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Análisis

El Supremo “rehabilitó” a Manos Limpias un mes antes de que se lanzara contra la familia de Sánchez

Vista durante el juicio de los líderes de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad (detrás).

Pedro Águeda

22 de noviembre de 2026 21:39 h

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Hubo un tiempo, no muy lejano, en que la intromisión aviesa de Manos Limpias en los procedimientos judiciales divisó su fin. La Audiencia Nacional condenó en 2021 a su líder, Miguel Bernad, a cuatro años de cárcel por utilizar el pseudosindicato en una estrategia de extorsión a bancos y grandes empresas. Pero el final de Manos Limpias nunca llegó. Tres años después, con Manos Limpias en mínimos, el Tribunal Supremo anuló la condena a Bernad y el resto de acusados en un polémico fallo que redefinía el concepto de “intimidación” y despreciaba todas las pruebas reunidas para acreditar el chantaje. 

La sentencia de la Sala Segunda del Supremo, presidida entonces por Manuel Marchena, está fechada el 11 de marzo de 2024. El 9 de abril, cuando no se había cumplido un mes, los juzgados de Plaza de Castilla registraron una denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El 27 de mayo siguiente, el pseudosindicato se querellaba en Badajoz contra el hermano del jefe del Ejecutivo.

Ambas denuncias se basaban exclusivamente en informaciones de medios digitales de Madrid, algunas con errores o directamente bulos. Con esa herramienta de las publicaciones, Manos Limpias extendió su suerte en el Supremo a otros tribunales locales. Las denuncias del pseudosindicato contra la mujer de Sánchez y su hermano valieron para que el juez Juan Carlos Peinado, en la capital, y la magistrada Beatriz Biedma, en Badajoz, abriesen sendas causas e implicaran en ellas al grupo de élite anticorrupción de la Guardia Civil, la UCO del coronel Antonio Balas. 

David Sánchez terminó condenado el pasado julio a nueve años de inhabilitación, y aún tiene pendiente recurrir a la instancia superior. Begoña Gómez va camino del banquillo ante un tribunal del jurado tras una rocambolesca instrucción en la que el juez, Juan Carlos Peinado, se hizo notar. 

Los dos procedimientos judiciales contra los familiares de Sánchez han sido las grandes victorias recientes de Manos Limpias, acompañada en la acusación popular por otra veterana como HazteOir, y organizaciones de nuevo cuño que comparten la ideología de la organización de Bernad, refundada en los últimos años bajo el manto semántico del “antisanchismo”. 

La absolución de Manos Limpias por el Tribunal Supremo constituye el hecho fundacional de la estrategia que parte con la publicación de noticias cuestionadas, continúa con la conversión en querellas por el pseudosindicato ultra y culmina en la admisión a trámite por jueces que no se molestan en ocultar su desagrado con el Gobierno que salió de las urnas, contra todo pronóstico, en julio de 2023. Sirvan como ejemplos, entre muchos otros, que el juez Peinado ha comparado reiteradamente a Pedro Sánchez con el absolutista Fernando VII y Biedma se manifestó vestida con toga contra el proyecto de la Ley de Amnistía.

Desde la detención de Bernad, en abril de 2016, Manos Limpias había salido del foco. “Estaba muerta”, rememora una fuente de la investigación al pseudosindicato en la Audiencia Nacional. Hasta que la sentencia del Supremo supuso una luz verde para que retomara su actividad en los juzgados. “La sentencia del Supremo la rehabilitó”, añade este investigador. 

El fallo del Alto Tribunal, redactado por el magistrado Leopoldo Puente, dejó estupefactos a todos los que habían participado en la instrucción y a la sección de la Audiencia Nacional que juzgó y condenó a Bernad y a Luis Pineda, líder de Ausbanc, la supuesta organización de consumidores que se superponía a Manos Limpias, según recuerda uno de sus protagonistas.

El tribunal sentenciador estuvo presidido por la magistrada conservadora Teresa Palacios, de actualidad recientemente por el juicio del caso Kitchen. Su sentencia fue rectificada por Leopoldo Puente, redactor del fallo absolutorio del Supremo, alcanzado por unanimidad en una sala poco dada a los votos particulares, al menos bajo la presidencia de Marchena. 

Puente ha sido el juez del caso Ábalos. Durante su instrucción protagonizó una intromisión poco frecuente del poder judicial sobre el legislativo. Puente dictó un auto en octubre de 2025 en el que confesaba su “estupor” por el hecho de que un diputado como José Luis Ábalos pudiera seguir ejerciendo su labor de representante público, pese a estar imputado y constar contra él los indicios que reunía el procedimiento. El magistrado Leopoldo Puente iba más allá y proponía al Legislativo cambiar la norma. 

La sentencia de Leopoldo Puente: la quimera y el frutero

El Tribunal Supremo no puede entrar a revisar los hechos probados en los fallos del tribunal sentenciador. Debe revisar si la interpretación jurídica de los mismos es correcta. Y eso hizo Puente y el resto de miembros de la Sala Segunda: analizar la cascada de pruebas contra Luis Pineda y Bernad, un ejercicio obsceno de enriquecimiento a través del chantaje que para el Supremo no fue más que una negociación enmarcada en la libertad de mercado. 

