FP y universidad, mundos paralelos: la gran demanda y poca oferta pública disparan la privatización

“Vamos a poner límites a la apertura de centros privados [de Formación Profesional] que no ofrezcan garantías”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que, como hizo el pasado mes de octubre con la universidad, el Gobierno quiere atacar ahora la creciente privatización de la FP en España, más concretamente en algunas comunidades autónomas, y más concretamente, aunque no solo, en la de Madrid, pionera en las últimas décadas en abrir las puertas a la iniciativa privada para cubrir lo que su sistema público no ofrece.

Ni el presidente ni el Ministerio de Educación han adelantado qué medidas pretenden introducir en el real decreto que presentará en unos dos meses el departamento que ahora dirige Milagros Tolón. Si la referencia previa de la universidad sirve de algo, la línea elegida en los campus fue imponer un informe vinculante por parte de una entidad independiente y obligar a los centros a ofrecer un abanico amplio y variado de títulos para evitar especializaciones en áreas determinadas de mucha demanda (algo que se da mucho en la FP y que al sector no le parece mal), entre otras medidas más propias de la universidad no trasladables a la FP.

Porque, actualmente, para abrir un centro privado a nivel estatal apenas hay requisitos. Con presentar un proyecto que cumpla la normativa mínima en cuanto a espacio e instalaciones, equipamiento y el profesorado previsto es suficiente, según informa el Ministerio de Educación. El resto depende de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias y deciden, por acción u omisión, qué sector de FP tienen, si abren centros públicos o lo dejan a la iniciativa social. Solo en cuatro de las 17 comunidades autónomas (Euskadi, La Rioja, Galicia, Navarra y Cantabria) ha crecido más el sector público que el privado en la última década.

En Madrid y Catalunya los gobiernos han optado, menos la segunda, por abrir la puerta a la privatización e incluso por cobrar en los centros públicos. Son las únicas dos autonomías que lo hacen.

Un sector en expansión

Como sucede en la educación superior universitaria, el sector privado se ha expandido en los últimos años en la FP media (equivalente al Bachillerato) y, sobre todo, la superior (mismo nivel que la universidad), ante la creciente demanda y la falta de respuesta del sector público. En los 12 años que van del curso 2012-13 al 23-24, el estudiantado de esta etapa ha pasado de un total de 639.887 a 1.188.901, una subida del 85%. Pero el crecimiento de las dos redes ha sido desigual: en 2012 los centros privados acogían a un 22% del alumnado; este curso superan el 33%. Dicho de otro modo, en términos absolutos lo privado se ha más que duplicado hasta alcanzar los 400.000 estudiantes mientras lo público ha crecido un 26%.

Además, como sucede en la universidad, una de las principales preocupaciones del Gobierno es la enseñanza online, también disparada. En el curso 2012-13, primero en el que hay estadísticas desglosadas, 45.000 estudiantes cursaban un ciclo formativo a distancia, medio o superior, con una presencia anecdótica de lo privado (3.000 estudiantes). Hoy aquellos 45.000 se han convertido en 213.921, y los 3.000 de lo privado han pasado a ser 118.755 (más de la mitad) en poco más de una década. Pocos sectores crecen a ese ritmo y el negocio marcha: desde 2020, la FP privada crece a un 10% anual hasta alcanzar unos ingresos de 1.535 millones de euros en 2023, según datos del Observatorio sectorial DBK. La FP está cerca de morir de éxito.

Con estos datos en la mano y como sucede en la universidad –son mundos paralelos en los últimos años– el sector ha visto un desembarco reciente de empresas múltiples y fondos de inversión, conscientes de que tienen una clientela cautiva, sin alternativas.

A la cabeza de todos ellos destaca el estadounidense KKR, que compra a compra se ha forjado un imperio educativo en el país con el que facturó 174,5 millones de euros en 2022. El fondo aterrizó en el sector con la compra de Master D, un gigante de la formación de todo tipo (oposiciones, cursos, FP, etc.) que ha más que duplicado su facturación entre 2018 y 2023 hasta los 105 millones el pasado año, con 25 de beneficio. En los seis ejercicios que van de 2018 a 2023, ambos incluidos, esta empresa ha ingresado 452 millones de euros y ganado 87,90.

