La jueza de la dana investiga la reunión fallida convocada por la Generalitat para alertar del riesgo en la presa de Forata
La jueza de la dana investiga la reunión fallida convocada el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 234 fallecidos, por el Centro de Emergencias de la Generalitat con los alcaldes de las localidades potencialmente afectadas por la presa de Forata.
La magistrada, según se desprende de una providencia dictada este jueves, ha recibido de Emergencias un oficio sobre las grabaciones de llamadas a municipios situados aguas debajo de Forata, en relación con el desembalse de la infraestructura hidrológica y la convocatoria de la reunión telemática con los alcaldes de esas localidades.
Sin embargo, la instructora ha requerido al Centro de Emergencias de la Generalitat para que, en el plazo de tres días, “concreten la hora de cada llamada efectuada (atendida o no), así como el Ayuntamiento o Policía Local a quien se realizó la llamada”.
La reunión convocada en paralelo al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), celebrado en plena catástrofe, nunca se produjo, dejando así plantados a los alcaldes, tal como reveló este diario una semana después de la tragedia. Los testigos de Emergencias alegaron que hubo problemas técnicos.
Por otra lado, la jueza ha reiterado en un auto dictado este jueves que los alcaldes de los municipios afectados por la catástrofe, que no ostentaban la “posición de garante” ante la emergencia. La resolución tumba de nuevo las diligencias propuestas por una de las acusaciones particulares personadas en la causa relativas al Ayuntamiento de Algemesí, concretamente la declaración testifical del comisario jefe de la Policía Local del municipio de la comarca de la Ribera Alta.
Una mera “referencia genérica”
La magistrada descarta que la argumentación del informe policial aportado a la causa tras la declaración del alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, sea “imprecisa o incompleta”. “La referencia genérica a la letalidad de la inundación en el centro urbano de Algemesí resulta insuficiente al objeto de acordar la testifical”, afirma el auto.
La instructora recuerda que “la atribución de responsabilidad penal a los alcaldes en los fallecimientos investigados se ha efectuado en cuatro ocasiones”, en relación con los primeros ediles de Utiel, Catarroja, Algemesí y Aldaia. En el caso de los dos primeros “de manera formal” y en los dos últimos mediante la solicitud de práctica de diligencias de investigación alegando la posible imprudencia o negligencia en que habría incurrido el alcalde o la “autoridad municipal”.
La jueza considera que “no es adminisible” la apertura de “investigaciones prospectivas”, tal como ha avalado reiteradamente la Audiencia Provincial de Valencia, “desgajándose del marco normativo, de la posición de garante y de los fallecimientos concretos que se pretende investigar”. “Lo anterior”, apostilla, “es siempre un presupuesto ineludible en el caso de las acusaciones particulares”.
El auto coincide con la postura de un reciente escrito del fiscal de la causa, quien reprochó a ambos investigados —la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso— que no adoptaran medidas para “evitar” o “disminuir” los fallecimientos.
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