El Colegio de Ingenieros que contrató al despacho del portavoz de Vox en València destina 25.000 euros a “asesoría jurídica”

El segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, suscribió en febrero de 2025 a través de su despacho de abogado un contrato de asistencia jurídica con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) a pesar de tener dedicación exclusiva como concejal con un sueldo de 85.277 euros brutos anuales. Una vinculación de la que no informó y que fue destapada por elDiario.es. 

Para hacerlo posible, el pleno municipal de diciembre de 2023 le aprobó una compatibilidad para desempeñar la función de abogado como una actividad supuestamente marginal. Así, gracias al voto de calidad de la alcaldesa, puesto que Gosálbez no podía participar en ese punto de la sesión, obtuvo el visto bueno del pleno y mantuvo el 100% de su sueldo público correspondiente a la dedicación exclusiva (85.277 euros).

Sin embargo, a pesar de la resolución del Síndic de Greuges que el pasado mes de mayo concluyó que Gosálbez debía remitir al Ayuntamiento el contrato “para acreditar que se trata de una actividad marginal en el ejercicio de la abogacía que no supone ninguna incompatibilidad legal relacionada con la dedicación exclusiva como regidor”, el edil se ha negado a hacer público el contrato, así como la remuneración.

Sin embargo, los presupuestos del COGITI a los que ha tenido acceso elDiario.es, establecen diversas cuantías en el apartado de desembolsos dedicados a “asesorías y gastos judiciales”, cuya cuantía total fue de 53.285 euros en 2024, 60.200 euros en 2025 y 59.100 euros en 2026.

Consultados tanto el organismo colegial como el grupo municipal Vox, llama la atención que insisten en no informar de si toda esta cuantía o una parte de ella es la que se abona al despacho de Gosálbez, a pesar de que el epígrafe de “gastos judiciales ofrece un desglose.

Así, el que más se podría asemejar a los servicios anunciados por el Colegio en su página web cuando contrató con al gabinete del concejal es el referido al de “asesoría jurídica” que ascendió a 16.000 euros en 2024, y pasó a 25.000 euros en 2025 y 2026 (ver imágenes).

A preguntas de elDiario.es, desde el grupo municipal Vox se han limitado a decir que “Gosálbez cumple con la normativa municipal como ya ha quedado claro”. Por su parte, desde el COGITI han explicado que “efectivamente, la partida que aparece en nuestro presupuesto corresponde al presupuesto global destinado a los servicios jurídicos” y han puntualizado que “además de la asistencia jurídica que pueda prestar el despacho de José Gosálbez en las materias para las que ha sido contratado, COGITI Valencia cuenta con otros servicios y asesoramientos jurídicos”. Por tanto, “la cantidad reflejada en el presupuesto corresponde al importe total previsto para estos servicios y no a la remuneración de un profesional concreto”.

Al mismo tiempo han argumentado que “por razones de protección de datos y de confidencialidad inherentes a las relaciones profesionales, COGITI Valencia no identifica individualmente a los distintos profesionales ni realiza un desglose público de las cantidades correspondientes a cada uno de ellos, al no existir obligación de hacer público ese nivel de detalle”.

En cualquier caso, “el presupuesto del Colegio es público en los términos establecidos por la normativa aplicable”. En este sentido, “es importante precisar que la cifra recogida en el mismo debe interpretarse como la partida presupuestaria global destinada a los servicios jurídicos del Colegio, y no como la remuneración correspondiente a una persona o despacho concreto”, han insistido.

El equipo de Gobierno municipal del PP y de Vox presidido por la alcaldesa, María José Catalá, ha hecho caso omiso a la recomendación del Síndic de Greuges encaminada a que se articulen mecanismos para fiscalizar la actividad privada de los concejales con dedicación exclusiva y compatibilidad aprobada por el pleno. Compromís presentó recientemente una moción en esta línea que fue rechazada por ambos partidos.