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INVESTIGACIÓN

Madrid construyó un centro de FP presupuestado en 2,5 millones sin contrato y troceando facturas

El hospital-escuela construido en Ciudad Escolar y pagado con fraccionamiento de facturas

Raquel Ejerique / José Precedo

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Ciudad Escolar es un gran complejo educativo al norte de Madrid en el que estudian unos 1.500 alumnos de FP de las ramas de sanidad, hostelería, informática o comercio. En 2021, dos de sus directores comunicaron a un empresario de confianza la intención de hacer un gran proyecto en el edificio 5 del macrocentro: querían un hospital-escuela para prácticas de Formación Profesional. Además, querían que fuera reversible y se pudiera usar como hospital en caso de pandemia, según cuenta Gabriel Navarro, el empresario y dueño del grupo Virelec, a quien se le encargó el proyecto de palabra: “Me dijeron que querían algo pionero y que la idea era que lo inaugurara la presidenta, Isabel Díaz Ayuso”. 

Tendría tres plantas, camas hospitalarias, odontología y hasta ambulancia, cuenta. De quién partió la idea no se conoce, ya que no hay documentación por escrito sobre qué características tendría y en la reunión no se dio un nombre concreto sobre el encargo. Tampoco la Consejería de Educación ha contestado a esta pregunta, alegando que el caso ha sido trasladado a la Fiscalía, que está investigando.

El proyecto se presupuestó por el propio Navarro por 2,46 millones de euros. El alto importe de la obra obligaba a licitar, es decir, sacar a concurso público la construcción y que se pudieran presentar diferentes empresas y ofertas a la importante reforma, con el posterior control económico y financiero. Sin embargo, en el portal de contratación de Madrid no hay rastro de esta obra.

El motivo es que el sistema utilizado fue el contrato menor –como consta en un informe de la Consejería de Educación enviado a la Fiscalía, al que ha tenido acceso elDiario.es–, que permite hacer un encargo a dedo. Para ello, hubo que fraccionar facturas en menos de 40.000 euros más IVA cada una, después de hacer una adjudicación “de manera verbal”, como revela el expediente oficial. Así, quienes encargaron la obra evitaron tener que sacarla a concurso y la fiscalización posterior: según la ley 9/2017 de contratos del sector público, 40.000 euros es la cantidad límite para hacer una obra sin que tenga que concurrir más de una empresa en un proceso administrativo público con un baremo oficial. 

¿Cómo pudieron saltarse todos los controles durante tres años, de dónde salió el dinero y quién fue el muñidor? Lo tendrá que dilucidar la Fiscalía, pero el mismo informe oficial apunta al entonces subdirector de FP de la Comunidad de Madrid Alfonso Mateos, cesado por este caso, como orquestador y quien organizó los pagos. Según relataron dos directores del complejo –el del IES Hotel Escuela y el del Instituto de Educación Secundaria (IES) Ciudad Escolar– este subdirector les dijo que fueran abonando facturas conforme entraba dinero en sus centros de formación, concretamente “ingresos extraordinarios”, cosa que hicieron, como ellos mismos admitieron a la inspección cuando fueron interrogados.

“Me fueron pagando desde los dos centros, hasta que dejaron de pagarme y tuve que endeudarme con medio millón de euros”, dice Navarro, que presenta esta semana una demanda para que se le paguen los más de 1,6 millones que considera que le deben, tal y como se refleja también en el informe de Educación. En él, se especifica que hasta el momento se han desembolsado en facturas fraccionadas por valor de 728.000 euros. El resto no se ha desembolsado.

El pasado 13 de marzo, la Consejería puso “en conocimiento del Fiscal Jefe de este órgano la posible implicación de tres funcionarios en presuntos delitos relacionados con la contratación de estos trabajos”, según dijeron fuentes oficiales sin dar más detalles cuando, tras el fulminante cese de Mateos, elDiario.es destapó el caso. Entonces no se dieron detalles de implicados, el montante o el sistema de pago.

La primera investigación de los hechos la hizo un inspector de la zona sur (Madrid se divide en áreas llamadas DAT), aunque el centro pertenece a la DAT centro capital, de la que es responsable Coral Báez, conocida por falsear su currículum oficial con dos másteres que no tiene y como defensora de la construcción de centros privados en zonas de alta demanda educativa, como ha dejado por escrito en informes de justificación.

El empresario, que desde septiembre del año pasado estuvo reclamando el dinero, envió también un burofax oficial a la dirección general de Educación y también informó a Presidencia de la Comunidad de Madrid, que está al tanto hace meses, llegando a reunirse con un asesor de Díaz Ayuso que le aseguró que se le pagaría.

