Antifraude emplaza al Gobierno de Llorca a “reforzar” la prevención de conflictos de interés en los contratos de emergencia

La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha culminado una de sus investigaciones sobre contratos de emergencias adjudicados por la Generalitat (sin relación con los licitados por la catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024). Antifraude emplaza al Ejecutivo autonómico de Juan Francisco Pérez Llorca a “reforzar los mecanismos de prevención y declaración de conflictos de interés en la contratación de emergencia”.

A consecuencia de la política de opacidad del actual director de la AVA, Eduardo Beut, los informes de las resoluciones finales de investigación se publican resumidos y anonimizando incluso la entidad pública investigada (aunque se puede deducir, por el objeto de la licitación, que se trata de contratos de emergencia adjudicados por la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana).

Antifraude también insta a la Generalitat a establecer un procedimiento interno para “identificar y documentar” posibles situaciones de conflicto de interés de las “personas que intervienen en la propuesta, en la selección del adjudicatario, dirección y control de la ejecución, determinando los supuestos en los que resulte procedente formalizar una declaración específica”.

También plantea como “criterio general” la consulta “a más de un operador” a la hora de adjudicar los contratos de emergencia (a dedo por naturaleza). Eso sí, siempre que “las circunstancias temporales y materiales de la emergencia lo permitan”, apostilla el informe.

Una medida para “reforzar la trazabilidad”

El hecho de tantear a más de una empresa durante el proceso de licitación de los contratos de emergencia supone una “medida adecuada para reforzar la trazabilidad de la selección y favorecer la eficacia y la concurrencia”.

Por el contrario, “cuando solo se consulte a un operador, deberán incorporarse al expediente las razones objetivas que justifican su elección y la imposibilidad o inconveniencia de efectuar consultas adicionales”, agrega Antifraude.

A pesar de que en los nueve expedientes analizados por la AVA se acredita la existencia de necesidades relacionadas con la seguridad ferroviaria, la continuación del servicio o la conservación de infraestructuras esenciales, no en todos resulta “homogéneo” el “grado de precisión, sistematización y suficiencia de la motivación”.

Antifraude detectó en algunos expedientes “limitaciones para comprobar la intensidad e inmediatez del riesgo y la necesidad de acudir específicamente a la tramitación de emergencia”.