El trumpismo cruza fronteras: conspiraciones, mentiras sobre el fraude electoral y “prioridad nacional”

Los parecidos son asombrosos. Y muy reales. El domingo por la noche, Donald Trump publicó en Truth Social: “125 millones de personas han votado hoy en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. ¡Los resultados se dieron a conocer poco después del cierre de las urnas, el MISMO DÍA! En Detroit, Filadelfia, California y muchas otras ciudades y estados de EEUU, los resultados, con cifras mucho menores, suelen tardar semanas en ser 'amañados', quiero decir, en ser calculados. ¡¡¡Las elecciones en Estados Unidos son CORRUPTAS!!!”

¿En qué cabeza cabe que el presidente electo de EEUU afirme con rotundidad que las elecciones en su país, las mismas que acaba de ganar, están “amañadas” y son “corruptas”? En la de un presidente al que le interesa mantener siempre en circulación la carta del fraude para sacarla cuando pierde. Esa misma carta le sirve, además, para cuestionar o tratar de restringir aquellos mecanismos del sistema electoral que amplían el acceso al voto y facilitan la participación de sectores que tienden a votar por el Partido Demócrata.

Por ejemplo, la posibilidad de votar sin presentar una identificación oficial con fotografía, una práctica histórica en EEUU, un país que carece de un DNI oficial y obligatorio. A diferencia de España, EEUU no cuenta con un carné identificativo que todos los ciudadanos estén obligados a tener. Y eso es lo que quiere imponer Trump con su Save America Act que se encuentra varada en el Senado por falta de apoyos.

En efecto, millones de estadounidenses carecen de un documento con fotografía, e históricamente han podido ejercer su voto sin presentarlo. Sin embargo, obtenerlo puede requerir dinero, documentación adicional y tiempo, obstáculos que afectan especialmente a personas de bajos ingresos.

Algo parecido ocurre con el voto por correo y el voto anticipado. En EEUU, el día oficial de las elecciones cae en martes, un día laborable, y no existe un festivo federal que garantice a todos los trabajadores tiempo libre para acudir a las urnas. Poder votar antes o enviar la papeleta por correo facilita, por tanto, la participación de quienes tienen más dificultades para ausentarse del trabajo sin perder horas de salario.

La paradoja es que las restricciones de identificación se justifican habitualmente como una forma de combatir el fraude, sin pruebas de que ese fraude exista. Además, el tipo de fraude que podrían prevenir esas medidas (que una persona acuda a las urnas haciéndose pasar por otra) es extraordinariamente raro en EEUU. Y los estados donde no se exige presentar un documento siguen verificando la identidad de los votantes mediante otros mecanismos.

El argumento del fraude termina, así, sirviendo no solo para justificar nuevas barreras al ejercicio del voto, sino también para cuestionar resultados electorales adversos.

Esto es lo que pasa de forma cotidiana en EEUU desde hace seis años, con el asalto al Capitolio incluido y alentado por el presidente saliente entonces, Donald Trump, quien lleva hablando desde entonces de pucherazo sin pruebas. Por no mencionar que el sistema electoral brasileño alabado por Trump cuenta con urnas electrónicas similares a las denostadas por él mismo y sus seguidores MAGA. Eso sí, cuando luego volvió al cargo en enero de 2025, lo primero que hizo fue indultar a 1.600 condenados por el asalto al poder Legislativo estadounidense.

Pocas horas después de que Trump alabara el recuento del voto brasileño al tiempo que denostaba el estadounidense, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decía este lunes, siguiendo el manual del presidente de EEUU: “Le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”. Y añadía, comparando a Pedro Sánchez con el expresidente venezolano: “Maduro también convoca elecciones”.

La música suena muy parecida: deslegitimación del proceso electoral, deshumanización del adversario y, si las elecciones no salen como estaban previstas, el camino de la insurrección ya habrá sido abonado. Como ocurrió en EEUU en enero de 2021; y en Brasil en enero de 2023 con el asalto al Palacio del Planalto –poder Legislativo–, en Brasilia antes de que jurara Lula: la ultraderecha abonó el camino al golpismo con la deslegitimación previa del proceso electoral. Algo parecido hizo también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes de las elecciones del 23J de 2023: “Le pido a los carteros que trabajen mañana, tarde y noche, y aunque no tengan los refuerzos suficientes, que sepan que custodian algo sagrado”. Y añadió, dando a entender que los directivos de la empresa pública promueven algún tipo de boicot a las opciones del voto por correo: “Les pido, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos”. 

