Un cuarto de siglo de las obras de la plaza del Castillo de Pamplona que se llevaron por delante patrimonio de 2.000 años

“El aparcamiento se hizo en medio de grandes tensiones políticas, que impidieron abordar el mismo libre de presiones. La consecuencia fue que el patrimonio histórico (el aparcamiento de la plaza del Castillo) se convirtió en parte de la disputa”. Francisco Javier Zubiaur, jefe de la Sección de Museos, Bienes Muebles y Arqueología de la Institución Príncipe de Viana hasta su dimisión en 2002 por sus discrepancias con el Gobierno de Navarra a raíz del proyecto, recuerda con claridad los criterios que llevaron a que el aparcamiento subterráneo del “cuarto de estar” de Pamplona siguiera adelante, pese a que los hallazgos tenían “una importancia que no se podía imaginar” y que se debían “proteger”. 25 años después, Zubiaur afirma rotundamente que el desenlace estuvo condicionado por razones políticas: “el aparcamiento debía hacerse y se hizo”.

La madrugada del 23 de julio de 200, las excavadoras entraron en la plaza del Castillo y comenzaron la tala de los 74 árboles que poblaban el espacio más céntrico de Pamplona. Ya entonces la construcción de un aparcamiento subterráneo en el lugar generó recelo entre los vecinos, convirtiéndose en el proyecto urbanístico más polémico de la capital navarra. Sin embargo, con el hallazgo de numerosos restos arqueológicos, la situación escaló a un conflicto político y arqueológico que sacudió internamente a la Intitución Príncipe de Viana y al Gobierno de Navarra. Las obras del parking finalizaron tres años después, el triple del plazo imaginado, tras haber pasado el caso por los tribunales y desmantelar el yacimiento arqueológico en el que, en palabras de Zubiaur, jefe del órgano directamente implicado en la protección del patrimonio arqueológico navarro, se plasmaba “una secuencia perfecta del pasado de la ciudad en unos pocos metros cuadrados”.

El anunció del proyecto llegó en 2000, cuando la recién elegida alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, informó sobre la intención de construir un parking en el corazón de Pamplona. Era un aparcamiento de 802 plazas distribuidas en tres plantas —que finalmente serían 939 repartidas en cuatro alturas—. Al ser preguntada por el tema en una entrevista realizada dos décadas después, Barcina defendió la obra, y la peatonalización posterior, en la necesidad de revitalizar el centro de la ciudad y eliminar los “coches en superficie”.

Entre 1960 y 1980 este proceso de peatonalización del Casco Viejo se estuvo planteando, aunque sin mucho éxito. No fue hasta mediados de la década de 1990, de la mano del arquitecto Fernando Redón, cuando se elaboró un proyecto básico de reurbanización y un plan urbanístico para “lo Viejo”. Se pretendía la coexistencia del peatón y el automóvil que, poco después, supuso que estos últimos tuvieran que desplazarse hacia otros espacios. Antes del mandato de Barcina, se construyeron dos parkings subterráneos: el de la plaza de San Francisco (1996) y el del Rincón de la Aduana (1998), bajo la alcaldía de Javier Chourraut (CDN, escisión de UPN). En esta reurbanización del Casco Antiguo y “las intervenciones arqueológicas asociadas a los aparcamientos” intervino también Gabinete TRAMA, tal y como han declarado ellos mismos.

A comienzos del 2001 se aprobó con los apoyos de UPN, CDN y PSN la construcción del aparcamiento subterráneo en la plaza del Castillo. La noticia no gustó a una buena parte de los vecinos del Casco Viejo en un ambiente ya tenso y en el que ETA todavía tenía una presencia activa. La propuesta se llegó a calificar por la Sociedad Conservacionista Gurelur como “el proyecto destructivo de Barcina”, que junto con la Asociación de Vecinos del Casco Viejo se manifestaron en desacuerdo con la tala de árboles de la plaza. También se opuso al proyecto Izquierda Unida, que, aparte de criticar la propuesta, demandó un debate social con implicación de la ciudadanía. De igual modo hizo la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Plaza del Castillo, creada para solicitar un referéndum para los vecinos y que logró presentar 25.000 firmas —un 10% de la población pamplonesa entonces—, aunque el Ayuntamiento no dejó que el asunto continuase.

La situación se volvió más complicada la madrugada del 23 de julio de 2001, momento en el que se comienzan las obras y se proceden a talar los 54 plataneros y 20 acacias que habitaban la plaza. Desde ese mismo día comienzan las protestas e incidentes, con disturbios callejeros. Según las instituciones, estas movilizaciones estaban fomentadas por la 'kale borroka' y “determinados sectores políticos”. Algunos de los alborotadores y manifestantes fueron denunciados ante los juzgados. Las causas se resolvieron años después con indemnizaciones al consistorio pamplonés y o absoluciones.

