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València pierde un 47% de la Marina: el Puerto cederá su gestión a una empresa con el beneplácito de la alcaldesa

La presidenta de la APV, Mar Chao (izquierda), junto a la alcaldesa de València, María José Catalá.

Carlos Navarro Castelló

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La Marina de València, concebida en su origen con la idea de que se integrara en la ciudad como un barrio más, dejará de estar en una parte importante bajo de las directrices del Ayuntamiento de València para pasar a depender de una empresa privada y de la Autoridad Portuaria de València (APV). Esto es lo que aprobó este martes el consejo de administración de la APV con el beneplácito de la alcaldesa de València del PP, María José Catalá, también consejera del organismo, tal y como avanzó elDiario.es.

En concreto, se dio el visto bueno al pliego de bases y pliego de condiciones para el otorgamiento de una concesión administrativa de ocupación con destino a instalaciones náutico-deportivas, en la zona norte del Puerto de València. En otras palabras, se aprobó el concurso público por el cual una empresa privada pasará a gestionar durante 35 años, prorrogables a 50, no solo los 950 amarres de embarcaciones de recreo de la Marina, sino también 235.000 metros cuadrados de superficie, lo que equivale casi a un 47% del conjunto del recinto náutico.

El concurso para la gestión de los 950 amarres viene motivado por una sentencia que obliga a que sea un tercero y no la propia administración el que preste el servicio. Hasta ahora, era el Consorcio Valencia 2007, órgano gestor de la Marina integrado por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20%), el encargado de gestionar los amarres de las embarcaciones deportivas, así como el resto de los terrenos, instalaciones y actividades, de manera que se garantizaba una gestión unitaria de todo el entorno, algo que se romperá con este concurso.

Tal y como adelantó este diario, el retraso de la APV de casi dos años para licitar este concurso implica que el Consorcio, en fase de liquidación, no se pueda extinguir hasta que se adjudique el contrato, puesto que es la entidad que en la actualidad gestiona los amarres y así lo seguirá haciendo en virtud de un nuevo permiso que también otorga este martes el consejo de la APV.

La redacción de los pliegos ha sido validada por Puertos del Estado y se han tenido en cuenta los criterios aportados por el Ayuntamiento de València. Las instalaciones náutico-deportivas, objeto del concurso se distribuyen en tres dársenas - la dársena interior, la dársena norte y la dársena sur. “Es un concurso público al que se pretende que opten gestores de marinas con experiencia y solvencia técnica, habida cuenta del alto valor del entorno donde se ubican las instalaciones”, dijo la presidenta de la APV, Mar Chao.

Según el pliego colgado en la página web de la APV, la empresa concesionaria abonará al organismo en concepto de tasas por la explotación de los espacios un total de 5 millones de euros y se autorizan los usos hosteleros y los locales comerciales, además de los náuticos y deportivos.

Además, se abre la puerta a la separación de los espacios públicos y los privatizados: “El concesionario procederá a delimitar la superficie concedida, no autorizándose el vallado perimetral generalizado de dicho ámbito, y en concreto de la ribera de la dársena interior. Habida cuenta la especial relevancia ciudadana del ámbito de la marina, el concesionario ha de ser especialmente cuidadoso y garantizar una adecuada integración puerto-ciudad”, dice el pliego.

La alcaldesa de València, María José Catalá, destacó que el pliego incluye una cláusula por la que se liberaría el espacio necesario si la ciudad albergara de nuevo la Copa América: “La buena relación entre la ciudad y el Puerto ya se está notando porque vamos de la mano para convertir la Marina en un enclave estratégico”, dijo.

El PSPV y Compromís lamentan que Catalá regale al Puerto la Marina

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV, criticaron este martes que la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), haya “regalado” la Marina a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) pensando en la “elitista” Copa América y no en un recinto para los valencianos. “Solo buscan un lugar para hacer negocio, es una estafa, burla y claudicación sin precedentes”, criticaron.

El edil de Compromís y exalcalde de València, Joan Ribó, lamentó que el consistorio plantee en la nueva etapa que lidera la alcaldesa María José Catalá la Marina como un espacio “para hacer negocio” y para “gente elitista” y no “un lugar donde los valencianos y las valencianas se reencuentren con el mar”.

Asimismo, censuró que “en lugar de pensar en deportes náuticos para la mayoría de la población se piensa en una elitista Copa de América” y que “en lugar de pensar en un centro de innovación se piensa en una posible privatización de los espacios”.

La portavoz del grupo municipal socialista, Sandra Gómez, consideró “insultante” que Catalá haya “regalado” a la APV la Marina de València, “el espacio más importante” de la ciudad con “el único compromiso de rescatar el modelo de la exalcaldesa Rita Barberá del siglo XX de la Copa América”. “Esta renuncia es una estafa, una burla y una claudicación sin precedentes”, reprochó.

Con esta decisión, lamentó que la ciudad “ha perdido cualquier capacidad de decisión de uno de los espacios con mayor proyección que tiene esta ciudad”. “Nos parece una burla y una broma que lo único que está intentando vender el PP como punto positivo es que hay una cláusula para que los faustos que tanto añoran el PP de la Copa América puedan volver a esta ciudad, pero no se haya incluido ninguna cláusula sobre eventos tecnológicos ni sobre eventos sociales o culturales”, criticó.

Gómez insistió en que València “ya no va a tener ningún tipo de capacidad de decisión de cómo se desarrolla la Marina o cómo podemos utilizar ese espacio y ese enclave estratégico de la ciudad para atraer empresas y oportunidades” ya que a partir de ahora lo va a gestionar “una empresa privada, una concesionaria que ha decidido la APV y que no tiene por qué compartir los valores o el modelo de ciudad que cualquier ayuntamiento debe legítimamente decidir”.

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