Según recoge el informe administrativo al fiscal, los dos directores de los IES relataron que Mateos les decía a ellos cómo actuar y cómo pagar, “recibiendo instrucciones” y siendo “desconocedores de la empresa adjudicataria y del presupuesto total de la obra”. El departamento de Recursos Humanos de Educación ha incoado también un “procedimiento disciplinario por la presunta realización de actuaciones irregulares a nivel económico y de contratación” a los dos directores, expediente que está por resolver.

Mateos ha vuelto ahora a su puesto de profesor en el IES La Paloma de Madrid, donde elDiario.es le localizó telefónicamente cuando saltó el caso, sin que haya querido dar su versión de los hechos tras emplazar a una conversación futura.

Obras desmanteladas

Pero las irregularidades no acaban ahí. Aunque la obra no se recepcionó (el paso necesario que culmina un proceso de obras en la administración) hay alumnos que dieron clase en el centro, al menos en un aula, según ha podido constatar elDiario.es en un vídeo. Sin embargo, el 8 de enero de 2024, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, el edificio 5 apareció cerrado y con numerosos desperfectos. Las fotos muestran instalaciones desmontadas.

Los alumnos fueron trasladados a otro edificio, como ha podido confirmar este medio y ratifica Ángel Jiménez, director del complejo: “La orden de trasladar instalaciones y alumnos a otro edificio partió de la Dirección General de FP”, pero asegura no conocer los motivos ni quién la dio. Ahora, esa inversión presupuestada inicialmente en más de dos millones en el edificio 5 ha quedado abandonada.

Delito de daños

El empresario Gabriel Navarro anuncia que va a interponer una demanda también por lo penal por un delito de daños, según confirman sus abogados: “La Comunidad de Madrid se ha aprovechado de mis trabajos, que he financiado porque he adelantado el dinero, además de que he provocado daños a muchas familias en cadena, a contratas, proveedores, y encima destruyen lo hecho”, explica. Educación no se ha pronunciado sobre qué va a hacer con la obra, si la considera acabada, si la va a abonar o va a continuar con la idea del centro sanitario.

La motivación por la cual se optó por fraccionar facturas en vez de hacer una licitación no es, de momento, conocida, a la espera de la investigación de Fiscalía. Preguntado el empresario Navarro si dio a alguien parte del dinero o pagó en especie a través de reformas personales, contesta que los inspectores de Madrid le preguntaron “lo mismo”. “Yo puedo decir que no le he hecho gratis una obra a nadie ni he pagado nada bajo mano, porque todo lo que cobro lo hago por la plataforma oficial, y es imposible cobrar de otra manera”, asegura.

El director del IES Hotel Escuela, Miguel Ángel Pérez, mantiene en conversación con este medio que no recibió nada a cambio, puesto que no sabía “ni la empresa que era, yo de hecho pensaba que la obra estaba licitada, los directores simplemente seguimos las órdenes de la Dirección General”, incluida la de pagar con fondos propios del presupuesto de la escuela de hostelería instalaciones para un centro sanitario ajeno, algo totalmente irregular. El director del IES Ciudad Escolar, Miguel Ángel Sánchez, ha colgado el teléfono tras las primeras preguntas de elDiario.es. Tampoco se sabe de momento si Alfonso Mateos, el subdirector cesado, actuaba en beneficio propio o no, o en connivencia con algún otro cargo de la Consejería de Educación.

Sistema de control deficiente

¿Cómo es posible que se hayan pagado más de 700.000 euros en facturas de 40.000 euros cada una sin que hayan saltado las alarmas? Fuentes expertas consultadas señalan que la dirección de los institutos tiene autonomía financiera, que reciben miles de euros para gestionar, dinero cuya rendición de cuentas pasa únicamente por el consejo escolar, formado por la directiva, profesores, administrativos, alumnos y un representante del ayuntamiento. “El control financiero que se ejerce en ese órgano es mínimo”, señalan fuentes conocedoras del funcionamiento. 

“La FP ha recibido mucho dinero en los últimos años”, relatan fuentes del sistema educativo, y parte de ese dinero ha acabado en las cuentas de los IES gestionadas de manera muy autónoma. Además del presupuesto de la Comunidad de Madrid, entre la UE y el Gobierno se han transferido entre 2020 y 2023 más de 500 millones de euros para la FP de región, según datos del Ministerio. Parte de ese dinero está vinculado a digitalización, sostenibilidad o inversiones con una finalidad concreta.

La Consejería de Educación no ha contestado a las preguntas de elDiario.es sobre si hay más casos de facturas fraccionadas o si los “ingresos extraordinarios” con los que se pagó el hospital, ahora inutilizado, partieron de proyectos europeos: “El asunto está siendo investigado por la Fiscalía a instancias de la Consejería de Educación. No podemos facilitar información”, apuntan.

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