Política sobre la arqueología

El aparcamiento, que tenía como plazo de finalización el 6 de julio de 2002, se dilató notablemente por los hallazgos arqueológicos. Los descubrimientos fueron el centro del debate y agitaron a las propias intituciones. En los 10.000 metros cuadrados de excavación se resumían dos mil años de historia de la ciudad. Una comisión de expertos que visitó Pamplona para analizar los restos encontrados y asesorar a la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Plaza del Castillo afirmó que “a Pamplona le había tocado la lotería”.

Según explica el Gabinete TRAMA 25 años después, empresa a la que el Gobierno de Navarra encargó “realizar la intervención arqueológica preventiva vinculada a las obras de la Plaza del Castillo”, tal y como explica María García-Barberena Unzu, actual directora de la empresa e hija de la directora durante las polémicas obras, “ya se habían efectuado sondeos en 1998 y nuevos estudios y actuaciones entre 2000 y 2001, en los que se advirtió del elevado potencial arqueológico de la Plaza del Castillo” y su trabajo debía ser el mismo que realizaron en otras intervenciones del Casco Antiguo. Aunque nadie se esperaba que los hallazgos fueran de tal magnitud.

“En términos coloquiales era como una 'pera en dulce' que se nos regalaba para una musealización de categoría internacional, cuyo aprovechamiento cultural hubiera producido beneficios económicos incluso”, afirma Zubiaur un cuarto de siglo después.

La excavación permitió “identificar estructuras desde época contemporánea a época romana” y gran cantidad de “restos de cultura material”, tal y como se refleja en el resumen preliminar de la memoria elaborada por Gabinete TRAMA, compuesta en su totalidad por un extenso inventario de 20 tomos, y a la que ha tenido acceso este periódico. Entre los hallazgos más importantes figuran una necrópolis islámica con 170 enterramientos, datada en entre el siglo VIII y IX y el complejo termal romano. De esta época medieval también se encontraron restos del Convento de Santiago y una necrópolis con 60 enterramientos, de los siglos XI al XVI; parte del barrio de Çurriburbu (Zurriburbu) y de la muralla, y otros materiales de trabajos artesanos de zapatería y alfarería medievales. Entre las estructuras contemporáneas figuran restos del Teatro Principal, pavimento de la fuente de la Abundancia, conducciones de agua de finales siglo XVIII y restos del convento de la Carmelitas descalzas datado entre el año 1600 y 1836.

Además, el hallazgo de “los materiales cerámicos alcanzan la cifra aproximada de 700.000 fragmentos”, que se sumaban a los 3.638 “correspondientes a distintos materiales” como hueso, cuero, monedas, bronce y otros metales.

Sin embargo, la Institución Príncipe de Viana, encargada de la protección del patrimonio navarro y cuyo visto bueno era indispensable por haberse elegido como emplazamiento un lugar de Bien de Interés Cultural, no frenó el proyecto. En octubre de 2001, Juan Ramón Corpas, director del organismo, argumentó que “el mal estado de conservación de los restos romanos y su escasa calidad contrastada” permitía la entrada de pequeña maquinaria pesada en el yacimiento. Esta valoración contradecía el criterio de Zubiaur, que afirma que desde el comienzo se podía apreciar “con claridad la importancia de lo que salía a la luz”, lo que le llevó a “defender la idea de la musealización del yacimiento” o “si por razones presupuestarias no era posible abordarla entonces, tapar los vestigios encontrados siguiendo técnicas apropiadas”.

Del mismo modo, la propia empresa de arqueología encargada de la intervención, que, tal y como se refleja en la extensa memoria de más de 300 páginas dedicada a la intervención arqueológica de la plaza del Castillo, a la que ha tenido acceso este medio, documentó el hallazgo de un complejo termal romano de gran entidad y elaboró fichas específicas sobre la necrópolis islámica, “que superaba el centenar de sepulturas”. Asimismo, la relevancia de los descubrimientos quedó reflejada en las investigaciones de las que nacieron varios estudios monográficos y publicaciones científicas específicas.

García-Barberena declara que la empresa arqueológica no tuvo “ningún margen de decisión sobre el destino de los restos arqueológicos”, dependiendo únicamente de la Institución de Príncipe de Viana y, por tanto, del Gobierno de Navarra, versión que corrobora Zubiaur “al cien por cien”. De hecho, tal y como se hizo público y sigue manteniendo, “Gabinete TRAMA defendió en sus informes la conservación de las termas romanas y manifestó expresamente su desacuerdo con la decisión adoptada por la Institución Príncipe de Viana de autorizar su desmontaje”.

