¿Quién paga la tinta?

Será por la desclasificación de los papeles del 23-F, que ha confirmado lo que todo el mundo ya decía —aunque no todo el mundo decía lo mismo—, pero la Ley de Publicidad del Sector Público debería haber tenido mejor suerte. Al menos, más publicidad, aunque sea redundante. Es curioso, salvo que pensemos mal, que una norma tan importante para los medios de comunicación haya pasado desapercibida incluso para ellos. Es bien sabido que lo de «consejos vendo que para mí no tengo» se ajusta como un guante a algunos medios, pero aun así cabía esperar más. Sobre todo, de la fachosfera, ya que la ley apunta directamente a la línea de flotación de algunos pseudomedios. Al Gobierno hay que reconocerle el mérito, aunque la bala sale de Europa y del Reglamento de Libertad de los Medios de Comunicación.

Incluye medidas interesantes, unas más que otras. Ya se sabe que, antes de creerse lo que pone la prensa, hay que saber quién paga la tinta. Por eso, los medios tendrán que hacer público su accionariado, algo que cambia poco la situación. Por lo general, está bastante claro. Pero muchas veces no hace falta ni saber quién manda, de tan claro que está a quién sirve. La epidemia de informaciones sobre los okupas —que derivó en la subtrama de los inquiokupas, para crucificar a mucha gente que no puede pagar un alquiler abusivo— seguramente no fue idea de ningún directivo. Simplemente tomaron nota de lo que alguna empresa de alarmas quería —y de lo mucho que se dejaban en publicidad— y se dejaron acariciar el lomo por parte de algún periódico o sindicato policial con ganas de notoriedad. Eso fue todo. Ya decía un personaje tan siniestro como ducho en el arte de la manipulación, Miguel Ángel Rodríguez, que para controlar un periódico no hace falta comprarlo: basta con ser su mejor cliente. De la M-30 para dentro, esa es una frase escrita en mármol en el frontispicio de más de un medio. Solo hay que ver quién está atento a los cambios de look de Ayuso, la Quironesa, para saber quién pone la mano.

De ahí que la parte más importante de la ley sea la que pone coto a la cantidad de dinero público que un medio puede recibir. Es lo que antes se conocía como el «fondo de caimanes», dinero para apaciguar al cuarto poder, y ahora subvención o promoción. Es como el Winstrol en los gimnasios: lo que permite a más de uno sacar músculo. Y ese fondo, normalmente, está en manos de personajillos de la peor calaña. Aquí, hasta hace bien poco, la llave de la caja y los 17 millones de euros que guardaba dependían del secretario autonómico de Comunicación, José Manuel Cuenca, cuando se paseaba por el mundo con su allure de madurito interesante, y no como el apestado que es ahora (apestado con sueldazo público, dicho sea de paso). Una limosnita por aquí, a la infame EDATV del no menos infame Javier Negre; otro poquito por allá, y se entiende la campaña para cortarle la cabeza (mediáticamente hablando) a la jueza de la Dana. Y es que una campaña así no se paga sola, hay que entenderlo.

Ganarse a la prensa y arrimar el ascua a la sardina de los que te ponen bien pero, sobre todo, de los que te ponen mal, a ver si se lo piensan dos veces. La izquierda, en esto, no suele acertar. No por falta de ganas, sino de práctica. Ximo Puig, sin cortarse un pelo, siempre se sintió periodista, así que, para mantener la ficción, en 2018 decidió crear los Premios de Comunicación de la Comunitat Valenciana y conceder el galardón más importante al entonces director de La Razón por su «ejemplar e intachable carrera periodística». A muchos nos extrañó que el jefe de prensa no oficial de Paco Camps durante el juicio recibiera tan alto honor, pero tan merecido era que los premios no volvieron a convocarse. Por lo visto, no había nadie mejor, aunque el esfuerzo por intentar cortejar a la prensa de derechas y a sus lectores, herederos intelectuales de la División Brunete, no dio sus frutos.

Por cierto, se habla mucho de los medios, pero no tanto de quienes los habitan. Si alguien lee las redes sociales, verá que somos todos cojonudos y que estamos muy contentos de tener unos compañeros de los que se aprende cada día (o unos son muy listos o los otros muy tontos). Pero la realidad es que, como se dice, sin periodistas no hay periodismo. Y tampoco manipulación. Basta con recordar que la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid es María Rey, presentadora de 120 minutos, uno de los programas estrella de esa ponzoña que es Telemadrid. ¡Y nos quejamos de que À Punt Radio haya enchufado a Nacho Cotino! Pero lo lamentable no es que la APM la presida un personaje de esas características, sino que está ahí porque la han votado sus compañeros. Eso, para recordar que ni todos los periodistas estamos tan buenos como Robert Redford en Todos los hombres del presidente (hablo por mí, es verdad), ni hay tantos dispuestos a luchar en aras de la verdad. Algunos, con cobrar (antes bien; ahora, ya solo con cobrar), tienen bastante.

La ley no es mala, pero habrá que ver cómo funciona… y, sobre todo, cuánto. El PSOE, al que le quedan cuatro telediarios, tiene todos los incentivos para aprobarla; la oposición, ni uno solo. No quiere que un medio solo pueda ingresar un 35% de dinero público ni un sistema transparente de audiencias que premie a quien hace periodismo y castigue a quienes dicen estar entre los medios más leídos y lo están a base de clickbait. No será la panacea, pero a partir de ahora, si un medio quiere un Bertrand Ndongo para acosar a políticos, que se lo pague de su bolsillo, como los demás nos pagamos la viagra.