Costas reconoce una concesión para 30 años a Astilleros Murueta pero sólo para el 7% del terreno que ocupa en Urdaibai
Costas ha reconocido a Astilleros Murueta una concesión durante 30 años para seguir operando en la Reserva de Urdaibai, pero sólo por un terreno de 3.211,63 metros cuadrados de dominio público-terrestre y que se corresponden con dos de los diques o gradas con los que cuenta el astillero. Esto supone alrededor del 7% del terreno de casi 42.000 metros cuadrados que ocupa, entre los se encuentran terrenos ganados a las marismas y costa por sucesivas ampliaciones, cuya legalidad no se da por acreditada en la resolución del organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Organizaciones ecologistas consideran que esta resolución abre la puerta a que prosperen algunos de los recursos que han presentado para que se recuperen las marismas de Urdaibai que ocupa ahora el astillero.
La resolución de la Demarcación de Costas se refiere al expediente iniciado por Astilleros de Murueta en septiembre de 2005, tras el deslinde aprobado en 2004. La resolución reconoce a la empresa una concesión compensatoria de 30 años sobre únicamente 3.211,63 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, exclusivamente para los usos legales acreditados antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, que se corresponde con dos gradas o diques. Esta concesión lleva aparejado un canon anual de 297.300,59 euros.
La organización Guggenheim Urdaibai Stop señala que en la resolución, “Costas excluye expresamente de la concesión las ampliaciones e instalaciones cuya legalidad no ha quedado acreditada, así como el resto de los terrenos solicitados por la empresa”, porque “no se ha aportado documentación que justifique la legalidad de esas instalaciones ni la existencia de usos y aprovechamientos legales anteriores a 1988 en las restantes fincas”. Esto significa que la resolución “no supone la legalización de la totalidad de las instalaciones del astillero ni reconoce un derecho de ocupación sobre todos los terrenos que utiliza”, lo que abre la posibilidad de que prosperen los recursos presentados por esta organización contra la actividad del astillero en la Reserva de la Biosfera, consideran.
En su opinión, “resulta relevante que el expediente se iniciara en 2005 y que, hasta la resolución actual, la empresa haya mantenido el uso privativo de una parte del dominio público durante casi dos décadas sin abonar el canon que ahora se establece. La concesión fija su duración de 30 años a partir de la notificación, sin descontar ese prolongado periodo de ocupación. Consideramos necesario que la Administración explique por qué ese tiempo no se tiene en cuenta al determinar la duración efectiva del aprovechamiento”, señala Eider Gotxi, portavoz de la plataforma.
Aclara también Gotxi que “esta concesión compensatoria no es la concesión histórica de 1943 que permitió la implantación del astillero en este emplazamiento y que agotó su vigencia en 2018. Se trata de títulos jurídicos distintos. La nueva concesión exclusivamente responde al hecho de que el Astillero tiene inscrita en el registro de la propiedad una finca a su nombre que en el deslinde aprobado en 2004 se reconoció como dominio público marítimo”.
Guggenheim Urdaibai Stop ha promovido ante Costas dos procedimientos relacionados con Astilleros Murueta: Por un lado, la revisión del deslinde vigente para que se reconozca la naturaleza demanial de todos los terrenos naturalmente inundables ocupados por el astillero, y por otro la recuperación del dominio público marítimo-terrestre ocupado sin título jurídico, con el consiguiente restablecimiento de sus características físicas y naturales. Según señalan ambos procedimientos estaban pendientes de la resolución ahora notificada, por lo que entienden que “esta decisión permite avanzar en su tramitación, pero no resuelve ni deja sin efecto las solicitudes de revisión del deslinde y recuperación del dominio público que hemos presentado. La concesión reconocida se limita a una superficie y unos usos concretos; no puede utilizarse para amparar ocupaciones y ampliaciones que la propia Administración reconoce ilegales y, aún más, que de no haberse ejecutado esas construcciones ilegales, conservarían las características naturales de dominio público marítimo-terrestre”, señalan.
Por otra parte, Eider Gotxi considera que la resolución también tiene relevancia para los terrenos colindantes al astillero en los que se proyectó construir el palafito, la pasarela de madera sobre las marismas proyectada por el Gobierno vasco dentro del proyecto fallido del Guggenheim de Urdaibai. “Sus propietarios podrían encontrarse en una situación jurídica comparable con la de los astilleros si concurren los mismos requisitos legales para el reconocimiento de derechos compensatorios. No se trata de una concesión automática, pero sí de una cuestión que deberá analizarse con los mismos criterios. En consecuencia, la disponibilidad de esos terrenos para ejecutar el palafito queda seriamente cuestionada y su eventual desarrollo no puede plantearse ignorando los derechos que pudieran corresponder a sus propietarios”, señala Gotxi, que insiste en que la plataforma defiende que lo prioritario debe ser “recuperar la marisma, esclarecer la situación jurídica de todas las ocupaciones y garantizar la restauración ambiental de Urdaibai”.
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