El Plan de Pérez Llorca para contentar a los promotores: vivienda protegida más cara para personas con rentas más altas

Cuando la lógica indicaría que en el actual contexto de aumento desmesurado de los precios de la vivienda se debería de contener el valor de los inmuebles protegidos para dar acceso a las capas de la población con más dificultades y los jóvenes, el Gobierno valenciano del PP que dirige el presidente Juan Francisco Pérez Llorca está haciendo todo lo contrario. En concreto, impulsa un marco jurídico que permitirá vender las viviendas protegidas más caras y, al mismo tiempo, para poder darles salida, eleva el umbral de renta para que más personas con mayores recursos puedan adquirirlas.

El Consell adopta estas medidas que vienen de la etapa del anterior presidente, Carlos Mazón, porque ha fiado el grueso de la construcción de viviendas protegidas a los promotores privados, que necesitan una serie de condiciones para que les salga rentable entrar en este mercado. Entre las medidas impulsadas en esta línea está el fomento de la fórmula de la permuta de terrenos por la cual la Generalitat o los ayuntamientos otorgan al constructor suelo público para construir los inmuebles. En virtud de esta modalidad, el empresario se queda los terrenos en propiedad a cambio de dar a la administración un porcentaje a determinar de las viviendas que construya.

Otra de las grandes medidas aprobadas a finales del año 2024 fue la aprobación del decreto de régimen jurídico de las viviendas de protección pública (VPP) de la Comunitat Valenciana, que ya fijó en 2.400 euros el valor de referencia del metro cuadrado de esta tipología, 200 euros más de lo que venía fijado por el Gobierno del Botánico. 18.000 euros más por una vivienda protegida de 90 metros cuadrados.

Este precio, sin embargo, podría cambiar tanto al alza como a la baja en función de diferentes variables. Sin embargo, en las zonas más tensionadas las oscilaciones normalmente serán al alza, de forma que el precio del metro cuadrado se adaptará a la realidad de cada zona y se revisará cada año. Es lo que en el mencionado decreto se denomina módulo dinámico.

La Conselleria de Vivienda que dirige Susana Camarero dio este miércoles un paso más para poner en marcha este indicador al iniciar la consulta pública previa para la elaboración de la orden que determine los valores estándar y ajustado que componen el nuevo módulo dinámico para la fijación de precio máximo de venta de las viviendas de protección pública (VPP) en la Comunitat Valenciana para el año 2026.

Con esta propuesta se pretende regular el procedimiento para calcular el precio máximo de las VPP, teniendo en cuenta un módulo dinámico que incluye criterios objetivos como el municipio, la renta media de la población, la evolución demográfica o el precio medio de compraventa de viviendas tipo. Así, según explicó el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez, “la elaboración de este estudio permitirá conocer la situación de cada municipio para aplicar el precio de venta estándar o ajustada a cada uno de ellos”.

Desde Vivienda reconocieron que este nuevo módulo dinámico “atiende a las peticiones de los promotores” ya que, además del valor estándar para todas las VPP establecido en 2.400 euros el metro cuadrado, se revisará el precio para 2026 y se creará un valor ajustado para aquellos municipios que necesiten establecer un precio de venta distinto al estándar atendiendo a las condiciones de estos territorios derivadas del estudio previo. Este valor ajustado será aplicable en aquellos casos en los que, según el estudio, los precios de venta superen al menos en un 20% el valor estándar de venta de VPP.

Por poner un ejemplo, según un estudio de Foro Consultores Inmobiliarios, en la actualidad, el valor medio de la vivienda nueva de renta libre en València se sitúa en 3.772 euros el metro cuadrado, lo que supone un 54% más que los 2.400 marcados como valor estándar. Por lo tanto, a buen seguro el precio de la VPP en la capital valenciana será bastante superior. Y eso partiendo de la base de que para el PP, 2.400 euros el metro cuadrado (240.000 euros por una vivienda de 100 metros) es un precio “asequible” para las rentas bajas.

De hecho, Pérez ha incidido en que “desde el Consell se sigue avanzando para que la vivienda asequible sea una realidad, tanto es así que desde la aprobación del nuevo decreto de VPP se ha triplicado el número de solicitudes de calificaciones provisionales de vivienda, lo que indica que la política de este Consell está funcionando”.