“Las excavaciones se hicieron al ritmo lento característico sin que por ello se parasen las obras, lo que a todas luces se fue definiendo como un preaviso de lo que acabaría por llegar: el desmontado de los vestigios”, afirma Zubiaur, que lo recuerda como “una forma de presión” para incomodarlo por su cargo y ser conocedor del “deseo manifiesto del Gobierno de Navarra en colaborar con el Ayuntamiento”, ambos gobernados por UPN. Al fin y al cabo, la oposición municipal, compuesta el frente nacionalista vasco de Eusko Herritarrok (EH) y Batzarre, que no les encajaba el proyecto en su visión de sostenibilidad y contando con el apoyo de los vecinos contrarios a la obra. Por otra parte, los promotores contaban con el respaldo de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo. Además, durante estas fechas, el 14 de julio de 2001, ETA asesinó a Jose Javier Múgica, concejal de UPN en Leitza. “Nadie comprendió que el Patrimonio Histórico es de todos y el pasado al que se refiere motivo de orgullo, y algo que debía unirnos se convirtió en materia de confrontación”, analiza Zubiaur.

La denuncia de la Iniciativa Ciudadana para la Defensa del Patrimonio llegó al Parlamento de Navarra y a los tribunales. En febrero de 2002, el juez pidió una prueba pericial, encargada a la Sociedad de Ciencias Aranzadi que fue demoledora. El informe presentado en el juzgado denunciaba “un expolio” arqueológico, afirmando que se había perdido “un 25% del depósito arqueológico inicial de gran valor” y denunciando la “utilización abusiva de procedimientos mecánicos” y maquinaria pesada en el yacimiento. Además, los técnicos de la empresa arqueológica requeridos por el juez denunciaron un maltrato personal sufrido durante las visitas y la ocultación de información, señalando a la empresa arqueológica que había ejecutado las intervenciones. Por ello, la denuncia, a demanda de la plataforma vecinal opuesta al proyecto, se amplió en abril de 2002 al Gabinete TRAMA, al director del área de Obras del Ayuntamiento de Pamplona, Ignacio Balsa, y al jefe de la obra, Javier Castrillo.

Por su parte, la empresa que dirigía Mercedes Unzu afirma un cuarto de siglo después que “la intervención de Aranzadi estuvo claramente condicionada por ese contexto [de contestación política y social] y partió de unas conclusiones prácticamente predeterminadas”. La Sociedad Aranzadi “mostró graves deficiencias en su trabajo”, argumenta García-Barberena, que se apoya en que “una valoración arqueológica realizada en buena medida desde una verja, con tan escaso trabajo directo y sin estudiar la documentación disponible, difícilmente puede considerarse una pericial científica rigurosa”. Ante las “gravísimas acusaciones” de la Sociedad Aranzadi, Gabinete TRAMA emitió su propio informe contrapericial que abordó “punto por punto” la entregada ante el juez.

25 años después la hija de la que era directora de la empresa y dirigió la intervención declara que “las diligencias judiciales no fueron lo más grave”, pues el procedimiento fue sobreseído. “Francamente, el nivel de tensión política y social alcanzó dimensiones absolutamente desproporcionadas”, expresa García-Barberena a día de hoy, y añade que la situación “dio lugar a situaciones profundamente injustas y dolorosas”, como “insultos, amenazas constantes, lanzamiento de piedras desde el exterior de las obras e incluso intentos de dañar vehículos”. “Algunos integrantes del equipo llegaron a recibir amenazas de muerte, cuenta”. Los arqueólogos, que “no representaban a ningún partido ni defendían el proyecto político de nadie”, fueron “señalados, insultados y amenazados simplemente por cumplir con su trabajo”, pues no dependía de ellos ninguna decisión sobre el tratamiento o destino de los restos. “Eso fue la parte más dura de todo aquel proceso”, recuerda.

Respecto a los restos arqueológicos que posteriormente aparecieron en al escombrera de Beriain, uno de los asuntos que más polvareda levantó, Gabinete TRAMA defiende que se trataban de “un número muy reducido de fragmentos cerámicos, algunos de ellos de cronología moderna y ninguno de carácter excepcional”. “Cualquier profesional que haya excavado sabe que, al mover semejante volumen de tierra [como supuso la obra de la plaza del Castillo], puede pasar ocasionalmente a la terrera algún fragmento residual. Yo misma he visitado excavaciones desarrolladas por Aranzadi, como las de Zaldua, y he encontrado algún fragmento cerámico en la terrera, como sucede en prácticamente todas las excavaciones”, afirma García-Barberena.

En contra de lo expresado por el Gabinete TRAMA y algunos de los propios técnicos de la Institución Príncipe de Viana, el organismo dirigido por Corpas y dependiente del Gobierno de Navarra autorizó el desmontado de las estructuras del yacimiento. El único motivo, “liberar el solar” para que se “permitiese la construcción del aparcamiento, supeditando la protección del Patrimonio a una obra de tal naturaleza”, afirma Zubiaur, motivo por el que presentó su dimisión ante el Presidente del Gobierno Miguel Sanz (UPN).