El guion es el mismo cuando el PP critica la llamada Ley de Nietos sobre un supuesto intento de “alterar los censos” por parte del Gobierno central.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado: “La Ley de Nietos y el proceso de regularización masiva impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez están alterando significativamente los censos electorales. Son millones de personas que aparecen en determinados municipios y pueden cambiar artificialmente el resultado de unas elecciones”.

Los marcos de Trump y el PP son calcados: deslegitimación de los procesos electorales, sombras y sospechas sin una sola prueba que avale esas teorías de la conspiración sobre supuestos fraudes.

Junto a la conspiranoia sin evidencias sobre los procesos electorales, las derechas europeas, y también españolas, asumen algunos ejes fundamentales de la agenda ultra trumpista: el llamado America First se convierte en “prioridad nacional” –abrazada por el PP en sus gobiernos con Vox– para justificar la represión de la migración y la criminalización del diferente como se ha visto recientemente en Ceuta en España o en Italia con Giorgia Meloni y Matteo Salvini, o en los programas de la ultraderecha alemana de AfD, que gana posiciones en las regiones del Este de Alemania.

De la misma manera, el combate político y cultural contra la transición energética y las políticas de diversidad y LGTBIQ+ en todos los ámbitos de la Administración Trump tiene su espejo en el negacionismo sobre los valores de la Agenda 2030, el cambio climático y las políticas machistas, homófobas y tránsfobas que defienden las derechas inspiradas por la presidencia estadounidense.

Y lo cierto es que el trumpismo gana posiciones en todo el mundo. Sobre todo en América Latina, donde este domingo Flávio Bolsonaro, hijo del condenado por golpismo Jair Bolsonaro, quedó primero en la primera vuelta de las elecciones brasileñas. Y donde Trump ya ha ganado para su causa a Colombia (Abelardo De la Espriella), Honduras (Nasry Asfura), Perú (Keiko Fujimori), Chile (José Antonio Kast) y Bolivia (Rodrigo Paz Pereira), además de Venezuela, tras el secuestro de Nicolás Maduro. Además, Daniel Noboa y Javier Milei han consolidado su poder en Ecuador y Argentina, respectivamente. Y todo ello mientras mantiene el bloqueo energético a Cuba desde hace diez meses.

Y en todos los cambios de Gobierno, la Administración Trump no solo no ha sido neutral, sino que en muchos casos ha tenido un papel activo para extender el trumpismo en el continente. El recurso utilizado ha sido la bautizada como Doctrina Donroe, que es una adaptación a los tiempos de la teoría decimonónica de Monroe que ampara el neoimperialismo de Washington en lo que denomina Hemisferio Occidental.

¿Y cuál es una consecuencia inmediata de eso? La incorporación de los países a su Escudo de las Américas, para extender la presencia militar de EEUU en la región con la excusa de la “guerra contra el narcoterrorismo”.

Pero no solo eso: EEUU anunció la semana pasada “una nueva política de restricción de visados a los ciudadanos extranjeros, y a sus familiares directos, que socaven un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o de narcotráfico”. Y añadía el Departamento de Estado: “Socavar un gobierno elegido democráticamente constituye una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no será tolerado. El Departamento de Estado está tomando medidas de inmediato para imponer restricciones de visado en virtud de esta política, en apoyo de los países participantes en la iniciativa Escudo de las Américas: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”.

Horas después de publicarse ese anuncio del Departamento de Estado de Marco Rubio, el Gobierno boliviano detuvo al Fiscal General del país, Roger Mariaca, por supuestamente liderar una “organización criminal” dentro del Ministerio Público que, según EEUU, protegía al “narcoterrorismo” en el país.

Injerencias, inspiración ideológica, temor o admiración. Las causas son variadas. Pero lo cierto es que el trumpismo está cruzando fronteras, y se extiende, como se está viendo estos días en España, azuzando teorías de la conspiración sin fundamento, cuestionamientos electorales sin pruebas y una difusa “prioridad nacional” que ampara la criminalización del diferente y la represión migratoria.