Lo que nos quitan cuando dicen que nos devuelven

Hay una pregunta que debería preceder a cualquier debate sobre impuestos. ¿Qué necesitamos para vivir con dignidad y tranquilidad? Sin embargo, casi siempre empezamos por el otro extremo. El Partido Popular anuncia una bajada de impuestos y pretende que demos por supuesto que nos está dando una buena noticia. Después, si acaso, hablaremos de sus consecuencias.

Feijóo promete nuevas rebajas y Vox presiona para ampliarlas. Al mismo tiempo, Feijóo asegura que mantendrá las pensiones, mejorará los servicios públicos e invertirá más en infraestructuras. Pero cuando toca explicar la financiación de esos compromisos con los ingresos a los que quieren renunciar, las respuestas pierden claridad.

Propongo invertir el orden. Pensemos primero en lo que necesitamos. Que nos atiendan en el centro de salud en un plazo razonable. Que una prueba o una operación no se retrasen hasta añadir angustia y riesgo a la enfermedad. Que nuestros hijos e hijas tengan una educación pública con grupos adecuados, profesorado suficiente y apoyos cuando aparecen dificultades. Que una persona dependiente reciba ayuda antes de que su familia esté exhausta. Y que, después de una vida de trabajo, podamos contar con una pensión suficiente.

Necesitamos también acceder a una vivienda sin que pagarla absorba nuestros ingresos o impida a la juventud construir una vida autónoma. Garantizar ese acceso exige inversión sostenida en vivienda pública, trabajo conjunto de las administraciones y la normativa necesaria para hacerlo efectivo para el conjunto de la población.

Y necesitamos servicios de bomberos y policía, equipos de emergencias, prevención de incendios e infraestructuras bien conservadas. Queremos que todo funcione cuando hace falta. Para conseguirlo, hay que sostenerlo también cuando no aparece en las noticias.

Una vez acordado esto, podemos hablar de dinero. Hay necesidades que cada persona puede resolver por su cuenta. Otras requieren una respuesta colectiva. La salud, la educación o el acceso a una vivienda digna no pueden quedar condicionados exclusivamente por la cuenta bancaria.

Por eso construimos servicios públicos y un sistema de protección social. Para compartir recursos y riesgos, para que una enfermedad no arruine una vida y para que el origen familiar no determine totalmente las oportunidades. A lo largo de nuestra existencia aportamos y necesitamos en proporciones distintas. Nadie sabe cuánto va a necesitar de los demás.

El discurso del PP oculta esa relación. Habla del dinero que supuestamente nos devuelve, pero apenas explica lo que dejamos de financiar colectivamente. Además, presenta bajo un mismo envoltorio rebajas muy diferentes, con ahorros irrisorios para la inmensa mayoría de las personas contribuyentes y beneficios mucho mayores para quienes acumulan o reciben grandes patrimonios.

No se trata de despreciar ningún ahorro familiar. Cada euro cuenta. Se trata de hacer la cuenta completa y comparar el ahorro de la rebaja con el gasto que podemos acabar asumiendo por un tratamiento, un apoyo educativo o los cuidados de una persona dependiente.

El Consell de Pérez Llorca presentó su rebaja del IRPF de 2026 como un ahorro de 160 millones para unos 2,7 millones de contribuyentes. Son también 160 millones a los que renuncia la Generalitat respecto a lo que recaudaría sin esa medida. Repartidos representan cantidades insignificantes; reunidos permiten sostener servicios que ninguna familia podría financiar por su cuenta.

Con las pensiones, la contradicción resulta especialmente clara. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, afirmó que el modelo «no funciona» y «va a petar». José María Figaredo, responsable económico de Vox, defendió avanzar hacia un sistema mixto de capitalización.

