El Síndic de Greuges investiga la relación del portavoz de Vox en València con el Colegio de Ingenieros al que asesora

El Síndic de Greuges investigará si la relación contractual del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, con el Colegio de Ingenieros Industriales de València (COGITI) se ajusta a lo dispuesto en la compatibilidad que le aprobó el pleno para desarrollar trabajos puntuales como abogado siempre que supongan “actividades marginales”, puesto que el también concejal cuenta con dedicación exclusiva al Consistorio. Gosálbez asesora, entre otras cosas, en asuntos urbanísticos a la entidad colegial al tiempo que forma parte de la Comisión municipal de Urbanismo.

La apertura del expediente viene motivada por una queja del concejal de Compromís, Ferran Puchades, quien alega que Gosálbez se ha negado a ofrecer detalles del mencionado contrato lo que impide que se le pueda fiscalizar si cumple con lo acordado en la mencionada compatibilidad.

Puchades ha recordado que “cuando el señor Gosàlbez pidió de manera simultánea la dedicación exclusiva como regidor y la compatibilidad para ejercer la abogacía, desde Compromís ya votamos en contra de tal autorización por entender que no había justificado ni de manera indiciaria, que su actividad como abogado iba a serlo de manera marginal y que no afectaría ni a su horario, dedicación ni aquello que es más importante, la neutralidad en el ejercicio de la concejalía”.

Según el edil valencianista, “cuando se supo que había subscrito un contrato de asesoramiento legal y con especial atención al urbanismo, nuevamente le exigimos explicaciones sobre esta contratación” puesto que Gosálbez forma parte de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento.

“La ciudadanía tiene derecho a saber para quién va a trabajar, a cambio de qué y cómo va a garantizar su neutralidad teniendo en cuenta que forma parte de la Comisión de Urbanismo, materia de la que hasta ahora se ignoraba su especialización y que ha destacado en ese contrato que exigimos conocer”, ha insistido Puchades.

El edil valencianista ha comentado que “esconderse detrás de un presunto secreto profesional no es más que un fraude a la ciudadanía” y ha añadido que “Gosàlbez no tiene ningún amparo legal que dé cobertura a su actitud oscura, secretista y casi clandestina que solo busca burlar sus obligaciones, engañar a sus votantes y llenar un poco más su bolsillo cumpliendo la máxima de Vox en política: hacer negocio a expensas del patriotismo de pulserita”.

Por este motivo, ha explicado Puchades, se han dirigido al Síndic de Greuges para que investigue “la posible maniobra defraudatoria y el incumplimiento de las obligaciones que tiene el señor Gosàlbez como regidor que además tiene dedicación exclusiva y por tanto un sueldo considerable que le pagamos todos los valencianos”.

Como avanzó elDiario.es, Gosálbez, a través de su despacho de abogado, firmó un contrato como asesor jurídico del COGITI especializado en temas urbanísticos. Una vinculación laboral que han reconocido oficialmente tanto el grupo municipal Vox como la entidad colegial, aunque ambas partes han insistido en que está amparada por la mencionada compatibilidad.

Las dudas legales, sin embargo, son inevitables habida cuenta de que Gosálbez participa y vota en las comisiones de Urbanismo como representante de Vox, al tiempo que asesora a miembros del Colegio de Ingenieros, que pueden ser potenciales contratistas del Ayuntamiento.

Precisamente, por este motivo Compromís per València ha denunciado que Gosálbez, miembro del equipo de gobierno de la alcaldesa María José Catalá, oculta “deliberadamente” lo que cobra del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales alegando “secreto profesional”, tal y como esgrime el propio edil de extrema derecha en una respuesta por nota interior a la coalición valencianista.

Cabe recordar que el actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, solicitó en diciembre de 2023 que el Pleno le autorizara, por un lado, a tener dedicación exclusiva como concejal y, al mismo tiempo, a compatibilizar el cargo con el ejercicio de su profesión como abogado. Desde Compromís han insistido en que el Pleno aprobó la compatibilidad para ejercer la abogacía con carácter “marginal”, tanto en el aspecto funcional, en relación con el horario dedicado, como en la percepción económica que percibiera.