“O pago el alquiler o como”: el dilema de una familia valenciana que vive hacinada en una habitación por 330 euros al mes

La sobrecogedora historia de esta familia permite observar de cerca y de una forma un poco más humana las diferentes dimensiones que adquiere la pobreza. Laura es una mujer luchadora, con problemas de salud que implican obstáculos en su día a día y un hijo de 18 años con discapacidad, así como un fuerte entusiasmo por ayudar a su madre. Carlos se ha criado en una familia compuesta por 10 hermanos, ha tenido una infancia llena de dificultades y ha enfrentado situaciones muy duras a lo largo de su vida.

Actualmente atraviesan una de las situaciones más extremas que han vivido. Por distintas circunstancias, han acabado malviviendo los tres en una habitación de alquiler por 330 euros mensuales, atrapados en un arduo debate: “o como, o pago el alquiler”, señala Carlos. En elDiario.es hemos tenido la oportunidad de escuchar la historia de esta familia que, lejos de quedarse en algo anecdótico, constituye un ejemplo paradigmático de la situación actual que viven muchas familias en España y que se ha ido agravando con el tiempo debido a la terrible crisis de vivienda.

Problemas de salud como obesidad mórbida, apneas graves y severos problemas de salud mental –en gran parte derivados de la situación extrema en la que viven– dificultan aún más encontrar un trabajo. Carlos actualmente trabaja vendiendo cupones con un contrato de pocas horas semanales que no alcanza para cubrir poco más que el alquiler por lo que está buscando un trabajo, pero su pasado –del que no se encuentra orgulloso porque asegura porque cometió errores “para sacar mi familia adelante” que acabaron derivando en antecedentes penales– conforma una barrera difícil de traspasar: “Me dicen: tienes un buen perfil, pero por tus antecedentes no puedo contratarte”, menciona Carlos.

Laura ha trabajado toda su vida como feriante y vendedora pero siempre en negro, por lo que su vida laboral parece muy pobre en comparación con la gran experiencia que tiene, que no queda reflejada en ninguna parte. Adrián –hijo de Laura de una pareja anterior que se limita a aportar la pensión que le exige la ley– tiene una discapacidad reconocida del 33%. Debido a su entusiasmo y dedicación, su madre siempre le animó a seguir estudiando, pero él mismo decidió dejar los estudios después de finalizar la ESO para buscar un trabajo y poder ayudar en casa.

Una serie de circunstancias han ido agravando la situación hasta llegar a un punto crítico. Diferentes dificultades burocráticas para acceder a ayudas, problemas de salud graves y una vida, en general, muy complicada, han desembocado en un círculo vicioso del que les resulta muy complicado salir.

Por ejemplo, Laura cuenta cómo tuvo que posponer para otro momento su cirugía de bypass gástrico: “mi marido está enfermo, tiene una fuerte depresión por lo que yo no me puedo permitir operarme ahora y dejarlo solo, además, no tengo dinero para los medicamentos ni para hacer dieta”. Toda está situación le provocó un episodio de depresión severa que, según relata, le llevó a la idea de quitarse la vida: “La habitación se me venía encima, me provocaba una fobia terrible”. Por si fuera poco, muchos medicamentos que debía tomar para sus numerosos problemas le provocan alergia. Los problemas de salud sin resolver dificultan el acceso a un trabajo, pero la falta de ingresos y vivir en una situación tan precaria, supone una barrera para solucionar estos problemas: “Es la pescadilla que se muerde la cola”, señala Laura.

La situación es extrema: la casera amenaza con echarles, se ven obligados a limpiar el piso que comparten con otras tres personas que se desentienden de las tareas de limpieza, sin zonas comunes más que un baño y una cocina, y a arreglar las averías de la casa de las que la casera no se hace cargo.

Las administraciones públicas sí que tienen una línea de ayudas para estas situaciones pero las dificultades de empadronamiento –muchos propietarios no permiten el empadronamiento de los inquilinos– hace que su situación sea especialmente delicada y compleja.

Actualmente se ven respaldados por la Cruz Roja, dentro del programa de “atención a personas en extrema vulnerabilidad”, que les ayuda en la medida de lo posible puesto que los fondos son limitados. El apoyo se concreta en varios frentes: ayudas puntuales para el alquiler cuando la situación se vuelve crítica, acompañamiento emocional, orientación y formación laboral —Carlos llegó a impartir un curso de carnicería para la propia entidad, con buenos resultados entre sus alumnos—, y un sistema de ayudas alimentarias que evita la entrega directa de productos: en su lugar, acuerdos con comercios locales —carnicerías, pescaderías— para que las familias puedan elegir qué comprar, preservando así su dignidad y, de paso, apoyando al pequeño comercio del barrio. La trabajadora social asegura que son una familia encantadora: “Participan en todos los talleres, no son de esa gente que vienen a pedirte y se van”

La historia de esta familia no es excepcional. Según datos de Cruz Roja Valencia, el 80% de las personas que atiende la organización en la ciudad viven hoy en habitaciones de alquiler, pagando entre 300 y 700 euros al mes. Hace apenas cuatro o cinco años, la mayoría de familias podían aspirar a alquilar un piso completo. Ese cambio brutal, ha empujado a cientos de familias a una forma de vida que combina la falta de intimidad, la precariedad económica y, en muchos casos, la exclusión de las ayudas públicas que deberían protegerlas.

Desde la Cruz Roja señalan: “Las situaciones de desigualdad y falta de oportunidades son hereditarias”. Uno de los programas de la organización, dirigido a la promoción del éxito escolar, trabaja precisamente con menores de familias en dificultades para evitar que la precariedad de los padres se traduzca automáticamente en la de los hijos: apoyo con los deberes, una merienda digna, acompañamiento a las familias durante etapas más delicadas como la adolescencia.

En el caso de Adrián, el patrón ya se intuye: dejó de estudiar a los 16 para ayudar económicamente, igual que en su día Carlos —criado entre diez hermanos, sin apenas estudios— tuvo que buscarse la vida desde joven. La diferencia es que ahora hay una red, aunque limitada, que intenta cortar esa cadena antes de que se repita una generación más. El acceso a una educación pública, gratuita y de calidad, y las ayudas económicas, juegan un papel fundamental, son la única palanca real de movilidad social. Sin ellas, el origen familiar no es un punto de partida sino un techo.

Según datos de Cruz Roja Española, en lo que llevamos de año (del 1 de enero al 15 de junio de 2026), han atendido a más de 110.700 personas en situación de extrema vulnerabilidad, con una representación del 56% de mujeres, ofreciendo más de 563.000 respuestas. En 2025, la atención total a este colectivo alcanzó a más de 222.000 personas, con más de 1,2 millones de respuestas.

En la Comunitat Valenciana, en lo que llevamos de año, Cruz Roja ha atendido a más de 18.414 personas en situación de extrema vulnerabilidad, ofreciendo más de 78.087 respuestas. En 2025, la atención total a este colectivo en el territorio valenciano alcanzó a más de 36.166 personas, con más de 158.801 respuestas.

Pese a todo, ni Carlos ni Laura piden asistencia indefinida. Lo repiten varias veces durante la conversación, lo único que quieren es un trabajo digno: “No pido un piso con muchos requisitos. Con que tenga dos habitaciones, una para nosotros y otra para mi hijo, ya vamos para adelante. No pido más”, dice Carlos. Desde Cruz Roja coinciden en el diagnóstico: el problema de fondo ni siquiera es la vivienda, sino la falta de oportunidades laborales. “Es una familia que lo único que quiere es trabajar. Ese es el principal obstáculo con el que se encuentran”, resume la trabajadora social que les acompaña.