La Audiencia Nacional concluyó que las empresas del Ibex suscribían convenios con Ausbanc por las “presiones” de Pineda, que les amenazaba con presentar demandas en los juzgados, por lo civil (la propia Ausbanc) o por la vía penal (Manos Limpias), contra las propias firmas o sus ejecutivos. 

Las amenazas se extendían a lanzar campañas de publicidad negativas contras las entidades a través de la difusión de informaciones que ponían “desmesuradamente” el foco en ellas y dañar así su reputación. “Se valió de la asociación sin ánimo de lucro para su interés lucrativo”, resolvió sobre Pineda la Audiencia Nacional, que describía la actitud del dirigente de Ausbanc como de “depredación”.

El fallo de la Audiencia Nacional detallaba cómo Pineda, con ayuda de Bernad, dirigió este ‘modus operandi’ contra Unicaja, el Banco de Sabadell, el Santander, Volkswagen o Caixabank, entre otras. A esta última entidad, donde trabajaba la infanta Cristina, le ofrecieron retirarse de la actuación popular del caso Nóos a cambio de 2 millones de euros que ingresaría una empresa de un amigo de Bernad. 

Leopoldo Puente, amadrinado por Susana Polo, toma posesión como magistrado del Tribunal Supremo en 2020

El magistrado Puente, Marchena y sus compañeros del Tribunal Supremo discreparon de la interpretación que de esos hechos había hecho la Audiencia Nacional. Para que se dé el delito de extorsión debe ir acompañado de “intimidación”. Y los hechos descritos en la sentencia de la Audiencia Nacional no recogen la misma, estableció el Supremo.

Leopoldo Puente iniciaba así su disertación: “Pocas veces, si alguna, existe en el desarrollo de la vida humana, y en consecuencia tampoco en el ámbito de la negociación, una libertad plena como motor exclusivo de la toma de decisiones (…) La libertad plena, si ello equivale a la ausencia absoluta de condicionantes, es quimera”.

Tras analizar la lógica del mercado, el magistrado Puente saltaba a las “relaciones humanas”. “No aparecen presididas por sentimientos de limpia solidaridad o altruismo”, escribió el magistrado. “Recurrente al respecto es el ejemplo del frutero, que sitúa en la parte visible del canasto las piezas más atractivas y, bajo ellas, las de menor lucimiento”, añadía.

El argumento del Tribunal Supremo es que la contratación por parte de las empresas del Ibex de publicidad, a precio de oro, en una revista de Ausbanc que nadie leía era fruto de una natural negociación entre Luis Pineda y esas grandes empresas.

En el caso del Banco de Santander, Bernad y Pineda redactaron una denuncia para ser depositada en la Fiscalía Anticorrupción con una rocambolesca tesis sobre cómo había muerto asesinado Emilio Botín. Antes de presentarla contactaron con el banco para informarle de sus intenciones y días después remitirles otro correo con la propuesta de incluir en la revista de Ausbanc publicidad de un producto de la entidad a cambio de 200.000 euros.

En su sentencia, Leopoldo Puente se pregunta cómo va a ser posible que una simple asociación de consumidores presione hasta la extorsión a los gigantes de la economía española. El Supremo orillaba en su razonamiento una evidencia: el temor de todas estas empresas a los daños reputacionales y la cantidad de medios que dedican a evitarlos, sin llegar a conseguirlo en ocasiones por mucho dinero y personal que dediquen, especialmente desde que existe Internet. 

Por el camino de la disertación, los jueces del Supremo exponían su parecer sobre la práctica periodística: “Solo desde una extrema y conmovedora ingenuidad podría sostenerse que la línea editorial de un medio informativo resulta impermeable a los vínculos comerciales que pueda mantener con la persona afectada por la noticia”. Por tanto, ¿qué esperaban que dijera la revista de Ausbanc de las entidades que no habían pasado por caja?, razonaban. 

La condena de Manos Limpias en la Audiencia Nacional no consiguió que el pseudosindicato abandonara por completo su actividad, si bien no obtenía el eco de otros tiempos. El 17 de marzo de 2004, Bernad había enviado una carta dirigida al líder del PP, Mariano Rajoy Brey, en la que calificaba la victoria en las urnas de José Luis Rodríguez Zapatero como “antidemocrática, de golpes bajos, de coacciones y manipulaciones”. En la misiva, incorporada a la causa que se siguió contra el pseudosindicato, Bernad se ponía a disposición del PP ante “cualquier concesión, tibieza, en temas que afectan a la unidad de España y al terrorismo, por parte del PSOE”.

Casi veinte años después, con la condena de la Audiencia Nacional a su líder, Manos Limpias estaba en horas bajas. En mayo de 2023 denunció al Valencia por los insultos de parte de su afición a Vinícius. En ese mes también fue objeto de querella Alberto Garzón por llamar “ladrón” al rey emérito.

No fue hasta la sentencia absolutoria del Tribunal Supremo que Manos Limpias regresó con ímpetu a su actividad en los tribunales. En un juzgado de Madrid, el pseudosindicato se topó con el juez Juan Carlos Peinado. En Badajoz, con Beatriz Biedma. Ambos jueces se apoyaron en la acusación popular para seguir adelante con unos casos en los que la Fiscalía no apreció indicio alguno de delito. 

Aunque el inicio de la relación entre Bernad y Pineda arranca en la década de 2010, según la investigación, ambos comparten un pasado de militancia en la extrema derecha desde la transición. 

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