El Gobierno de Canarias no ha adjudicado la construcción de ninguna vivienda pública en lo que va de año

El Gobierno de Canarias no ha adjudicado en lo que va de año la construcción de ninguna vivienda protegida de promoción pública, según reconoce el propio Ejecutivo regional, integrado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), en una respuesta por escrito a la diputada socialista Patricia Hernández.

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) llegó a sacar a licitación una promoción de 134 viviendas públicas en Tenerife (51 en Adeje, 24 en Guía de Isora y 59 en Arona), pero el procedimiento quedó desierto en febrero al no presentarse ninguna oferta para ejecutar unas obras valoradas en 23,8 millones de euros.

La empresa pública de vivienda social Visocan sí mantiene en fase de licitación dos promociones que suman 192 viviendas protegidas: 168 en Las Palmas de Gran Canaria y 24 en La Frontera (El Hierro).

El resto de los proyectos anunciados por el Gobierno autonómico continúan “en preparación”, tal y como los califica el propio ICAVI, o en construcción. En este último caso, además, existe un desfase entre las cifras oficiales del Ejecutivo.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, dirigida por Pablo Rodríguez (CC), sostiene en su respuesta parlamentaria a Hernández (PSOE) que actualmente se están ejecutando 898 VPO: 519 de promoción pública y 379 de promoción privada.

Sin embargo, el visor del Observatorio Canario de la Vivienda (OBVIA), dependiente de la misma Consejería, eleva esa cifra a 1.996 viviendas, divididas de la siguiente manera: 1.339 corresponden al ICAVI, 545 a Visocan y 82 a promociones destinadas a los afectados por la erupción volcánica de La Palma de 2021.

Hay que recordar que más de 34.000 personas permanecen inscritas en el registro de demandantes de VPO del Archipiélago. Algunas esperan una vivienda desde el año 2010. Otras forman parte de familias numerosas de hasta diez miembros o presentan grados de discapacidad superiores al 95%.

“Las medidas de vivienda del Gobierno de Canarias no van más allá de llenar la prensa de titulares y aumentar la cuenta de resultados de los promotores privados”, critica la diputada socialista Patricia Hernández. “No han sido capaces ni siquiera de ejecutar el Plan de Vivienda mientras esperamos por el siguiente”, añade.

Fuentes de la Consejería dirigida por Pablo Rodríguez se limitan a señalar que las próximas licitaciones de vivienda pública “saldrán en breve”, aunque sin concretar ninguna fecha.

El ICAVI había previsto a principios de año sacar a licitación cuatro promociones de vivienda pública a lo largo de 2026: una de 126 viviendas en Gran Canaria; otra de 134 en Tenerife; una tercera con 127 inmuebles repartidos entre las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con actuaciones en municipios como Jinámar, Arrecife o Tijarafe; y una cuarta de 262 viviendas distribuidas entre Yaiza (136), Tazacorte (100), Teror (18) y Puntallana (8). Pero, de momento, el Ejecutivo no ha conseguido adjudicar ninguna promoción.

La única licitación impulsada este año por el ICAVI, correspondiente a 134 viviendas públicas en Tenerife, quedó desierta al no presentarse ninguna oferta. Tampoco prosperaron otras licitaciones de años anteriores, como las promociones de once viviendas en Granadilla de Abona, trece en Güímar, ocho en Puntallana y 47 en Puerto del Rosario, todas ellas declaradas desiertas en algún momento de su tramitación.

La patronal de constructoras de Las Palmas (AECP) advirtió esta misma semana de que 322 obras públicas quedaron desiertas entre 2025 y junio de 2026 por el aumento de los costes de construcción y por la licitación de proyectos por parte de las administraciones con presupuestos por debajo de los precios de mercado.

Los empresarios han denunciado que el incremento de los costes ha hecho inviables obras ya en curso y que “atenaza a las empresas por la inestabilidad económico y la situación geopolítica, lo que las obliga a abstenerse a acudir a las licitaciones o abandonar las obras sin que las administraciones públicas adopten medidas al respecto”.

Según datos de la AECP, solo en 2025 los ayuntamientos licitaron proyectos que quedaron desiertos por valor de 74,194 millones de euros; los cabildos, por 41,3 millones; y el Gobierno de Canarias, por 46,739 millones.

Fuentes de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad defienden, no obstante, que “las causas de las licitaciones desiertas no están vinculadas de forma principal al precio”. Aseguran que “los módulos están ajustados” y atribuyen el principal cuello de botella a “la falta de mano de obra cualificada”, dicen, junto con la “reducción del tejido productivo tras la crisis de 2008 y la dificultad para asumir simultáneamente un número tan elevado de procedimientos”.