Qué separa a docentes y el Govern de Illa para desencallar la huelga: las claves de salarios y educación inclusiva

La nueva oleada de huelgas docentes en Catalunya –y ya van tres este curso– afronta su tercera semana seguida de movilizaciones. Con un seguimiento notable, los sindicatos que las convocan aspiran a arrancar del Govern unas mejoras salariales y de refuerzo de plantillas que vayan más allá de las pactadas en marzo entre CCOO y UGT. 

Si al inicio del actual ciclo de protestas el conflicto parecía enquistado, ambas partes han reconducido la situación para iniciar una ronda de negociaciones que ya va por la cuarta sesión. Del desenlace de estas conversaciones depende que las huelgas lleguen hasta el 5 de junio, o incluso que alarguen hasta la visita del Papa a Barcelona.

Por ahora, los únicos brotes verdes tienen que ver con las concesiones de ambas partes para sentarse a la mesa. El Departamento de Educación descartó negociar fuera del acuerdo de 2.000 millones de euros cerrado con CCOO y UGT, pero en la práctica ya lo está haciendo. Por su parte, los sindicatos de la protesta (USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical) reclamaban reunirse como comité de huelga, pero finalmente han aceptado hacerlo dentro de la mesa sectorial.

A partir de aquí, y en reuniones que se han alargado varias horas, las partes han fijado unas condiciones de mejora laboral que todavía están lejos. El nudo de las conversaciones afecta a dos de las principales reivindicaciones del colectivo en los últimos meses: la subida salarial, y el refuerzo de plantillas para el modelo de escuela inclusiva. 

Mejores salarios y mayor subida el 2026

Aunque los sindicatos de la huelga fijan el refuerzo de plantillas y los sueldos como un doble objetivo irrenunciable, de las reuniones se desprende que la parte salarial es la más complicada de resolver. 

La negociación parte del acuerdo alcanzado con CCOO y UGT, que aspiraba a alejar a los docentes catalanes de la cola estatal en cuanto a retribuciones, a través del aumento –por primera vez en 25 años– del complemento salarial autonómico. En este sentido, se fijó una subida a cuatro años hasta alcanzar los 3.000 euros más anuales en 2029 (o, lo que es lo mismo, unos 214 euros al mes de incremento). 

A partir de aquí, Educación abrió juego y planteó acelerar esta subida para completarla en tres años en vez de cuatro. Además, ha añadido la creación o subida de nuevos pluses salariales, en total siete, que aseguran que afectarían a 100.000 docentes (concertada incluida). Se trata de complementos de tutorías, co-tutorías o coordinación digital y las subidas durarían entre dos y cinco años en función del plus. 

Pero esto sigue lejos de las pretensiones de los sindicatos huelguistas, que ya respondieron antes de la última reunión del viernes con una propuesta sustancialmente mayor. Los representantes laborales quieren que las subidas sean para todo el personal. Su propuesta es que el incremento progresivo sea de hasta 500 euros al mes al llegar a 2029. 

A todo ello, le añaden vincularlas subidas al IPC, mejorar el pago por nocturnidad en excursiones (el pacto de CCOO y UGT arrancó por primera vez 50 euros por noche) y incrementar los sexenios. 

Al margen de la cuantía total, una de las claves del acercamiento de posiciones puede tener que ver con el calendario de su aplicación. Con la perspectiva de la aprobación de presupuestos en 2026, la parte sindical aprieta para atar las mejoras este mismo año, de cara al próximo curso.

En este sentido, los partidos que ejercen de socios del Govern, ERC y Comuns, han transmitido estar dispuestos a replantear algunas de sus medidas, para dar más margen de maniobra presupuestaria a la conselleria de Educación. En los últimos días, Jéssica Albiach, de los Comuns, ha insistido en que está dispuesta a “recalendarizar” algunos de sus acuerdos para encajar demandas docentes y solucionar el conflicto.

El refuerzo de la escuela inclusiva

Antes de abrir el melón salarial, el Departamento de Educación apostaba por desencallar el conflicto sobre todo a través de reforzar las plantillas para aplacar las quejas de que el modelo de educación inclusiva hace aguas. Durante las protestas de los últimos meses, una de las principales denuncias de los docentes ha sido que la incorporación en la última década del alumnado con discapacidad y otras dificultades de aprendizaje en las aulas convencionales no ha ido acompañada del personal de apoyo suficiente para atenderlo bien.

De ahí que Educación haya ido subiendo la apuesta para incorporar más profesionales especializados en este ámbito de cara al próximo curso. De unos 500 que planteó inicialmente han pasado ya a 1.348 de cara a septiembre. Esto solo para escuela inclusiva, que incluye logopedas, psicopedagogos, personal de apoyo, técnicos de educación infantil… Además, contratarán 708 docentes más sobre todo de cara a impedir las llamadas sobreratios (que en la ESO no superen 30 alumnos por clase). 

Casi todas las fuentes consultadas ven más plausible el acercamiento entre las partes en materia de inclusión que en salarios –aunque algunos lo vean más lejos, y otros más cerca–. Pero aquí se abre otra brecha entre sindicatos. USTEC, que es el mayoritario en la pública, y CGT, apuestan por apuntalar el modelo inclusivo con más personal. Pero Professors de Secundària se opone a él y quiere que se replantee.

De ahí que en sus comunicaciones conjuntas pidan refuerzos de plantilla en general. En total, 6.400 nuevas dotaciones. Pero se pregunta en concreto a USTEC, por ejemplo, propone que todas ellas sean para el modelo de escuela inclusiva, con un horizonte de uno o dos años, como una primera fase o “plan de choque” para salvar la inclusión. 

Los refuerzos, señala este sindicato, requerirían una inversión de 300 millones, y el salario, para el curso actual, de 200. Pero Educación ha rebatido que el alcance sería de 1.000 millones de euros, algo que ven fuera de lugar, con lo que las negociaciones no están cerca de su fin.