El voto de los descendientes del exilio, en juego el 29N

Da miedo afirmar que existe connivencia del poder judicial con determinados partidos políticos o posicionamientos ideológicos. 

Al abrigo de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, a finales de agosto de este año se habían aprobado cerca de 700.000 solicitudes de nacionalidad de hijos y nietos de aquellos que tuvieron que salir de España por su ideología contraria a la dictadura de Franco.  ¡Por riesgo a ser depurados!, ni más ni menos. 

Y han conseguido su objetivo. De las 370.000 personas que estaban inscritas en el registro consular pertinente, más de 160.000 han visto como los tribunales, por denuncia de la extrema derecha y la derecha extrema, han visto suspendido su derecho a voto. Y vendrán las resoluciones jurídicas, a todas luces contrarias a la denuncia, pero ya habrán pasado las elecciones generales del 29 de noviembre. Por eso afirmo que han conseguido su objetivo. Están tan desesperados que ellos, que acusan al gobierno de Pedro Sánchez de intentar un fraude electoral, son los que justamente están promoviendo esa estafa que es negarle el voto a quien tiene ese derecho. ¿qué será lo próximo? ¿negárnoslo a las mujeres? 

Cabe recordar que, en la tramitación de la Ley, ningún grupo político, ninguno, presentó enmiendas contrarias a esta nacionalización. Solo ahora ponen en duda su constitucionalidad. ¿Por qué? ¿Qué temen?, ¿de verdad piensan que todos los nacionalizados van a votar al PSOE por el simple hecho de que les ha facilitado la tramitación legal de un derecho que le robó el fascismo? ¿Ahora?, porque fue el mismo Feijóo el que pidió insistentemente el voto a aquellos hijos y nietos de gallegos cuando era presidente de la Xunta. Y, por cierto, en las últimas elecciones el voto CERA (Censo Electoral de Españoles Ausente) que es el de españoles que viven fuera de nuestro país, benefició al PP.  

No se ha acreditado que la ley buscara alterar los resultados electorales, como aseguran los partidos de la derecha, pero dejar la duda en el ambiente calienta la calle y eso es, junto a la enésima muestra de desprecio hacia quienes combatieron en su momento contra la dictadura, lo que buscan. Recuerden, “cuanto peor, mejor” Rajoy dixit.

En este escenario, los nacionalizados entre octubre de 2019, que ya votaron en las elecciones de 2023, si quieren ejercer su derecho a elegir a sus representantes en el Congreso y el Senado, tendrán que presentar recurso de amparo ante el tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. ¿Quién lo hará? Yo animo a todas las personas afectadas a hacerlo y me alegro de que el despacho de Don Baltasar Garzón se haya presentado para representarlos de forma gratuita, porque lo que es de justicia es que nada ni nadie pueda atentar contra nuestros derechos. 

Háganlo y que el voto de todos y todas sea quien decida quien debe asumir el gobierno de España. Las trampas no valen en democracia, la discriminación y persecución por ideología, también.