Al respecto, la diputada del PSPV en las Corts, María José Salvador, denunció que “Pérez Llorca lastra el acceso a la vivienda en la comunitat valenciana, ya que la VPP con módulo dinámico tendrá un mínimo de 2.400 euros, bajo el convencimiento que la flexibilidad será al alza”.

Salvador lamentó que los valencianos “tengan que pagar la vivienda protegida a precio de oro, que se convierta en un bien de lujo y se aleje del carácter asequible que debería tener” y denunció que “Pérez Llorca se pliega a los intereses de los promotores y se aleja de garantizar el derecho a la vivienda a los que más la necesitan”.

Accesible a personas con rentas más altas

El nuevo reglamento también incrementa los umbrales de renta para poder acceder a las promociones protegidas en los casos de las familias que tengan mayores o hijos a su cargo, además de para los jóvenes. Actualmente los ingresos máximos para optar a las viviendas públicas es de 6,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), calculado en 12 pagas, y pasará a ser el mismo indicador en 14 pagas, con una bonificación de hasta 0,5 veces por cada joven miembro de la unidad familiar. Es decir, una pareja joven podría acceder a una vivienda protegida si no supera los 63.000 euros de renta (7,5 veces el IPREM de 2024).

El decreto establece también la obligación de que todas las promociones de VPP, tanto públicas como privadas, contengan una reserva mínima del 40% para menores de 35 años. Esta medida ya estaba prevista en el último decreto que firmó Héctor Illueca como conseller de Vivienda en el Gobierno del Pacto del Botánico. Sin embargo, el decreto sí incluye como novedad una categoría de vivienda destinada a menores de 35 años y familias monoparentales, con unas dimensiones concretas -60 metros cuadrados, trastero y garaje-, unos límites de renta y un régimen de protección de 15 años.

El periodo de protección del resto de viviendas será de 30 años para las promociones en suelos calificados para VPP y de 20 años para aquellas promociones que se desarrollen en suelos que hasta ahora se destinaban a la construcción de viviendas libres.

Vivienda defiende las medidas

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, , ha criticado la “hipocresía del PSPV, que intenta confundir con la política de Vivienda cuando su Gobierno del Botánico, que subió el módulo de VPP en 400 euros tras dilapidar la construcción de vivienda y dejar a la Comunitat en una crisis habitacional sin precedentes”.

En este sentio, Fernández ha señalado que “bajar precios máximos de forma irreal solo conduce a una cosa: que no se construya ninguna vivienda”, sin dar más explicaciones al respecto. Según ha comentado, “con el nuevo decreto de VPP, lo que desde luego ha cambiado es que los precios se van a establecer en base a criterios objetivos, con estudios de mercado específicos por municipios, y no en base a una decisión política que es lo que hizo el Botánico”.

Fernández ha explicado que el decreto actualmente en vigor introdujo un nuevo mecanismo para el cálculo del precio máximo de venta o alquiler de la VPP, denominado módulo dinámico, que “aporta seguridad jurídica, se revisa anualmente y se sustenta en datos objetivos, no en decisiones políticas arbitrarias”.

“El sistema establece un valor estándar, fijado a partir de los costes de construcción elaborados por el Instituto Valenciano de Edificación (IVE), y un valor ajustado que tiene en cuenta parámetros objetivos como la realidad socioeconómica de cada municipio”, ha detallado.

El secretario autonómico ha subrayado que “afirmar que 2.400 euros nunca es asequible es una simplificación ideológica que no se ajusta a la realidad”, ya que “la asequibilidad se mide por el esfuerzo que supone para una familia, no por eslóganes, y el mercado libre prácticamente duplica ese precio”.

En relación con la elevación de los umbrales de renta, Fernández ha indicado que esta medida responde, entre otras razones, a alegaciones formuladas por entidades juveniles, como el Consell Valencià de la Joventud, y a una realidad evidente: “excluir a las clases medias, donde se encuentran muchos jóvenes, no protege a nadie; al contrario, impide que se construya vivienda, que se les permita el acceso y las oportunidades de futuro”. Así, se ha pasado del límite de 6,5 veces IPREM en 12 pagas, lo que suponía 46.800 euros, a máximo 6,5 veces IPREM en 14 pagas, lo que implica 54.600 euros para régimen general o cinco veces el IPREM en 14 pagas, lo que son 42.000 euros para régimen especial dirigido a jóvenes para primera vivienda.