Los promotores piden a la Generalitat un aumento del 7% en el precio de las VPO, que ya subió 200 euros por metro cuadrado en 2025

El Gobierno valenciano, entonces con Carlos Mazón a la cabeza, aprobó a finales del año 2024 el decreto de régimen jurídico de las viviendas de protección pública (VPP) de la Comunitat Valenciana, que ya fijó en 2.400 euros el valor de referencia del metro cuadrado de esta tipología, 200 euros más de lo que venía fijado por el Gobierno del Botánico. Es decir, 18.000 euros más por una vivienda protegida de 90 metros cuadrados, que ahora asciende a 216.000 euros. Todo ello tras anunciar el Plan Vive por el que el Consell del PP se comprometió a promover 10.000 protegidas, la mayoría de ellas de iniciativa privada. Un plan cuya viabilidad depende, por lo tanto, de que a los promotores les resulte rentable entrar en el mercado de las VPO.

Este es uno de los motivos por los que la Generalitat estudia una subida de precios en los próximos meses, al menos en las zonas más tensionadas. Y es que, el mencionado decreto introdujo el llamado módulo dinámico que permite adaptarlo por municipios, tanto al alza como a la baja, si se dan situaciones que así lo justifiquen.

Precisamente en diciembre del pasado año la Conselleria de Vivienda que dirige la vicepresidenta Susana Camarero publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) el inicio de la consulta pública previa para la elaboración de la orden que determine los valores estándar y ajustado que componen el nuevo módulo dinámico para la fijación de precio máximo de venta de las viviendas de protección pública (VPP) en la Comunitat Valenciana para este ejercicio, partiendo de los mencionados 2.400 euros.

Con esta propuesta se pretende regular el procedimiento para calcular el precio máximo de las VPP, teniendo en cuenta un módulo dinámico que incluye criterios objetivos como el municipio, la renta media de la población, la evolución demográfica o el precio medio de compraventa de viviendas tipo. Así, según explicó el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez, “la elaboración de este estudio permitirá conocer la situación de cada municipio para aplicar el precio de venta estándar o ajustada a cada uno de ellos”.

Al respecto, a preguntas de elDiario.es, desde la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana (Feprova) han afirmado que vienen trasladando a la Generalitat Valenciana “la necesidad de actualizar los módulos de VPP; no se trata de encarecer la vivienda protegida, sino de evitar que directamente no se construya”.

Así, defienden que “el módulo debió actualizarse ya en enero de 2026 para recoger el incremento de costes producido durante 2025” y han lamentado que “no hacerlo fue un error, porque la VPP trabaja con márgenes muy ajustados y no puede promoverse a pérdidas”.

A ese desfase, han explicado que hay que añadir “el nuevo incremento de costes derivado del contexto internacional y del conflicto en Oriente Medio, con subidas importantes en energía, transporte y materiales”, motivo por el que defienden “una revisión superior al 7%, aunque entendemos que ese porcentaje puede ser un primer paso”. De aprobarse ese incremento, una vivienda de 90 metros pasaría a costar 231.000 euros, 15.000 euros más que en la actualidad.

El objetivo, han comentado, “debe ser que haya vivienda protegida viable2 puesto que ”entre hacer VPP algo más cara o no hacer VPP, la peor opción social es no hacerla“ y han añadido: ”Para el comprador el impacto práctico será limitado; hablamos de viviendas que se entregarán previsiblemente dentro de dos o tres años, con una evolución también de rentas y financiación. Y si finalmente se facilitan fórmulas de financiación al 100%, la diferencia puede traducirse en unos pocos euros más al mes frente a la alternativa real de no tener acceso a una vivienda protegida“.

Respecto a ciudades concretas en las que debería de aplicarse este incremento desde su punto de vista, “la necesidad es especialmente intensa en las grandes ciudades, sus áreas metropolitanas y buena parte del litoral, donde coinciden mayor presión de demanda, escasez de suelo disponible, costes altos y dificultad de acceso para rentas medias”.

Sobre compromisos concretos del Consell con respecto a estas demandas, han afirmado que “la Generalitat conoce perfectamente el problema y confiamos en que adopte una decisión técnica cuanto antes, porque de ella depende que muchas promociones de VPP puedan salir adelante”.

Por su parte, a preguntas de esta redacción, fuentes de la Conselleria de Vivienda no han desvelado sus intenciones sobre esta petición y se han limitado a comentar que “en 2023 el anterior ejecutivo del Botánico subió el precio del móduclo de 1.800 a 2.200 euros y en 2024 se subió a 2400, pero ahora no se ha avanzado nada más sobre eso”.