También están el fondo suizo Crescendo, que adquirió CCC, o el gigante E-magister, que pertenece a Educaedu Group, que, varias empresas mediante, pertenece a Miura Fund III. Otros ejemplos son Investindustrial, que anunció la compra de CEAC, o Linkia Talentia, una empresa de formación online propiedad de Q Impact. El mercado es amplio y diverso.

Trabajar para entrar en un ciclo sanitario

Además, esta iniciativa privada está dirigida a los ciclos de éxito, como señalaba un informe reciente de CCOO sobre la Formación Profesional. Sanidad e Informática, las dos familias con más demanda por parte del estudiantado, están copadas por lo privado, relataba el sindicato. En los estudios sanitarios de la Formación Profesional de Grado Superior, seis de cada diez nuevos alumnos se matriculan en un centro privado, según la estadística de Educación. Si se baja un poco más, en el ciclo de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, uno de los más populares, ocho de cada diez de los 8.036 estudiantes de 1º tuvieron que buscar en lo privado lo que lo público no ofrece.

Esta estadística se concreta en carne y hueso en casos como el de Natalia, de 20 años, que quería hacer este ciclo superior en Diagnóstico de Imagen y Medicina Nuclear. Pero en la Comunidad de Madrid, donde reside, este ciclo se ofrece en tres centros públicos y cuatro concertados frente a 31 privados puros. En la ciudad de Madrid solo hay dos no privados. Natalia se quedó fuera y tuvo que acudir al mercado, donde encontró un centro que le va a costar 6.500 euros que no tiene por dos años. Le ha tocado ponerse a trabajar de camarera para sufragarse los estudios.

“Nos preocupa que haya plazas para todos”

Justo lo que desde Asociación de Centros de Formación Profesional FP Empresas creen que no debería pasar. “Si hay un hilo conductor en la información que ha difundido La Moncloa [en relación a los límites a los centros privados] es que tiene que haber un refuerzo de lo público”, pondera Luis García, director del centro público de Madrid Puerta Bonita y presidente de la asociación. “Y en ese aspecto lo que nos preocupa es que haya suficientes plazas de centros sostenidos con fondos públicos para todos los que lo piden. Que no se tengan que ir a una formación pagada porque no haya plazas públicas. También venimos pidiendo desde hace muchos años que este tipo de enseñanzas sean completamente gratuitas”, explica.

García no valora las intenciones del Gobierno porque realmente no hay mucho que valorar más allá de un anuncio, pero pone el foco en que, se apruebe lo que se apruebe, tenga detrás una inspección educativa que se encargue de velar por que se cumpla lo aprobado. “No nos parece mal que los controles de entrada de nuevos centros de FP sean rigurosos, antes, después y durante. Si se ha detectado que hay centros que dejan que desear, que se hagan los controles. Pero nos preocupa más que haya después músculo suficiente para llevar a cabo las inspecciones correspondientes para todos, públicos, privados y concertados. Nos da la sensación de que las inspecciones de las comunidades autónomas y la alta inspección del Estado no tienen efectivos para llevar a cabo una vigilancia efectiva de que las cosas se están haciendo”, sostiene García, que apunta que los cuerpos de inspección se mantienen básicamente igual desde hace años pese al aumento de centros y alumnado de FP en la última década.

Otro problema que se ha generado en los últimos años con la eclosión de la FP es la escasez de plazas para hacer prácticas. La Formación Profesional exige ahora más horas de prácticas en empresas todos los ciclos para obtener el título y, en algunas familias como la sanitaria, estas son limitadas. En los últimos cursos se ha dado el caso, según han denunciado sindicatos y estudiantes, de que no había para todos. Sindicatos, alumnos y la asociación de directivos de centros de secundaria públicos denunciaban que los centros privados estaban reservando las plazas en centros públicos gestionados por empresas a base de pagarlas a 500 euros por estudiante (que se compensa vía matrículas), una medida que los públicos, sin recursos, no pueden igualar.