Brechas digitales laborales y transición justa: irresponsabilidad ineludible de las empresas

La digitalización está transformando de manera profunda nuestra sociedad, nuestra manera de comunicarnos, de socializar, de estudiar y obviamente, como no puede ser de otra manera, el modelo productivo, el mercado  y los espacios de trabajo. Automatización, digitalización de procesos, nuevas herramientas de gestión y cambios organizativos avanzan a gran velocidad a veces a demasiada velocidad y nos impide ver que pese a lo positivo de la misma, esta transformación no está siendo neutra.

Hablando del mundo del trabajo. La digitalización, como en otros espacios, ha llegado para quedarse y como no puede ser de otra manera se implanta y por lo mismo refleja las particularidades  de nuestra sociedad y sus brechas.

Por ello la digitalización genera nuevos espacios de discriminación, como es el caso de las brechas digitales, que, en el mundo laboral, sino se abordan con responsabilidad social y diálogo, corren el riesgo de consolidar nuevas desigualdades y formas de exclusión.

La brecha digital de género, que afecta a la mitad de la población mundial, es un ejemplo de cómo la digitalización sino se lleva a cabo con visión integradora, puede perpetuar brechas existentes. Hoy, lamentablemente, las mujeres, siguen concentrándose en sectores más precarizados y con menor acceso a formación tecnológica. Así, con trayectorias laborales interrumpidas, parcialidad y la añadida carga de cuidados, muchas mujeres, especialmente las de mayor edad, enfrenten mayores dificultades para adaptarse a los cambios tecnológicos. Y es que, si las empresas no incorporan la igualdad también como criterio en sus procesos de digitalización, esta transición corre el riesgo de reproducir y ampliar desigualdades ya existentes.

Otra de ellas, es la brecha digital por edad, que de nuevo se hace especialmente visible en el ámbito laboral. Muchas personas trabajadoras de más edad se enfrentan a procesos de digitalización implantados de manera abrupta, sin formación suficiente ni tiempos de adaptación. Esta situación limita sus posibilidades de recalificación, deteriora sus condiciones de trabajo y en demasiados casos, genera situaciones de estrés y acelera salidas anticipadas del mercado laboral. Por ello la prolongación de la vida laboral exige, por parte de las empresas, un compromiso real con la adaptación de los puestos de trabajo y con la formación a lo largo de toda la vida laboral.

También están la brecha territorialy la brecha de discapacidad que a su vez tienen una dimensión laboral clara. La implantación de herramientas digitales sin garantizar conectividad, accesibilidad o ajustes razonables limitan el acceso al empleo y la calidad del trabajo, especialmente en zonas rurales y lo mismo para personas con discapacidad.

Por todo ello es fundamental que la responsabilidad de las empresas no termine en la adquisición de tecnología; sino que incluya garantizar que esta sea accesible, usable y compatible con la diversidad de las personas trabajadoras.

Incluso en el caso de la población joven, considerada “nativa digital”, las empresas tienen una responsabilidad clave. Ya que el uso habitual de las TIC no equivale automáticamente a competencias digitales profesionales. Sin planes de formación, tutorización y desarrollo profesional, la digitalización puede derivar en precariedad, rotación y frustración, y jornadas eternas, especialmente entre las personas jóvenes que se incorporan al mercado laboral.

Pero, estas brechas digitales no afectan solo a las personas ocupadas. También inciden en las personas desempleadas, que encuentran cada vez más dificultades para acceder a ofertas de empleo o procesos de selección o formación cuando todo se canaliza por estas vías que muchas veces resultan altamente complejas para personas paradas de larga duración sin formación en la materia.

Por todo ello las empresas deben asumir un papel activo en la generación de itinerarios inclusivos de inserción laboral, en colaboración con los servicios públicos de empleo.

En ese sentido, desde UGT PV defendemos que la transformación digital debe regirse por el principio de transición justa, y que éste obliga a las empresas a asumir responsabilidades concretas. Y es que no es aceptable digitalizar sin evaluar el impacto en el empleo, sin garantizar formación suficiente y sin negociar los cambios con la representación legal de las personas trabajadoras.

Y para ello la negociación colectiva debe ser el espacio central donde se aborden estos procesos. A través de los Convenios Colectivos, las empresas deben comprometerse a invertir en formación continua, garantizar tiempos de aprendizaje dentro de la jornada laboral, adaptar los puestos de trabajo, asegurar la accesibilidad digital y prevenir cualquier forma de discriminación por sexo, edad, o discapacidad. La transición digital debe ser acompañada, negociada, planificada y evaluada conjuntamente con la representación legal de las personas trabajadoras.

Asimismo, el Diálogo Social debe orientar el marco general de la transformación productiva y tecnológica. Desde UGT PV reclamamos al Gobierno valenciano políticas públicas que refuercen esta corresponsabilidad empresarial: incentivos vinculados al cumplimiento de compromisos sociales, condicionalidad en el acceso a ayudas públicas y fondos europeos, y mecanismos de seguimiento del impacto de la digitalización en el empleo y la igualdad.

Y es que esta transformación solo será socialmente sostenible si las empresas asumen su responsabilidad, si los gobiernos refuerzan las políticas públicas y si la negociación colectiva y el diálogo social sitúan los derechos laborales y la igualdad en el centro del cambio tecnológico. Desde UGT PV seguiremos defendiendo una digitalización con derechos, que no deje a nadie atrás.