La jueza de la dana supera los 500 interrogatorios y esquiva los torpedos de la conspiranoia y de los imputados del PP

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha superado la barrera de las 500 declaraciones en la causa que instruye y en la que mantiene imputados a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. La magistrada ha interrogado a más de medio millar de personas, entre testigos y perjudicados (el término jurídico que designa a los familiares de las 230 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024). Tras las testificales del núcleo duro de Carlos Mazón, incluyendo a su jefe de gabinete y a la responsable de prensa, entre otros pesos pesados de su 'politburó', la jueza elevó a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) la exposición razonada en la que solicita la imputación del expresident, al ver indicios de una “absoluta” y “grosera” negligencia en la gestión de la emergencia por parte del exjefe del Consell por su “exclusión voluntaria” durante casi cinco horas en una comida y posterior sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro.

La magistrada, además de tomar declaración a los familiares de las víctimas para recabar el relato del fallecimiento de 230 personas, en algunos casos presenciado cara a cara, ha afrontado las embestidas de las defensas y —lo que llama aún más la atención— de algunas acusaciones personadas en la causa, especialmente del abogado y 'youtuber' conspiranoico Rubén Gisbert, quien defiende el bulo de que hay fallecidos de la dana ocultados por el recuento oficial.

La instructora, en un auto dictado este lunes en el que descarta la recusación y la nulidad de la causa planteadas por Gisbert, recuerda que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha avalado por unanimidad que la competencia en materia de protección civil “correspondió en todo momento a la Administración autonómica” y que la dirección de la emergencia recaía en Argüeso (en situación 0 y 1) y en Pradas (en situación 2).

“No hay más remedio que reiterar, ya que se olvida una y otra vez, por algunas acusaciones que pretenden dirigir el procedimiento frente a personas que no son parte del mismo, lo acordado por la Audiencia Provincial de Valencia”, afirma el auto en referencia a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, objetivos prioritarios de Gisbert y de algunas acusaciones tales como Vox o HazteOir.

Paradójicamente, el letrado conspiranoico no interrogó a Polo el pasado 19 de septiembre, al participar ese día en Nóvgorod (Rusia) en un evento elogiado por Vladimir Putin.

Por otro lado, tal como ha refrendado en infinidad de ocasiones a lo largo del procedimiento, la jueza remacha que el “mando único de la emergencia” y la dirección del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) correspondía a Salomé Pradas como directora del Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat.

Además, también recuerda que el president Mazón ejercía las funciones de dirección y coordinación del Consell, uno de los pilares de su exposición razonada para tratar de imputar al aforado por su “pasividad”.

El enfoque de la instructora, avalado reiteradamente por la instancia superior (la Audiencia Provincial de Valencia), ha chocado con las pretensiones de algunas acusaciones, especialmente con la que ejerce el conspiranoico Rubén Gisbert, que ha tildado en YouTube a la jueza de “delincuente” y “corrupta”. El abogado también llamó “hija de la gran puta” a una de las principales testigos del procedimiento.

Gisbert se querelló contra la jueza y su marido, el también magistrado Jorge Martínez Ribera, coincidiendo con la comparecencia del 'youtuber' en la comisión de investigación de la dana en las Corts Valencianes, en la que fue exhibido el vídeo del barro que le costó su despido como colaborador del programa de Iker Jiménez. Al portavoz socialista que le recriminó el vídeo, lo llamó posteriormente “pedazo de subnormal” y “gilipollas”.

Un audio de una declaración reservada

La querella también coincidió con la publicación en Okdiario de un audio en el que se escucharía al marido de la jueza en la declaración de hace más de un año (al inicio de la instrucción) de dos familiares de víctimas representados por Rubén Gisbert.

Se trata de una declaración reservada que ni siquiera se graba por parte del juzgado. Gisbert no dice quién grabó y simplemente aduce que él fue “partícipe en esos audios”.

En la querella que presentó ante el TSJ-CV (con desmanes tales como pedir una “evaluación psiquiátrica” de la magistrada), el abogado afirma que las grabaciones “debieron ser tomadas durante la declaración” y que pidió al medio el audio en su “integridad” cuando Okdiario se puso en contacto con él para que validara la “veracidad de los documentos auditivos”.

La jueza, tras reprochar al abogado y 'youtuber' conspiranoico su “voluntad de dinamitar el procedimiento”, ha denegado la recusación, recordando que Gisbert no concreta la indefensión y el perjuicio “que ha sufrido en declaraciones en las cuales el Letrado estuvo presente, según él mismo manifiesta”. “No consta protesta verbal, ni en el acta ni en un escrito posterior”, apostilla la instructora.

La ofensiva del abogado 'youtuber' contra la jueza se suma a las reiteradas quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) formuladas por las defensas de los investigados. Un expediente atascado desde hace nueve meses en la comisión disciplinaria del CGPJ.