Las presiones hacia el jefe de Arqueología del propio gobierno de Navarra llegaron a tal punto que afirma haber sido “puenteado” en las decisiones y que se le acusó de “abertzalismo”. “[La marginación fue tal] que la directora de Gabinete Trama fue amonestada por carta del Director General por haberme explicado en particular in situ la marcha de las excavaciones”, narra Zubiaur. Un cuarto de siglo después, lo que más le duele fueron los “silencios de personas relevantes, entidades e instituciones”.

Desmantelación de los restos

Por su parte, al equipo de arqueólogos del Gabinete TRAMA “se les planteó un verdadero conflicto ético”. “No compartían el desmontaje y tampoco aprobaban que se acometiera sin una pauta de actuación detallada que garantizase su adecuado control arqueológico”, cuenta García-Barberena. La situación empujó a los integrantes de la excavación a adoptar “una suerte de objeción de conciencia profesional”, de forma que centraron el trabajo en otros sectores y mantuvieron los servicios mínimos en las termas. Tal y como figura en la carta que los técnicos arqueólogos enviaron al Gobierno de Navarra el 29 de mayo de 2002, este último trabajo en las termas por parte de la empresa tenía como “único fin” recoger “el mayor número de datos posible” antes de su desmontaje.

El único vestigio arqueológico cuya conservación e integración en el proyecto vino impuesta por la legislación fue el tramo de muralla medieval, de algo más de cien metros de longitud, perteneciente al castillo de Fernando el Católico. Fruto de la persistencia de “un arqueólogo” de la Institución Príncipe de Viana que no estaba de acuerdo con que se “orillara en la información” a Zubiaur, según cuenta él mismo.

En cambio, el resto de los hallazgos, entre ellos el mayor complejo termal romano descubierto en el norte de España, una excepcional necrópolis islámica con más de un centenar de tumbas orientadas hacia La Meca y la trama urbana del antiguo barrio medieval de Zurriburbu, fue exhaustivamente documentado, desmontado en su totalidad y posteriormente almacenado. Esta decisión se adoptó pese a la oposición expresa de los arqueólogos del Gabinete TRAMA, responsables de las excavaciones, así como de varios catedráticos especializados en Arqueología.

La plaza se abrió el 5 de junio de 2004, aunque sin acto de inauguración, ya que el Parlamento de Navarra había prohibido oficialmente este tipo de celebraciones durante el periodo electoral. Ese mismo día, un periódico local dejaba constancia en una crónica del primer vehículo en acceder al parking. Un Seat Ibiza de un residente del segundo Ensanche. El conductor, “un ecuatoriano de 45 años”, llegaba al recién inaugurado aparcamiento por casualidad y junto a “su mujer y su cuñada que iban a hacer compras”. “Para su sorpresa, fue recibido por la alcaldesa” Barcina en la entrada, que frente a los medios de comunicación aprovechó para anunciar “una fiesta para después de los comicios europeos”.

La presentación de la nueva plaza a la sociedad se hizo el 27 de junio de 2004, según los periodistas asistentes, con fuegos artificiales, música y geranios rojos. La plataforma que promovió el referéndum sobre las obras, sin embargo, afirmaba que no había “nada que celebrar”.

En la actualidad, los restos aparecidos en las excavaciones arqueológicas de la Plaza del Castillo se custodian en los Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra, donde “están a disposición de la ciudadanía, mediante una petición razonada”, afirman desde el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo. Por otra parte, “material constructivo que recibió entonces la consideración como de carente valor arqueológico, fue expurgado mediante entierro en lugares controlados de la ciudad”. Según artículos de prensa local, algunos de estos restos “carentes de valor arqueológico” se llevaron al barrio de Lezkairu y se depositaron en una ladera que luego se convirtió en un jardín.

A pesar de la petición expresa de este medio, la Institución Príncipe de Viana no ha querido valorar “actuaciones y decisiones tomadas o ejecutadas hace 25 años”. García-Barberena, a pesar de todo, hace un balance positivo de la excavación. “Consideramos que fue una de las intervenciones arqueológicas urbanas mejor documentadas de Navarra”, lo que dio “lugar a numerosas publicaciones científicas y a trabajos de investigación de gran alcance” por la “extraordinaria cantidad y variedad de restos” encontrados, afirma 25 años después. Respecto a cómo se gestionaría un hallazgo así en la actualidad, no tiene dudas. “Si una situación semejante se planteara hoy, la Administración no adoptaría la misma decisión y las termas se conservarían”.

Sin embargo, Zubiaur no conserva tales esperanzas a futuro. “Llegué a la conclusión de que el patrimonio histórico estorba siempre que existen intereses”, sintetiza de su experiencia.