El Síndic de Greuges recrimina a Catalá que no fiscalice los servicios del portavoz de Vox para el Colegio de Ingenieros

El Ayuntamiento que preside la alcaldesa de València, María José Catalá, no fiscaliza si los concejales con dedicación exclusiva y con compatibilidad aprobada por el Pleno para ejercer una segunda actividad privada cumplen las condiciones de ese permiso, que establece que, en todo caso, debe tratarse de una dedicación o servicio “marginal”.

Así lo ha reflejado el Síndic de Greuges en su resolución de cierre del caso relativo al portavoz municipal de Vox, José Gosálbez, quien, teniendo dedicación exclusiva, cuenta con compatibilidad para ejercer de abogado en su despacho sin que esto afecte a su trabajo en el consistorio.

Gosálbez, a través de su despacho, firmó poco después un contrato de asistencia jurídica en materia urbanística con el Colegio de Ingenieros Industriales de València (COGITI), del que no informó y que fue destapado por elDiario.es. Se da la circunstancia de que el edil es el representante del partido ultra en la Comisión de Urbanismo. El concejal se ha negado a hacer público el contrato, así como las condiciones en cuanto a horarios y remuneración que desde la oposición han venido reclamando para comprobar si cumple las condiciones de la compatibilidad aprobada.

Ante esta negativa, Compromís planteó una queja al defensor del pueblo valenciano, que el pasado mes de mayo concluyó que Gosálbez debía remitir al Ayuntamiento el contrato “para acreditar que se trata de una actividad marginal en el ejercicio de la abogacía que no supone ninguna incompatibilidad legal relacionada con la dedicación exclusiva como regidor”.

En su resolución, el Síndic deja constancia de que el contrato no consta incorporado en la declaración de actividades presentada al Registro de Intereses Municipal, a pesar de que el acuerdo plenario obligaba expresamente al concejal a incorporar “toda la información referida al ejercicio de esta actividad privada”.

En concreto, sostiene el defensor del pueblo que “según se desprende del Informe elaborado por el secretario general del Pleno del Ayuntamiento de València con fecha 10/4/2026, ha quedado acreditado que el contrato firmado entre el regidor y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de València no consta incorporado en la declaración de actividades presentada en el Registro de Intereses Municipal”.

Entre otras excusas, Gosálbez se negó a facilitar la documentación alegando secreto profesional. Una justificación cuestionada por la resolución del Síndic, que considera que impedir el acceso a esta información limita gravemente el derecho de control de la oposición.

Ahora, en un nuevo y último pronunciamiento sobre el caso (completo al final de la información), el Síndic da fe del incumplimiento de su recomendación de hacer público el contrato y recrimina al Ayuntamiento que no articule mecanismos de fiscalización.

Según su escrito, “las condiciones impuestas en la declaración de compatibilidad tienen que cumplirse en todo momento y el Ayuntamiento de València no puede ignorar esta obligación e ir contra sus propios actos. Si el Pleno municipal aprobó la declaración de compatibilidad, pero con el respeto a unas condiciones o límites legales, se tienen que adoptar las medidas necesarias para comprobar que estas condiciones o límites continúan cumpliéndose en todo momento”.

Llegados a este punto, “se hace evidente que desde el Ayuntamiento de València no se han realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones del Síndic”.

Compromís lamenta que Catalá cubra la opacidad de Vox

El concejal de Compromís, Ferran Puchades, quien trasladó el caso al Síndic de Greuges, ha comentado que “esta es una nueva muestra de cómo los representantes de la ultraderecha han venido a las instituciones a crear enfrentamientos y crispación y a aprovecharse personalmente de los recursos de todos. Resulta increíble que el mismo día que el Pleno aprobara la dedicación exclusiva de Gosálbez como concejal, aprobara también su compatibilidad con el ejercicio de la abogacía. En su momento votamos a favor y denunciamos esta situación de asalto a la institución”.

El edil valencianista ha puesto de relieve que, bajo la supervisión de la alcaldesa, María José Catalá, el Ayuntamiento no ha cumplido ninguna de las recomendaciones: “Con una alcaldesa que nunca ha aclarado lo que cobra de la VIU, lo raro sería que exigiera limpieza a sus socios de Vox. Su respeto a la legalidad y a la ciudadanía es ninguno”.

Para Puchades, “que Gosálbez firmara un contrato de asesoramiento con un colegio profesional ya fue una burla a la ciudadanía, con la connivencia de Catalá, quien nunca ha puesto ninguna objeción a las actuaciones sectarias de Gosálbez. Un contrato estable y permanente demuestra que su actividad como abogado no tiene carácter marginal, como le impuso el Pleno en su acuerdo, sino que denota una actividad continua de relación con unos clientes que tampoco ha dado a conocer y que pueden también comprometer su situación como concejal”.