Las pensiones se financian fundamentalmente con cotizaciones y también con aportaciones del Estado. Su futuro requiere empleo, mejores salarios y recursos suficientes. Presentar el gasto como insostenible mientras se debilita la capacidad de financiarlo prepara el terreno para justificar recortes como inevitables. No lo son. Dependen de decisiones políticas.

En educación, los sindicatos han denunciado que la Generalitat invoque la falta de presupuesto ante sus reivindicaciones de mejores plantillas, ratios y apoyos. Mientras tanto, el Consell presume de rebajas fiscales y mantiene la batalla judicial contra actuaciones de Edificant, paralizando inversiones necesarias para mejorar las infraestructuras educativas.

Recortar apoyos o debilitar la oferta pública, además, empuja a las familias hacia soluciones privadas. Acaban pagando individualmente lo que debería atenderse colectivamente. Esa es también una vía de privatización, al convertir las carencias de un servicio público en una oportunidad de negocio.

En sanidad, Pérez Llorca y Marciano Gómez deben responder por las esperas, la continuidad de los cuidados y las condiciones de sus profesionales. En vivienda, las administraciones deben responder por las posibilidades reales de acceder a un hogar. Y quien reclama más mantenimiento de infraestructuras tiene que respaldarlo con financiación y actuaciones. Aplazar la conservación acumula deterioro y encarece las reparaciones.

Llegados aquí, aparece la respuesta fácil. «Quitaremos un ministerio, eliminaremos cargos y gastos superfluos». Todo gasto innecesario debe revisarse. Pero suprimir un ministerio no elimina sus funciones ni sus obligaciones. Quien prometa financiar los servicios públicos eliminando despilfarros debe identificarlos, cuantificar el ahorro y demostrar que alcanza.

Perder ingresos de manera permanente, sin compensarlos, limita lo que podemos sostener. Cuando un servicio se deteriora, la necesidad permanece. Quien tiene dinero busca una alternativa. Quien no lo tiene espera, renuncia o carga sobre su familia una responsabilidad que debería compartir la sociedad. Incluso quienes pueden pagar atención sanitaria privada necesitan una red pública capaz de atender tratamientos complejos y responder ante emergencias.

Necesitamos ingresos suficientes y un reparto justo del esfuerzo, basado en empleo de calidad, mejores salarios, lucha contra el fraude y una fiscalidad en la que contribuya más quien mayor capacidad tiene. También las grandes fortunas se benefician de las infraestructuras, la seguridad jurídica, la investigación y la formación de quienes trabajan.

La próxima vez que Feijóo, Pérez Llorca o Abascal nos diga que baja impuestos, exijámosle la cuenta completa, con el ahorro que promete, el reparto de sus beneficios y los recursos con los que garantizará las pensiones, la sanidad, la educación, el acceso a la vivienda y nuestra seguridad.

Porque el patrimonio que sostiene nuestra vida no se limita a lo que poseemos individualmente. A nuestra vivienda, nuestros ahorros o nuestros ingresos se suma un patrimonio colectivo que también nos pertenece. Los hospitales, las escuelas, las viviendas públicas y las infraestructuras son bienes de toda la sociedad. Junto a ellos, los servicios públicos y los derechos sociales nos proporcionan una seguridad que la mayoría no podría pagarse por su cuenta.

Cuando se deteriora ese patrimonio común, cada persona pierde protección, oportunidades y capacidad para afrontar las dificultades. Nos venden una pequeña mejora en nuestro bolsillo mientras podemos estar perdiendo mucho más en la parte de bienestar y seguridad que compartimos. Para la inmensa mayoría, esa operación supone un empobrecimiento, aunque no aparezca reflejado en la cuenta bancaria.

Defender lo público es también defender lo que tenemos. Lo que hemos construido con el esfuerzo de toda la sociedad, lo que nos permite vivir mejor y lo que debemos cuidar y fortalecer para que nuestros hijos e hijas y las generaciones que vengan después lo reciban como una herencia compartida de derechos, oportunidades y seguridad.