron la posibilidad de ser escuchados.

Y ahí reside la diferencia.

La aprobación parlamentaria otorga legalidad a una norma. Pero la participación contribuye a otorgarle legitimidad.

No estoy planteando que los sindicatos tengan derecho de veto sobre las leyes, ni que los ayuntamientos deban decidir qué puede o no puede aprobar Les Corts. El Parlamento tiene plena legitimidad democrática para legislar.

Lo que planteo es que, cuando una reforma afecta directamente a miles de policías locales, a los ayuntamientos que los gestionan y al modelo de coordinación de toda la Comunitat Valenciana, resulta razonable que quienes conocen esa realidad desde dentro sean escuchados antes de que las decisiones estén tomadas.

Porque una cosa es legislar y otra, muy diferente, legislar de espaldas a quienes tendrán que aplicar la norma.

La ausencia de participación genera además otro riesgo: que una reforma concebida para resolver los problemas generales de la Policía Local termine dando respuesta preferente a necesidades particulares de determinados colectivos o municipios.

La coordinación autonómica exige una visión de conjunto.

No se trata de arrimar el ascua a la sardina de nadie. Se trata de disponer de un modelo de Policía Local coherente para toda la Comunitat Valenciana, respetando la autonomía municipal pero garantizando unas reglas comunes, claras y equilibradas.

Por eso, la discusión no debería terminar con la aprobación parlamentaria de la reforma.

Al contrario. Debería comenzar ahora un proceso de diálogo que permita analizar sus consecuencias, detectar sus problemas y, si es necesario, corregir aquello que deba ser corregido.

La Ley 17/2017 demostró que es posible hacerlo de otra manera.

Demostró que una norma puede ser legal, pero también participada, transparente y ampliamente legitimada por quienes intervienen en su elaboración.

La reforma actual puede ser legal. Pero necesita recuperar participación para alcanzar la legitimidad que una norma de esta importancia merece.

Porque la democracia no consiste únicamente en votar una ley en el Parlamento.

También consiste en escuchar antes de votar.

Y cuando hablamos de la Policía Local, escuchar a sus profesionales, a sus representantes y a los ayuntamientos no debería ser una concesión.

Debería ser una obligación política y una garantía de que las leyes responden a la realidad que pretenden regular.